PLAN CÓNDOR: Bolivia desclasificará sus archivos
En «Narcos, banqueros y criminales» se narran las aventuras y desventuras de los nazis que, a las órdenes de Klaus Barbie (que en Bolivia utilizaba su segundo apellido, Altmann) participaron del golpe de 1980. Grande fue mi sorpresa al ver documentos que indican que Barbie y sus «novios de la muerte» trabajaban, no a las órdenes de los militares golpistas bolivianos, sino de los argentinos que los secundaron participando incluso en el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB) dónde se asesinó al ex ministro socialista de la minoría, Marcelo Quiroga Santa Cruz. JS
Los militares argentinos participaron activamente en el cruento golpe de 1980
Importante anuncio: Bolivia desclasificará sus archivos del Plan Cóndor
La dictadura militar argentina participó activamente de la deposición de la presidenta constitucional de Bolivia Lidia Geiler a mediados de 1980, e instauró en su lugar al general Luis García Meza, quien encabezó durante un año y medio un auténtico narcoestado. La mayoría de los desaparecidos se produjeron en este período.
La semana pasada, la Asociación Boliviana de Familiares de las Víctimas de las Dictaduras (Asofamd) pidió a la cancillería que colabore con el esclarecimiento de «los crímenes» y violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante las dictaduras miliares sudamericanas. El pedido de esta organización fue planteado después del fallo judicial emitido el 27 de mayo en la Argentina que condenó a ex jefes militares por crímenes contra la humanidad.
El Tribunal Oral Federal 1 argentino investigó el complot de las dictaduras de América latina para detener y exterminar a disidentes y, a su vez, lo sucedido en el centro clandestino de detención «Automotores Orletti». Los jueces comenzaron el juicio en 2013 con 32 acusados, de los cuales sólo 17 llegaron a ser juzgados. El resto fue apartado por razones de salud o murieron sin conocer el veredicto.
Finalmente, 14 ex jefes militares y de inteligencia argentinos y uno uruguayo fueron condenados a penas de entre 25 y 8 años de prisión, por más de un centenar de privaciones ilegítimas de la libertad y otros delitos de lesa humanidad cometidos hace cuatro décadas en el marco del plan de exterminio de opositores a las dictaduras de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
