Entre la segunda vuelta del 19 de noviembre y la asunción presidencial del 10 de diciembre Javier Milei limitó la influencia de Mauricio Macri, pero no le ha perdido estima ni cercanía. No accedió a diseñar el Gabinete con el fundador del PRO, ni aceptó el intento de cogobierno, pero en sus primeras dos semanas ha dejado claro que no quiere repetir el arranque que tuvo la gestión de Cambiemos en diciembre de 2015. En eso, el heredero más famoso de Franco está totalmente de acuerdo. La prueba está en el DNU 70/23 que firmó este 20 de diciembre. En sus 366 artículos el flamante presidente busca corregir el error que le adjudica a Macri y que el magnate todavía lamenta haber cometido. Sólo demoró diez días en aplicar el primer shock. Así clausuró ocho años de debate entre el empresariado y el arco político de derecha sobre la eficacia de aplicar un ajuste profundo de la economía argentina en forma gradual. En 72 horas Milei firmó un decreto con un alcance inédito, que entró en colisión con los demás poderes. Después convocó a sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 31 de enero, donde espera abrir un debate para reformar el Estado y reducir los salarios de funcionarios, legisladores y magistrados.

Por un error técnico el decreto entrará en vigencia la semana que viene, pero apenas fue publicado en el Boletín Oficial comenzó a acumular obstáculos que podrían poner en riesgo su aplicación. Dentro del oficialismo admiten los nubarrones que se precipitan en el horizonte inmediato y reconocen que podrían configurar una dura derrota jurídica y legislativa para  el decreto «Bases para la Reconstrucción de la Argentina», título inspirado en Juan Bautista Alberdi.

Luego de los cacerolazos de repudio que se registraron esta semana, y la feroz represión policial en Córdoba, el próximo examen en la calle será el próximo miércoles. La CGT movilizará a Tribunales para respaldar la presentación de un amparo contra el decreto. La Justicia ya admitió este sábado la primera acción judicial, impulsada por la CTA y la Asociación de Trabajadores del Estado. Sus abogados le solicitaron al juez Esteban Furnari, a cargo del segundo juzgado Contencioso Administrativo Federal, que analice de inmediato el amparo. En el escrito le solicitaron que declare «inconstitucional» y de «nulidad absoluta» al decreto. Furnari admitió la presentación y podría expedirse en enero, aunque resta saber la profundidad y el alcance del planteo que formalizará la CGT esta semana.

En la Casa Rosada, ante las consultas de Tiempo, reconocieron que temen más problemas en la Justicia que en el Congreso. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tiene diez días para presentar el decreto ante el Poder Legislativo. Cuando lo haga comenzará a ser tratado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, integrada por ocho senadores y ocho diputados y tiene diez días para expedirse.

 

 

Dentro del oficialismo apuestan a estirar los tiempos y a que el tema sea abordado en marzo, cuando haya corrido bastante agua bajo el puente. Todavía resta que se definan los integrantes de la bicameral. El bloque de Unión por la Patria ya denunció que le «robaron» una de las bancas correspondientes al Senado por la forma en que definieron la proporcionalidad, a partir de la mayoría circunstancial donde LLA se unió al PRO, la UCR y partidos provinciales para conseguir el cuorum, elegir autoridades y empujar el cálculo para la bicameral. En Diputados, donde el panperonismo pudo hacer valer la primera minoría, se espera una distribución sin encontronazos.

La composición final es cuestión de días. Cuando se active el tratamiento del DNU llegará el momento del dictamen, que podría avalar o rechazar el texto. Luego podría pasar al recinto de Diputados y seguir su recorrido en el Senado. De acuerdo a la Ley 26.122, impulsada por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en 2006, un DNU cae cuando lo rechazan las dos cámaras del Congreso. Si eso no sucede, sigue en pie. Antes de ese cambio, alcanzaba con el rechazo del Senado o de Diputados, pero hasta ahora nunca se registró una invalidación de este tipo. Sin embargo es la primera vez desde la recuperación democrática que un DNU aborda tantas reformas en un sólo texto y se arroga tantas facultades del legislativo. Por eso mismo entre los aliados del nuevo oficialismo, como el PRO, y también en la oposición, opinan que hay amplias posibilidades de que exista un primer rechazo histórico contra un DNU.

Lo único que podría retrasar un revés legislativo, tal como anticipó este diario, son los tiempos reglamentarios y lo que haga la UCR. El debate del decreto no está dentro del temario que dispuso Milei en la convocatoria a extraordinarias. La ausencia dispara interpretaciones y divide la biblioteca de antecedentes. En UxP consideran que la decisión de no incluirlo es una trampa para ganar tiempo, pero advierten que su alcance es muy limitado.

La bicameral tiene funcionamiento permanente y apenas haya sido constituída podrá dictaminar en extraordinarias o durante el período ordinario que comienza el 1 de marzo. En LLA y en la UCR opinan que recién podría ser tratado a partir de esa fecha, tres meses después de su aplicación. Pero los más experimentados referentes de la oposición sostienen que la Constitución no dice eso. Sostienen que el inciso 3 del artículo 99 define que la bicameral «elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras». El tratamiento inmediato que establece la Carta Magna abre otro riesgo para el DNU porque el panperonismo trabaja activamente para que la bicameral dictamine velozmente en contra y que Diputados sesione en enero, aunque este punto no aparezca en el temario de extraordinarias. Para llegar a ese punto de inflexión el bloque de UxP, conducido por Germán Martínez, necesita sumar los votos de aliados potenciales de Milei que han comenzado a poner en duda su respaldo para forzarlo a dar marcha atrás con el decreto.

La llave la tiene la UCR. Su presidente, el senador Martín Lousteau, planteó sus coincidencias con la mayoría de las reformas estructurales que impulsa, pero no coincide con el métdo para aplicarlas. En su lugar le propuso que lo separe en partes y que las envíe en forma de proyectos de ley para que funcionen como un «espejo». Milei ya les hizo saber que no está de acuerdo y puso en marcha otra relojería para el radicalismo. Ahora se sumó otro senador radical y redobló la advertencia. Maximiliano Abad, que preside el comité bonaerense de la UCR, reiteró que su partido es el único que «ha dicho con claridad y contundencia que esta dispuesta a colaborar» pero «al mismo tiempo es la única fuerza política que ha propuesto por lo menos tres alternativas de procedimiento  al DNU para evitar que las reformas naufraguen en la Justicia o el Congreso por defectos de forma».

El mensaje fue claro: si Milei no cede el decreto podría hundirse en las aguas tormentosas del Congreso, aunque la diferencia de los tiempos parlamentarios sigue en estado latente, como un punto de fuga. El peronismo busca que la controversia se defina en enero rápidamente, pero el radicalismo planteará que la bicameral trabaje despacio, que quede en evidencia a quiénes beneficia y a quiénes perjudica. La UCR piensa en una bicameral que se transforme en un show de debate y que los tiempos se estiren hasta marzo, cuando los impactos del decreto se perciban en la economía, en la Justicia y en la calle. «Quizás para entonces Milei comprenda su debilidad y acepte una negociación, pero ahora vemos que no se deja ayudar», retrataron con cautela dentro del bloque que ahora conduce Rodrigo De Loredo.

El diputado cordobés, al igual que Milei, goza de una excelente relación con Macri, pero ahora tiene que liderar un bloque unificado que podría volver a romperse. «Si Milei no se deja ayudar y avanza con el decreto tal como está, es posible que haya una nueva ruptura de la UCR y del PRO porque un sector lo respaldaría y otro lo rechazaría», analizó otro integrante del bloque boiniblanco que, por ahora, suscribe la idea de «oposición responsable, pero colaborativa». En pocas palabras, las 34 bancas de la UCR, o una amplia mayoría del bloque, podría ser letal para el DNU a partir de marzo, salvo un cambio de estrategia que los lleve a acelerar el rechazo y se plieguen a la estrategia del panperonismo que busca que sea en enero y combinar sus 101 bancas con las seis de la Coalición Cívica, las nueve de Cambio Federal y las 34 del radicalismo. En la línea de tiempo que dibuja la UCR tambien están las esperanzas del Gobierno porque sus funcionarios siguen apostando a que el debate sobre el DNU se diluya y quede firme.

Los problemas para el decreto también son reconocidos en LLA y en el PRO. «Eso está muerto. No va a prosperar porque tiene fallas técnicas y jurídicas. Parece que Milei está tensando la cuerda con el Congreso. Como es un poquito loco quizás esté buscando romper con el Congreso, echar culpas y decir que la casta no quiere cambiar las cosas», evaluó un integrante de la bancada amarilla que conduce Cristian Ritondo, uno de los dirigentes que está dispuesto a apoyar y avalar el DNU. En el macrismo interpretan que el decreto es para cambiar la microeconomía y que eso no podrá concretarlo hasta 2025, pero que mientras tanto «va ganando la batalla estratégica para reformar la macroeconomía».

El escepticismo del PRO no deja de sorprender en el Congreso y también impacta fuerte en las bancadas que tiene LLA en las dos cámaras. Sin embargo, la mayor sorpresa es para los diputados del oficialismo. Esperaban conocer los detalles del decreto, pero la mayoría se enteró por los medios, sin una sóla reunión ni mensaje de la Casa Rosada para defender las medidas. La bancada del oficialismo en Diputados está en estado asambleario y saben que, aún con el respaldo del PRO, no superarían los 80 votos, cuando necesitan un piso de 129 para sesionar.

Un legislador de LLA se animó a retratar el microclima que respiran, bien lejos de la euforia que celebran en la Rosada. «Esto no fue pensado desde el Congreso y habrá que bancarse la estrategia que eligió el presidente, aunque sin dudas esto lima su poder y el nuestro», evaluó la fuente y recurrió al humor para retratar la tensión que los atraviesa. «Nosotros pensábamos que nos mandaban un auto averiado que había que defender para venderlo, pero nos mandaron un camión cisterna con tres acoplados, un alto contenido inflamable y encima lo tenemos que estacionar sin espejo y con una tormenta feroz», resumió.

El estado asambleario no sólo se vive en la bancada de los que llegaron debajo de la boleta de Milei sino también en las reiteradas reuniones que el viernes mantuvieron hasta tarde la titular del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. Dejaron de hablarse por teléfono y comenzaron a verse para coordinar ante lo que viene. En los encuentros también hubo invitados con larga experiencia parlamentaria, como la diputada del PRO, Silvia Lospenatto, que les habría reflejado un panorama legislativo sombrío.