Papel Prensa. Remiten a Rafecas audios probatorios

REMITE EL GOBIERNO AL JUEZ RAFECAS AUDIOS QUE PRUEBAN QUE LA DICTADURA DECIDIO ENTREGARLE PAPEL PRENSA A UN GRUPO DE DIARIOS

La secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó que le remitió hoy al juez federal Daniel Rafecas el audio de sendas entrevistas realizadas por la periodista Gaciela Mochkofsky al general José Rogelio Villarreal, quien fue secretario de la Presidencia del general Jorge Rafael Videla. Enesas oportunidades Villarreal confirmó que fue la dictadura militar quien decidió entregarle Papel Prensa a los propietarios de tres diarios, Clarín, la Nación y La Razón.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, también le remitió a Rafecas el audio de la entrevista que la citada periodista le hizo a después Patricio Peralta Ramos, uno de los dueños de La Razón y gestor del acuerdo entre el gobierno militar y los tres diarios. Peralta Ramos ratificò lo dicho por Villarreal.

Antes del receso invernal, el juez Rafecas se declaró incompetente por segunda vez, con el argumento de que la causa Papel Prensa debe unificarse con la abierta por los secuestros y torturas a sus directivos y a Lidia Papaleo, viuda de quien fuera su principal accionista, el banquero David Graiver. Estas causas son tramitadas por el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza, quien también de declaró incompetente por motivos similares. Será la Cámara de Apelaciones la que definirá que magistrada seguirá instruyendo la causa, que ya pasa de los 70 cuerpos (verificar).

Según el testimonio de Villarreal, el principal colaborador de Videla (que falleció en diciembre de 2007), la Junta Militar les propuso a La Nación, Clarín y La Razón que se hicieran cargo de la fábrica de papel porque sabía que el banquero David Graiver administraba fondos de Montoneros.

Entrevistado en 1998, Villarreal dijo que la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas se enteró de la existencia de ese vínculo días antes o días después del 24 de marzo de 1976, fecha en que depusieron la presidenta María Estela Martínez de Perón y se hicieron con la suma del poder público. Cuatro meses y una semana antes de que, el 7 de agosto de ese año, el avión que conducía a Graiver desde Nueva York estallara en el aire o chocara con un cerro mejicano.

«No era un rumor, era un dato que se manejaba concretamente. Y éste fue uno de los elementos que llevó a buscar una solución rápida al tema de Papel Prensa», solución que consistía en «buscar a quién adjudicársela», ratificó el colaborador más estrecho que tuvo el dictador Videla.

«Villarreal vivía en un departamento de Avenida Santa Fe y Bulnes, frente al shopping Alto Palermo. Lo visité, largamente, tres veces; durante el primer encuentro tomé notas, y en los siguientes grabé (…) Villarreal no tenía problema en hablar on the record, es decir, sin resguardo de su identidad», explica Mochkofsky en su página web,
www.elpuercoespin.com.ar

«Mi interés, en aquel momento giraba en torno de las vinculaciones entre (Jacobo) Timerman y el banquero David Graiver, capitalista oculto del diario La Opinión  y dueño de la compañía Papel Prensa hasta su muerte», producida «justo antes de que se planteara la transferencia de la empresa de sus herederos a los diarios». narró la periodista, que acaba de publicar su tercer libro, «Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder».

«Mas tarde Timerman sería secuestrado por el mismo grupo del Ejército, comandado por el entonces coronel Ramón J. Camps, que tendría a su cargo ‘investigar’ el llamado ‘caso Graiver’. Me interesaba aclarar, entonces, cómo veían los jerarcas militares no sólo a Timerman sino al grupo Graiver en su conjunto, los conflictos internos del régimen en torno de estas relaciones e intereses, y su resolución…».

«Villarreal me contó (el 20 de mayo de 1998) que la Junta que presidía Videla y gobernaba el país supo que Graiver manejaba fondos del grupo guerrillero Montoneros desde poco antes o poco después del golpe del 24 de marzo de 1976  –recordó Mochkofsky–, y que fue por eso que se resolvió, a iniciativa del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, buscar «una solución rápida», entregando la papelera, de la que el Estado era socio en un 25 por ciento, a una sociedad formada por Clarín, La Razón y La Nación».

La periodista le preguntó: «¿Ustedes sabían en la época de Videla sobre la relación de La Opinión a través de Graiver con los Montoneros? y Villarreal respondió que «había datos concretos de la relación de Graiver con Montoneros (de) la administración por parte de Graiver de fondos Montoneros (…) no sé sé si antes o a poco de producido el 24 de marzo». Y agregó que «no era un dato tipo rumor, era un dato que se manejaba concretamente», y que «fue uno de los elementos que llevó a buscar una solución rápida al tema del Papel Prensa».

Agregó que se tomó «la decisión del Estado (de) retomar, porque el Estado siempre conservó parte de Papel Prensa, de retomar esto y buscar a quién adjudicárselo. Y ahí empezó si, como de costumbre, la interna, porque el almirante Massera tenía como candidato a Trozzo, para adjudicar. Y Martinez de Hoz propuso que le parecía mejor adjudicarle a los tres diarios más importantes».

Una vez que este contencioso se zanjó en favor del Ejército, Papel Prensa «se le adjudicó al consorcio que formaban los tres diarios», narró Villarreal, con el objetivo de  separarlo totalmente (a Graiver)  de la posibilidad de que llevara adelante este proyecto (Papel Prensa)».

La idea de entregar Papel Prensa a un grupo de diarios, dijo Villarreal en la segunda entrevista grabada, fue de «Martínez de Hoz» que «sugirió que era una buena alternativa. La propuso y dijo: ‘Señor (a Videla), son los tres diarios más importantes de la Argentina, los que mayor consumo de papel, de modo que son los que van a tener más interés en que esta planta funcione, hacer inversiones’, etc, etc.». 

La Secretaría de Derechos Humanos apeló la semana pasada
la incompetencia dictada por el Juez Rafecas.

Sostuvo entonces que «denunciamos una maniobra compleja que se llevó adelante por la asociación ilícita que formaron los propietarios de, y junto con la Junta Militar genocida y sus funcionarios. Nuestra presentación contenía los elementos necesarios como para que, si los tribunales platenses así lo entendían declinaran su competencia territorial (que fue lo que finalmente ocurrió), por cuanto los ilícitos indivisibles tuvieron comienzo de ejecución en la Capital Federal, y aquí también se produjeron los efectos buscados».