El derecho al techo

El asunto de la toma de tierras es un conflicto que afecta a todas las naciones donde impera una injusta distribución de la riqueza.
El célebre Movimiento de los Sin tierra del Brasil, la pelea por las parcelas andinas en Perú que relata Manuel Scorza, las masacres campesinas de los cafetaleros en Guatemala, la antigua y siempre vigente consigna zapatista de la revolución mexicana Tierra y Libertad, son ejemplos de la disputa por la tierra que ocurre en toda nuestra América.

Nadie puede no saber de las diarias denuncias de los mapuches en nuestra Patagonia.

Y sin ir tan lejos de aquí, de la ciudad de La Plata: son derechos sagrados para nuestra iglesia católica el Trabajo, y también la Tierra para los campesinos y el Techo para la familia y los hijos. Sí: derechos. Eso sí, son derechos los que se conquistan, los que se ejercen, los que se materializan. No los que cuentan y discursean los demagogos, los políticos mentirosos.

Los argentinos no podemos hacernos los distraídos: en la Capital y en el Gran Buenos Aires, siempre, desde los años 1930 por lo menos, han existido y existen poblaciones desamparadas que salen a recuperar un pedazo de tierra urbana donde vivir y donde morir. ¿Porqué? Porque son trabajadores que necesitan un rincón, por precario que sea, donde descansar y procrear, donde educar y criar a sus hijos. A partir de esas decisiones audaces y de sacrificios sin límites, se han formado lo que hoy son barriadas prósperas y felices.

Menos aún tenemos derecho a ignorar que existe una doble vara en la calificación de la tomas de tierra por familias necesitadas: el principio de la defensa del derecho a la propiedad que se invoca será relativo, por lo menos hasta que no se expulse al magnate norteamericano Joe Lewis de Lago Escondido. Y eso por mentar sólo un caso, paradigmático, no de unos tristes lotes, sino de miles de hectáreas de montañas y lagos que son tan patrimonio privado como los suburbios de Guernica.

No tendrá legitimidad, menos aún en un gobierno peronista, aunque sea legal, la persecución de las familias de humildes trabajadores que ocupan tierras urbanas o semiurbanas deshabitadas y abandonadas.

El Estado debe ampararlos. Son prenda de las empresas inmobiliarias loteadoras que lucran con una necesidad protegida por el art. 14 bis de la Constitución Nacional: la vivienda digna.

Las tomas de tierras generaron un fuerte debate, incluso dentro del oficialismo.

Para Sergio Berni los que ocupen tierras deberán ir presos. Para la ministra Frederic, la toma de tierras «no es un tema de Seguridad».
El gobernador Axel Kicillof admitió que existen «muchas dificultades para avanzar en las soluciones» a las tomas de tierras. PERO «Tiene que haber una respuesta del Estado», admitió.

«Es innegable que hay una necesidad», dijo el gobernador, que consideró que «puede ocurrir» que haya intereses políticos detrás de la toma de tierras”.

«Que hay necesidad es innegable -dijo-. Queremos reconocer ese derecho desde el Estado. Queremos ver cada caso particular. Es difícil implementar grandes programas en medio de una pandemia. No prejuzgo. Hay que darle una solución.»

«Sabemos que la provincia tiene un enorme déficit habitacional pero esto no se resuelve con intrusiones ilegales», agregó el mandatario provincial, para advertir que los planes habitacionales fueron abandonados los últimos cuatro años.

“No hay una bajada política clara», dijo el primo Jorge Macri, militante del PRO y alcalde de Vicente López.

La vía que ellos proponen es la del neoliberalismo de Cambiemos. De menor a mayor, sus propuestas expresan la defensa de la justicia pero no el cese de las injusticias.

El diputado Alex Campbell, ex secretario de Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal, planteó que «no podrán acceder a los programas de asistencias sociales provinciales las personas u organizaciones sociales que participen o fomenten usurpaciones de terrenos y propiedades». El legislador recordó que a los usurpadores les pueden corresponden de hasta tres años de prisión.

Pero la oposición macrista no pierde el tiempo en declaraciones y va a los hechos: propone agilizar los desalojos mediante una modificación del Código Procesal Penal.

En la legislatura provincial Juntos por el Cambio propone que no sea necesaria una orden judicial para avanzar con la recuperación de bienes ocupados y que el proceso no pueda ser suspendido por el uso de algún recurso jurídico.

La iniciativa pretende que un fiscal pueda ordenar «provisionalmente la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble al damnificado, cuando el derecho invocado por el peticionante fuera verosímil», incluso antes de que exista una notificación o declaración judicial.

«para la procedencia de dicha restitución no será necesario haber notificado previamente a todos los ocupantes del inmueble. (…) La resolución que disponga la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble será apelable en el plazo de cinco días, sin efecto suspensivo», especifica el proyecto.

La iniciativa fue presentada por los senadores de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, Andrés De Leo y Walter Lanaro.

Según fundamentaron los legisladores, el proyecto agilizaría la devolución de los bienes a las personas damnificadas y haría «cesar lo antes posible los efectos del delito».

Se puede entender la preocupación por preservar las normas legales, los derechos individuales, la propia Constitución; pero la necesidad de algunas familias de alcanzar acceso a una vivienda, es un problema estructural de la Argentina en general, de la PBA en particular y del conurbano específicamente, al cual hay que darle una solución estructural, tal como lo afirmó Alberto Fernández. Es central evitar la violencia de los desalojos compulsivos, que nunca terminan bien, y no deberían ser los métodos adecuados al programa político del Frente de Todos.

Mientras, apelemos a la memoria peronista. En las décadas del 60 y los 70 desde la Juventud Peronista impulsábamos, organizábamos y participábamos de las tomas de tierra urbana y campesina, porque militábamos junto a la gente la lucha por sus derechos.

En 1973, con la renuncia del Dr. Bidegain a la gobernación de la Provincia, se cayó un proyecto de la subsecretaría de Asuntos Municipales que castigaba con impuestos progresivos la especulación con tierras urbanas y semiurbanas improductivas, para evitar su valorización venal y ponerlas a disposición de un mercado al que pudieran acceder sectores sociales marginados del derecho a la vivienda.

En 1973 hubo políticas de legalización de los asentamientos. El Escribano General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires no esperaba a los vecinos; concurría personalmente a los barrios. Iba con los libros para protocolizar los títulos de las tierras tomadas. Algunas cátedras universitarias llevaban las clases a esos barrios en apoyo de sus habitantes, desde futuros arquitectos que brindaban ideas de orden urbano hasta abogados, escribanos y agrimensores que ayudaban a resolver los problemas que implican la edificación de barrios enteros.

En esos lotes se puso en evidencia la proverbial industriosidad de los trabajadores argentinos, que con su esfuerzo resolvieron todos los obstáculos que implica la autoconstrucción. Un auxiliar fundamental fue la MINGA, un modelo de trabajo colectivo propio de las comunidades quichuas y aymaráes donde se intercambiaban entre los vecinos el ejercicio de los oficios: plomeros, gasistas, electricistas, techistas, hasta un albañil y un maestro mayor de obras canjeaban entre vecinos jornadas de trabajo, generalmente de fines de semana. En una economía de pleno empleo el Estado no sólo brindaba apoyo legal. El Banco Hipotecario Nacional invertía en créditos blandos a largo plazo, las empresas públicas de servicios brindaban electricidad, gas y agua con tarifas sociales a veces subsidiadas. Al mismo tiempo se llevaban a cabo censos de población, necesidades y posibilidades, se resolvían cuestiones de seguridad ambiental y policial, se iniciaban tratamientos de prevención de salud, primeros pasos escolares, capacitación laboral y formación política. Y más.

Esos asentamientos fueron luego barrios donde hoy una propiedad vale cien mil dólares.

En enero de 1988, a solo un mes de llegar al gobierno Antonio Cafiero, hubo ocupaciones grandes de tierras. Entonces se creó PROTIERRA, como alternativa legal a la ocupación de tierras: un programa de lotes con servicios que se vendían preferencialmente a los necesitados de vivienda. Hoy se podría convocar y sumar a las organizaciones sociales y políticas territoriales a un programa de esas características.

Con el sólo anuncio en un discurso del Gobernador y acciones muy rápidas, en aquella ocasión se pararon las ocupaciones y se ganó el agradecimiento de sectores importantes de la población en toda la provincia. En estos casos ni se pensó en acudir a penalidades judiciales, ni a la policía, a los desalojos o la represión, porque imperaba una concepción peronista de la justicia.

El derecho a la propiedad era eso, un derecho, garantizado por el Estado con todos los recursos existentes, y no un privilegio.

Desde esa perspectiva es claro lo que hoy se debe hacer: En vez de reprimir y sacar a la gente con la policía, dialogar con los vecinos y propietarios para lograr un loteo social donde el Estado esté presente

Como decía el general Perón: «dentro de la ley todo, fuera de la ley nada».

“La ley es tela de araña, y en mi inorancia lo explico,
no la tema el hombre rico, no la tema el que manda,
pues la rompe el bicho grande y sólo enreda a los chicos”.

¿DE QUÉ LADO DE LA LEY ESTAMOS

No es correcto abusar de los apotegmas peronistas sacándolos de contexto.

Odio las tomas

 

POR JUAN GRABOIS ***

Todo el sistema político, incluidos varios dirigentes del espacio político al que todavía pertenezco, se han apresurado a decir que las ocupaciones de tierra son delito. Algunos incluso han sostenido su posición con afirmaciones que atentan contra la dignidad de familias pobres, desesperadas, que buscan un pedacito de tierra para dejar de padecer el hacinamiento, porque no pueden pagar más el alquiler de la piecita o porque directamente están en la calle. Otros, sin llegar a tales extremos, buscan cubrirse de los huevazos mediáticos poniendo adelante el cuerpo de algún “ocupa”. Se lavan las manos.

Puedo tolerar a los que siempre tuvieron la misma posición; me indigna hasta las tripas ver hombres y mujeres comprometidos con la justicia social ceder tan fácil en una cuestión ética crucial del pensamiento humanista y popular: nunca se debe responsabilizar a los excluidos de sus propios padecimientos. Nunca se debe criminalizar una demanda social. El peronismo enseñó que donde hay una necesidad, nace un derecho… no un delito.

Nuestra posición es clara y la decimos a cara descubierta: toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables. Llamarlos delincuentes es una bajeza moral y una claudicación ideológica.

La acción de estas familias no es delito sino denuncia. Es el grito de los excluidos. Es una acusación contra los verdaderos responsables de su situación, contra un sistema de exclusión y descarte.

¿Quiénes son los responsables? Varios.

Algunos bien reputados miembros de la sociedad. Los desmontadores de bosque nativo por ejemplo. ¿Dónde piensan que van las familias que pierden su hábitat natural en la zona rural? A las villas de las ciudades. La patria sojera es uno de los grandes responsables del crecimiento de las ocupaciones desde mediados de los noventa. Hay otros muchos del sector privado: desarrolladores inmobiliarios que no respetan los humedales, especuladores que compran tierra para revenderla impidiendo la ampliación del parque habitacional y una larga lista de etcéteras.

Especialmente responsables son los gobernantes y funcionarios, nacionales, provinciales y municipales, de todos los signos políticos, que tienen en sus manos la posibilidad de brindar una alternativa digna a las tomas, no solo para evitarlas, sino porque es justo y necesario ¿Qué hicieron? Nada o muy poco. Siempre hay una excusa, algún argumento burocrático o una descarada indiferencia. No voy a nombrar a nadie pero ¿no deberían estos funcionarios condenar sus propias falencias e incumplimiento antes de reprender la conducta de las familias necesitadas?

La tarea que tienen por delante no es tan difícil. No es una central termonuclear. No es un satélite interestelar. Son cloacas. Son cables. Son caños. Son veredas. Es voluntad y empatía.

Urbanizar los barrios es una deuda moral, pero también una deuda legal. Existe una ley que lo exige. ¿Incumplirla no es delito? La ley de barrios populares fue impulsada por los movimientos sociales, negociada con el gobierno macrista, firmada por los líderes de Cambiemos, sancionada por unanimidad en ambas cámaras. Este año, Máximo Kirchner impulso que una parte del impuesto PAIS y del futuro impuesto a las grandes fortunas se aplique para financiar esta Ley.

Hay ley, hay fondos ¿Qué se ha ejecutado hasta ahora? Casi nada. ¿No debería la política reflexionar sobre su propia inoperancia antes de levantar el dedo acusador frente a la reacción de los desesperados?

Los 4400 barrios populares que hoy existen no salieron de un repollo. Fueron también ocupaciones; ocupaciones que se fueron consolidando y se transformaron en barrios. Ocupaciones que se produjeron con un promedio de 130 por año, unas diez por mes, durante todos los gobiernos desde que se tiene registro. La ocupación de tierras para vivir no es un fenómeno nuevo. Sin planificación ni acceso a la vivienda, es un fenómeno inevitable. Cuando la familia se agranda y el espacio se acaba, la gente en algún lugar se mete. No es ideología, es física.

¿Cómo puede ser que este país no le pueda dar un lote a cada familia? Insisto. Ni siquiera una casa. Eso ya sería Dinamarca. Pero sí un cachito de tierra para que los propios vecinos puedan edificar. Sí… que lo paguen, para que nadie se indigne con esa indignación que se enciende tan fácil frente al bien ajeno. La tierra debería estar gratuitamente al alcance de todo el que la necesite. Es un bien de la naturaleza, no debería ser una mercancía. Nadie debería pagar para tener un lugar donde dormir. Pero el mundo es como es, ¿no? Bueno, aún en este mundo horrible, aún en este sistema injusto, se puede resolver este problema.

Conozco miles de hombres y mujeres que viven en la peor pobreza: todos están dispuestos a pagar hasta el mango que no tienen para tener un terreno legalmente y construir ladrillo a ladrillo su proyecto de vida. Hay tierra, hay tierra fiscal, hay tierra que el estado puede comprar a bajísimo costo, hay gente dispuesta a trabajar para urbanizarla, hay demanda. La base está. Sin embargo, el estado y el mercado les niegan esa posibilidad a millones ¿Qué espera la política? ¿Qué espera el resto de la sociedad? Que se queden como sardinas en un getho contaminado, abandonado y cada vez más superpoblado viendo cómo crecen pastizales o se crean basurales en la tierra que ellos podrían usar para vivir.

La lógica más elemental indica que si el Estado no garantiza un terreno para cada familia las tomas seguirán produciéndose. Es un hecho. Va a suceder.

Pero analicemos un poco las valoraciones morales y las legales que tan en boga estuvieron estos días.

Yendo a las valoraciones morales. Cuando Marcelo y Rosa (cartoneros) y dos hijitos ya no pudieron seguir cohabitando con 8 adultos y 12 niños más en una casilla de dos habitaciones en la Cava de Villa Fiorito se metieron en un terreno abandonado, un pastizal. Lo limpiaron y pusieron unas maderas. Empezaron a vivir ahí. Yo los comprendo, los justifico, los acompaño y los defiendo. Yo y toda nuestra militancia. ¿Se entiende? Los comprendemos, justificamos, acompañamos y defendemos. Nunca les vamos a dar la espalda. Personalmente, considero que Marcelo y Rosa hicieron un acto moralmente válido. Considero que quien pretende echarlos, sin darles una alternativa mejor, comete un acto moralmente inválido. Siempre voy a estar del mismo lado.

Yendo a las valoraciones legales. Ocupar no es usurpar. Le guste o no a nuestros políticos y opinólogos, existe algo llamado derecho penal. Los delitos están tipificados. Usurpar es ingresar en un inmueble con clandestinidad, violencia o abuso de confianza. Su hay un pastizal abandonado, sin alambrar, y la gente entra, les guste o no señores, no hay delito. Ningún delito. El que dice que ocupar es delito miente. Hay en todo caso un problema de derecho civil. Que algún abogado serio me refute. Pero en la Argentina cada uno usa la ley como le conviene a su sector. La república se respeta cuando le conviene a su sector. La constitución se recuerda cuando le conviene a su sector… Porque si mal no recuerdo, el derecho a la vivienda es de raigambre constitucional.

“¡Ahh pero entonces ud promueve las tomas!”, dirá algún malnacido. En la Argentina de la posverdad y el lawfare volvió el delito de opinión hace tiempo. Dos diputados cambiemitas, muy costosos para el estado por cierto, gastaron su valioso tiempo denunciándome por tener una opinión sobre este tema. Quisiera contestarles.

No señor, no señora, yo no instigo tomas, no las fogoneo, no las organizo, no las promuevo. Si lo hiciera, lo haría a cara descubierta. Le digo más, señor, señora, yo odio las tomas. En las tomas la gente pasa frio, hambre, sufre lo indecible. Es víctima de todo tipo de situaciones espantosas, se expone a la represión. Los vecinos del barrio de enfrente muchas veces los repudian y a veces se producen enfrentamientos entre pobres. Si la ocupación se consolida, ese barrio se sumará a los 4400 ya existentes, sin trama regular, sin manzanas, sin calles, sin agua, sin luz, sin cloacas.

Odio las tomas. Quisiera con todo mi corazón, igual que todos mis compañeros, que en vez de tomas hubiera acceso a la vivienda para todos. La cuestión es que no lo hay. Y odio esa exclusión más que las tomas, odio más el sufrimiento indecible de quien no tiene un techo o no puede seguir cohabitando en semejantes condiciones de hacinamiento. Por eso comprendo, los justifico, acompaño y defiendo a cualquier familia que se vea empujada a ocupar un pedazo de tierra.

Quiero referirme a otro argumento muy conveniente para demonizar las tomas y evitar el debate de fondo: las tomas están todas armadas por mafias. Es cierto es que en las tomas muchas veces intervienen transas, punteros y sobre todo policías y comisarios. También es cierto que algunos avivados se agarran dos terrenos y los revenden. Todo eso es cierto. Pero ninguno de estos actores sociales genera la ocupación. La ocupación se produce por necesidad, por desesperación, por una deuda insatisfecha que ninguna Nación que se digne de tal puede permitir. Y al final, los que quedan ahí son los pobres.

A mis compañeros del Fdt: nosotros no luchamos contra el macrismo para escuchar los mismos argumentos de antes, más o menos edulcorados. Tampoco para escuchar bonitas palabras pero ver nulas acciones. Nosotros luchamos para que el gobierno popular avance en políticas de tierra, techo y trabajo para los pobres de este país, la mitad de los argentinos. Queremos un plan claro sobre cómo se va a abordar la emergencia habitacional y laboral. Los funcionarios tienen que actuar ya; las obras no pueden seguir demorando. Las internillas no pueden seguir estando por delante de la gente. Y sobre todo, no puede ganarnos la ideología del descarte y la crueldad.

Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados.

Nosotros, siempre del mismo lado.

*) Era uno de los temas de uno de los dos discos que escuchaba como mantras una en un grabador Geloso en la pensión de Doña Carmen de la calle Màxico casi Piedras, barrio de Montserrat, en aquella época en que Héctor Cámpora ganó las elecciones, asumió la Presidencia y preparamos y participamos (secuestramos dos ómnibus Leyland de la desaparecida línea 21 y tres colectivos de la 12, y además de dos camiones, contamos con siete pickups Dodge y una Rastrojero de la Secretaria de Agricultur) en la movilización que espero infructuosamente a Perón en Ezeiza aquel trágico 20 de Junio de 1973.

**)  Columna de E. Jauretche en «El Pulki», Radio Universidad de La Plata, AM 1390, sábados de 9 a 12

***) Coordinador del Frente Patria Grande. Referente de MTE/UTEP