PERIODISMO Y DICTADURA. El Caso Quevedo-Gastaldi y un fallo que atenta contra la labor periodística
Ordenó eliminar de la web notas que lo relacionan con la dictadura
Ex juez Quevedo obtuvo una sentencia favorable de la jueza federal de Entre Ríos, Beatriz Aranguren
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Jueza Aranguren. Su fallo es resistido por las asociaciones profesionales de periodistas.
(Por Luciana Bertoia-Buenos Aires Herald).- Los medios de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, fueron sacudidos por una sentencia contra Google, Yahoo y un diario local por haber informado de supuestos vínculos entre un ex juez y grupos de defensa de los militares que cometieron crímenes durante la última dictadura. Mientras el ex juez, yerno de un general que encabezó la represión en Entre Ríos y Bahía Blanca durante el régimen militar, sostiene que las notas publicadas en Junio y otros sitios dañaron su carrera y su vida privada, periodistas afirman que la orden de remover los artículos afecta fuertemente la libertad de expresión, por lo que apelaron ante un tribunal de segunda instancia y se proponen llevar el caso a la Corte Suprema.
Todo comenzó cuando, en 2011, Quevedo fue designado juez laboral subrogante por el Tribunal Superior de Entre Ríos.
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| Ex juez Quevedo |
El periodista Claudio Gastaldi publicó en el diario Junio de Concordia que Quevedo había firmado, en 2003, un pedido dirigido al ex presidente mexicano Vicente Fox, para que rechazara la extradición a España del ex oficial de Marina Ricardo Cavallo. un ex represor que actuó en el campo de exterminio de la ESMA entre 1976-1983, quien no había podido ser llevado a los tribunales de la Argentina por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Gracias al principio de jurisdicción universal en temas de derechos humanos, pudo ser juzgado en Madrid. Más tarde, Cavallo, cuando las leyes de impunidad fueron derogadas, fue extraditado a la Argentina y recibió una condena a prisión perpetua en 2011.
El periodista también escribió que Quevedo había firmado otro pedido para apoyar a las fuerzas armadas y de seguridad en 2002, también suscripto por su suegro, el general Raúl José Ortíz, y la esposa de Quevedo.
Lo que los abogados de Gastaldi resaltaron es que los nombres de los familiares de Quevedo también estaban incluidos en la proclama de apoyo a represores y que no era un sinsentido creer verosímil que el ex juez también habría firmado por sus relaciones cercanas con los militares.
Gastaldi, quien también es fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Concordia, explicó que Ortiz fue designado jefe de la subzona 22 en 1977, por lo que fue uno de los responsables de la represión en Entre Ríos.
«Ninguno de sus familiares inició queja alguna por la publicación. Quevedo fue el único que lo hizo después de que hiciéramos pública la noticia», dijo el editor del diario Junio al Herald. Esa información también fue confirmada por el ex juez Quevedo.
Gastaldi también dijo que él y sus colegas fueron alertados por lectores que Quevedo estaba mencionado en páginas conectadas con “Memoria Completa”, la organización encabezada por Cecilia Pando, una conocida apologista del terrorismo de Estado.
En un obituario en el diario conservador La Nación, se informó que Ortiz, fallecido en 2004, también fue secretario de Información Pública del presidente de facto Roberto Viola y que el general fue luego designado jefe de Gendarmería en 1981. Durante su carrera militar, también fue enviado a México.
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| Periodista Gastaldi |
En 1979, fue designado a la subzona 51, por lo que tuvo bajo su responsabilidad el centro clandestino de detención «La escuelita», en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. La información fue confirmada al Herald por el fiscal federal a cargo de la investigación de los crímenes de la dictadura en esa región.
El general Ortiz también firmó las peticiones en las que fue incluido Quevedo supuestamente sin su consentimiento.
«No sé siquiera quién es Cavallo», dijo Quevedo al Herald cuando este diario lo contactó telefónicamente.
«Nunca firmé esos pedidos», agregó, y explicó que en 2011 presentó un recurso de habeas data, demandando al diario y a los buscadores de la web que rectifiquen la información que lo involucraba en grupos que apoyaban a responsables de cometer crímenes de lesa humanidad, incluidas torturas, secuestros, violaciones, robo de bebés, asesinatos y desapariciones forzadas durante la última dictadura.
«Sufrí una campaña de difamación de un miembro del Concejo Deliberante local que supuestamente tiene un hermano desaparecido. La concejal me llamó asesino», dijo Quevedo.
En 2012, Quevedo fue removido de su puesto como juez subrogante por el Superior Tribunal de Entre Ríos por «dilación» en expedientes judiciales.
Una discusión abierta
Después del fallo de la jueza Aranguren, los editores de Junio presentaron una apelación porque consideran que el tribunal sólo escuchó una parte de la historia. Reclaman que a pesar de haber publicado el derecho a réplica de Quevedo, la jueza Aranguren ordenó remover los artículos, afectando seriamente la libertad de expresión.
El ex juez sostiene que ni siquiera fue publicado su pedido de réplica, pero el editor de Junio afirma que dio cuenta de sus argumentos al informar sobre su exposición ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, por lo que la réplica hubiera sido «redundante».
«La jueza consideró que es mejor respetar el derecho de un ciudadano a no hacerse cargo de su pasado antes que respetar los derechos de los que se lo recuerdan, especialmente cuando es un servidor público y tiene que rendir cuentas de sus acciones pasadas y presentes», dijo Gastaldi.
Por su parte, Quevedo dijo: «No sé cómo esos nombres (el suyo y el de sus familiares) fueron incluidos en las peticiones» al presidente mexicano Fox.
«Con esta sentencia, muchos periodistas pueden temer persecución o estigmatización. Con la persecución judicial, no se respeta el derecho a la libertad de expresión y a la información que están en la Constitución», agregó el periodista Gastaldi.
Una cámara tendrá que examinar ahora el caso que puede incluso llegar al máximo tribunal del país. El expediente tiene todos los ingredientes para sentar un precedente: nuevos medios, libertad de expresión, Justicia y el apoyo de sectores sociales a la última dictadura.
Título original: Court orders to remove articles from the Web
