BOOT: Acerca de la dictadura de un poder judicial esperpéntico y en crisis terminal

FOTO: Manifestación en 2002 pidiendo la remoción de la Suprema Corte de “la mayoría automática” prohijada por el menemismo.

A tono o con una Corte Suprema que no se siente obligada a revisar un juicio amañado y con acusadores comprados que tiene preso a un ex vicepresidente y si lo hace en cambio para arrebatarle a un tribunal inferior una causa para establecer si fue legal el ilegal ascenso y traslado de jueces, un juez se arrogó el derecho de obligar a médicos a utilizar dióxido de cloro en un anciano que agonizaba a causa del Covid.

Antes de espichar va a hacer ya cinco años, Umberto Eco había llegado a la conclusión de que las redes sociales han democratizado la palabra hasta el punto que “legiones de idiotas”, que antaño lanzaban sus soliloquios acodados en los mostradores después de unos vasos de vino y a los que nadie hacia mayor caso, consideran ahora tener el mismo e inalienable derecho a hablar (y  escribir) contrariado a sabios y expertos sin mayores (y por lo general, ni menores) argumentos. “Es la invasión de los imbéciles”, remató Eco, para muchos un aristócrata del pensamiento.

¿Qué tienen que ver estas cosas entre si? Esta nota de Teodoro Boot quizá de una respuesta.

Jarabe de pico

 

Goya. La romería de San Isidro.

 

TEODORO BOOT

No sé ni soy quién para saber si el dióxido de cloro es poco, mucho o nada nocivo para el organismo humano. Y no lo sé por el sencillo hecho de que no soy biólogo, médico o enfermero, chofer de ambulancia o camillero. Ni siquiera soy portero de un hospital, electricista o peón de maestranza de una sala de primeros auxilios, y hace ya demasiados años que dejé de jugar al doctor con la vecinita de enfrente. Tampoco sé si tal o cual persona morirá irremediablemente porque no se le da tal compuesto, o porque se le da otro o no se le da ninguno. Cabe presumir que una persona de 92 años tiene más chances de morir que otra de 14, pero ni eso es ciento por ciento seguro.

Así como yo, hay cientos de millones de tipos y tipas que avanzamos por la vida ciertamente a los tumbos y dentro de lo posible guiados por personas que supuestamente saben más en determinados asuntos, aunque no en todos: las personas sensatas suelen consultar con un odontólogo si les duele una muela y agarran un mapa de caminos antes de salir para Jujuy; no al revés. Naturalmente, nunca faltarán las conjuras, y tal vez hasta exista una conspiración de odontólogos, oculistas o ginecólogos y ginecólogas empeñadas en que jamás lleguemos a Jujuy. Todo es posible y uno no es quién para negar la existencia de tales complots, pero, en tren de salir de viaje siempre es preferible recurrir al mapa y no al proctólogo.

En todos los países existen organismos parecidos a la ANMAT que, sorprendentemente, no están al divino botón y, aunque formen parte de la conjura organizada por Soros y Bill Gates, por eso de que todo el mundo se dedica incansablemente a conspirar (ya es sabido, de manera que ¿para qué abundar?). En Estados Unidos es la Food and Drug Administration (FDA) que desde 1904 mal o bien establece qué alimentos o drogas pueden ser nocivos para alguien que viva en Estados Unidos y los consuma o no los consuma.

El 30 de marzo de 1892, por resolución del Dr. José Ramos Mejía, presidente del Departamento Nacional de Higiene, se conformó en nuestro país una comisión de expertos (¿complotados?) que elaboró un proyecto de reglamentación de medicamentos. Llevada al Congreso, el 27 de noviembre de 1893 se dictó la ley 3041 que estableció el Codex Medicamentarius obligatorio para todas las farmacias del país. Cabe aclarar que la edición del Codex se terminó de imprimir y entró en vigencia el 27 de noviembre de 1898. Vale decir: desde el 27 de noviembre de 1898 usted puede hacer lo que quiera con los medicamentos y alimentos, fumarse un porro, comer un pollo con plumas o beber un bidón con una solución de bicarbonato de sodio, pero si el farmacéutico le vende un porro o el carnicero le despacha un pollo con plumas, si no va preso, al menos pueden cerrarle el boliche.

De eso se tratan esos organismos, de establecer algunas reglas mínimas de funcionamiento social. En el plano de las drogas y los alimentos, en nuestro país ese organismo se llama Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Repita conmigo: ANMAT. Son esos que, conjurados con Soros, Putin y Piñón Fijo se asociaron para hacerle a usted la vida imposible. Cuando sienta que eso ocurra, tome ese martillito, rompa el vidrio, sople por el piquito y como por arte de magia se inflará ante usted un juez que lo librará de semejante dictadura.

Pagarán justos por pecadores, pero si el cura sale del prostíbulo es lógico pensar que había concurrido en condición de cliente, de manera que es inevitable hablar del poder judicial en su conjunto. Y si aquí hacía falta algo para exhibir el desquicio en el que viene desbarrancando, ese algo es el fallo del juez Javier Pico Terrero, una cabal demostración del absurdo por el absurdo.

Pico Terrero, parece tener el conocimiento suficiente como para administrar medicamentos por encima de lo que establece la ANMAT. Es muy suyo de hacerlo, desde luego, pero uno quiere pensar que sólo a título personal, como usted y como yo, que para hacer tonterías no necesitamos títulos.

Pero sucede todo el tiempo: mal o bien el Congreso aprueba una ley, el Ejecutivo la reglamenta, los distintos organismos del Estado la ponen a la práctica y, en vez de velar por el cumplimiento de la ley que votaron los legisladores, el Poder Judicial se considera por encima de los malos o buenos representantes que el pueblo se da, porque el pueblo es así, burro, no como sus señorías. Así, toda ley es merecedora de un recurso de amparo, que en realidad suele consistir en la anulación de la ley y, de hecho, en la promulgación de una diferente a la decidida por el Congreso.

Así, en todos los casos en que se sanciona una ley, los jueces deciden qué ley habrá de aplicarse, si la de los burros o la de ellos.

El disparate empieza por la continuidad en la suprema corte de una jueza excedida de edad. A la señora Hayton no le gustó esa ley (recordemos: sancionada antes de que ella asumiera en el tribunal), de manera que ¿no va y le pide amparo a otra señoría para que la deje seguir jugando a ser jueza? ¿Quién es esa señoría? ¿La papisa Juana? ¿Y quién es esa otra señoría? ¿Juan Pablo II?

Papisa Juana. Al parecer nunca existió, pero durante siglos se creyó que si.

Como si esto fuera poco, dos integrantes de ese mismo tribunal supremo aceptaron ser designados por decreto, contrariando todas y cada una de las normas que establecen el modo de designar a los jueces, empezando por los de la suprema corte. De ahí en más, por eso de que el pescado se pudre por la cabeza, nada puede enderezarse y los jueces creen estar –y de hecho están– por encima de cualquier ley.

Así puede funcionar el Vaticano, no una sociedad medianamente normal en la que se supone que el soberano es el pueblo que vota sus representantes y elige sus gobiernos municipales, provinciales o nacionales, gobiernos que tienen administraciones y organismos que deberían ser respetados en sus atribuciones, incumbencias y mínimos conocimientos. Como el ANMAT, dicho sea de paso.

Sin embargo, acecha en cada despacho judicial un autócrata anarquista que se pasa por el cuarto todo lo que no le gusta o le parece mal. ¿Para qué son necesarios entonces los gobiernos, los funcionarios, los legisladores? ¿Los enfermeros, los físicos, los choferes de ómnibus? ¿Las barrenderas, los dactilógrafos, los músicos y las actrices? ¿Los químicos, médicas, carpinteros y maestros? Nada, nadie hace falta. ¿Para qué complicarnos la vida con oficios raros, si tenemos a los jueces, que versan en todo?

Es imposible saber cómo se puede arreglar ese absurdo, pero creer que se arregla a sí mismo es como pensar que un alud se detiene solo: el alud se frena cuando ya no existe ninguna pendiente hacia la cual seguir descendiendo.

Es cierto, tras el fallo del juez Pico uno puede sospechar que ya no hay adonde más caer, pero los vericuetos de la mente son insondables. Mientras tanto, cuídense porque andan sueltos y antes de tomar un avión fíjense que no haya ningún juez en la cola, ni Pico Terrero ni ningún otro: si no le gusta el piloto, quizá agarre los controles de la nave y nos hacemos bolsa todos.

No sé usted, pero yo a ese avión no subo. Y quisiera saber cómo me bajo de este.

 

 

Comentario (1)

  1. alfredo alfredo romero

    Excelente articulo

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