Por la democratización de la justicia / 1

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Tal como me llegó, enviado por Santiago Gómez, que escribió: «Te acerco el texto que me mandaron los compañeros de La Quique de Pedro, una de las agrupaciones que conduce judiciales de ciudad, y cuya secretaria es la secretaria de los judiciales de la Secc.2 de la UEJN, que me pidió si podía difundirlo. El texto es la propuesta de democratización de los trabajadores, elaborado con la agrupación 16 de noviembre.»


VAMOS POR LA DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA.

1     EL CAMBIO CULTURAL EN LA JUSTICIA. REPENSAR LOS MODELOS ADOPTADOS.

    Antes de comenzar a desarrollar determinadas ideas y conceptos de lo que implica la democratización de la justicia, debemos plantearnos una discusión acerca, no sólo de los cambios estructurales en el Poder Judicial, sino también en las formas de concebir dicha institución en el imaginario social. Los procesos de mejoras institucionales, conllevan obligatoriamente un respaldo de la fuerza política gobernante, sea la institución que sea. Hoy comienza a discutirse una institución cuyo carácter corporativo y anti-democrático le ha otorgado un blindaje respecto de la opinión pública.

    Es inconcebible abordar cualquier tipo de cambio sin conocer la idiosincrasia que reviste dicho sujeto de cambio. En este sentido, los judiciales en su conjunto debemos empezar a revertir la lógica elitista y conservadora que reina como norma cultural en el Poder Judicial, expresada en los tratos cotidianos entre Superiores e Inferiores, en la atención a los consultantes y ciudadanos que acuden a la Justicia, en el modo de comunicar a través de mandas judiciales inteligibles para el común, etc., etc. Todas conductas que han sido naturalizadas e internalizadas en la cotidianidad del servicio de justicia (hacia adentro del Poder Judicial y hacia afuera, con relación a los justiciables).

El primer paso hacia un cambio de este tipo se dio en las dos últimas solicitadas «Por una justicia legítima», cuyos firmantes entienden, por sobre todas las cosas, una pertenencia al Estado a través de las funciones judiciales.

Pretender que el Poder Judicial cumpla con los fines públicos, como contribuir a garantizar el bienestar general de la sociedad, no constituye una intromisión del Poder Ejecutivo en éste, sino que representa el debido ajuste a los objetivos de un Estado de Derecho. Alejarse de dicho cometido, o no observarlo como guía al brindar servicio de justicia, constituye una desviación insalubre del objetivo por el que se crea la Justicia y un fraude institucional.

Desafiar el imaginario colectivo de los judiciales (y de la sociedad toda) constituye un enorme reto dentro de un Proyecto de País cuyas principales banderas son la redistribución de la riqueza, la inclusión social, la independencia económica y la integración latinoamericana. Este proyecto de país necesita de un Poder Judicial que acompañe esas banderas.

Lo que exponemos no significa otra cosa que «polemizar» al Poder Judicial, ponerlo en discusión, en el debate público, como lo ha hecho este proyecto con los temas más sensibles de la vida social; es necesaria la existencia de un debate acerca del rol de la justicia.

El cambio cultural en la justicia tiene que ser interno, partiendo por la lógica de sus integrantes, pero también debe ser externo. Cuando la sociedad en su conjunto debata de un modo sincero acerca del rol de la justicia, podrá realizar un verdadero análisis del accionar judicial como uno de los tres poderes de la república.

2    INGRESO DEMOCRÁTICO:

Cuando hablamos de cómo se ingresa al Poder Judicial, indefectiblemente hablamos de quiénes ingresan y por ende hablamos de su composición. Ingreso democrático significa cambiar la composición tradicional de la Justicia. Si defendemos un modelo de país que ha incluido a millones de argentinos, debemos pensar en un modelo de justicia que también garantice el ingreso al Poder Judicial de cualquiera que desee hacerlo.
¿POR QUÉ ES NECESARIO?: Porque de quiénes conforman el personal del Poder Judicial, depende el servicio de Justicia. Actualmente, tanto los cargos de concurso (magistrados y secretarios) como los de carrera (funcionarios y empleados) son cubiertos por personas que tienen la suerte de conocer, o ser familiar o amigo, de alguna personalidad con influencia y poder suficiente de aplicar la «dedocracia». Lo que necesitan las instituciones de la democracia es un acceso igualitario y no sectario.

¿A TRAVÉS DE QUÉ MECANISMO?: Debe establecerse un mecanismo transparente, igualitario y legal que garantice el acceso al Poder Judicial de toda la población. Son los sectores populares los que brillan por su ausencia en los Palacios de Justicia. Actualmente no existe una regulación uniforme. En muchas jurisdicciones provinciales y en la CABA existen reglamentos o normativa interna que regula el ingreso, pero ninguno de estos es respetado o cumplido en la realidad, porque son las mismas Supremas Cortes o el Consejo de la Magistratura para el caso de la CABA (donde los jueces tienen representación) los encargados de «aplicar» la normativa que, paradójicamente, ellos mismos crearon. Por esto es fundamental, que de existir un mecanismo transparente y democrático de ingreso a la Justicia, la autoridad de aplicación sea una comisión independiente y no los mismos órganos Judiciales. Entendemos que debe regularse a través de una Ley dictada por el Congreso Nacional, a la que luego adhieran las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿QUE CARGOS DEBERÍAN CUBRIRSE? La oxigenación se producirá no sólo con la apertura democrática en el ingreso a los cargos más bajos (deben ser los dos últimos cargos del escalafón para respetar la Carrera Judicial), sino también en el cargo de Secretario, a través de concursos transparentes. Éstos concursos fueron «suspendidos» a nivel de la Justicia Nacional y Federal, y en las Provincias son contados casos en los que se realizan. En los hechos, es el Juez el que nombra al Secretario del Juzgado, cuál secretario privado.

3    REGULACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL:

La Carrera Judicial es la que permite ascender de una categoría inferior a una superior, es el reescalafonamiento a través de la combinación de dos factores: el objetivo (la mayor antigüedad) y el subjetivo (la mayor idoneidad y mejor desempeño en el puesto). Actualmente no existe regulación al respecto, por lo que ante la ausencia de normas claras, queda al arbitrio de los Superiores Jerárquicos el ascenso del personal. Cuando hablamos que el personal de una dependencia «piensa» o «concibe» a la Justicia como el Juez, o que el imaginario de los judiciales está dominado por un pensamiento único que  autorreproduce el statu quo, encontramos que la raigambre de este problema se encuentra en la ausencia de un Reglamento de Carrera, que otorgue al personal la garantía de que ante el mejor trabajo, tendrá el mejor reconocimiento. Así revalorizamos el esfuerzo y el empeño como factores determinantes del ascenso, y erradicamos el favoritismo, las conductas serviles y los vínculos familiares como factor de atribución de una mejor posición en el escalafón.

Si promovemos la apertura de las puertas de ingreso al poder judicial y la oxigenación de sus estamentos, debemos procurar también que estas personas vean garantizadas, cuando se encuentren capacitadas para ello, la posibilidad de ascender en la carrera judicial sin necesidad de tener determinado contacto.

Esta posibilidad de avanzar en la carrera permite una democratización hacia dentro del Poder Judicial.

LA ESCUELA JUDICIAL: En la carrera judicial se debe respetar la capacidad e idoneidad para  ocupar el cargo. Es aquí que consideramos esencial la existencia de una escuela judicial que esté a la altura de las circunstancias. Una escuela, que forme a los empleados y funcionarios en función a las necesidades que percibe del conjunto social respecto de la prestación del servicio de justicia.

EL REGLAMENTO DE TAREAS POR CARGO: determinar las tareas y las funciones por cada uno de los cargos del escalafón es clave para estructurar la carrera y los programas de la escuela judicial.

En síntesis, el ingreso democrático a la justicia, pilar básico del proceso de democratización, se encuentra íntimamente relacionado con otro pilar como lo es el respeto a la carrera judicial y la posibilidad de una formación acorde a las necesidades sociales respecto del servicio de justicia.

4    ELIMINACIÓN DEL MALTRATO LABORAL Y MECANISMOS DE MEDIACIÓN:

El problema de maltrato laboral, no es ni propio ni exclusivo del Poder Judicial, sino que puede aparecer en cualquier empleo, o grupo de trabajo. Pero aquí tiene características peculiares, que deben también ser atendidas en cuanto conforman una constante en la labor diaria.

Sucede que si las relaciones laborales se estructuran casi únicamente a través de las relaciones personales y los vínculos preexistentes al trabajo en cuestión, funcionan en base a criterios subjetivos y, las más de las veces, antojadizos de los Superiores hacia los inferiores. Esto deja paso libre a conflictos laborales que devienen en maltrato laboral. Es prioritario el establecimiento de reglas claras, como el reglamento de carrera y de tareas por cargo que mencionamos en el punto anterior, así también como una instancia de mediación para prevenir el maltrato, de contención psicológica si este se produce y de denuncia.

    La enorme cantidad de licencias psiquiátricas en el Poder Judicial, no es un factor menor y forma parte de un vicio de esta institución. La erradicación del maltrato laboral debe ser tenida en cuenta por todos los miembros de la comunidad judicial, hace a la democratización interna y contribuye a mejorar la prestación del servicio de justicia.

5. PLENA REPRESENTATIVIDAD DE TODA LA COMUNIDAD EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA:

Con la reforma constitucional del año 1994 se produce un cambio sustancial en lo que hace a la conformación de la Justicia Argentina: la creación del Consejo de la Magistratura. Este nuevo órgano está a cargo de la administración del Poder Judicial y se encuentra integrado, por prescripción constitucional, con distintos actores que integran la vida jurídica en su conjunto.

En este punto consideramos también esencial una reforma que democratice al Consejo de la Magistratura en base a una integración plural.

En efecto, no se justifica hoy en día por qué si los abogados de la matrícula y los Jueces tienen representación en el Consejo, no lo tienen los trabajadores de la justicia.

Los trabajadores que construyen y hacen a diario la prestación del servicio de Justicia no tienen siquiera derecho a voz en la composición del Consejo de la Magistratura actual.

Como es sabido, el debate público entre todos los sectores que integran el colectivo social enriquece la vida en democracia y la completa acabadamente. Hoy en día esa democratización del principal órgano de Administración de la Justicia es imposible dado que uno de los actores principales en el Poder Judicial (el más numeroso, sin lugar a dudas) no es escuchado por los restantes actores a los efectos de la toma de decisiones. No propugnamos aquí una modificación que implique una reforma constitucional, sino que entendemos que con el actual texto de la carta magna se puede lograr que los trabajadores tengan, a través de sus representantes gremiales, el derecho a voz que permita conocer la totalidad de pensamientos.

PALABRAS FINALES.

Esta enumeración no constituye un número cerrado, ni mucho menos. Quedan infinitos aspectos para abordar acerca de la enorme tarea que constituye democratizar una estructura impermeable a los cambios, como es este Poder Judicial. Pero es un  aporte humilde desde la perspectiva gremial, entendiendo que los trabajadores judiciales también somos parte de un modelo de justicia añejo, arcaico y antidemocrático que debemos empezar a discutir.

Mucho queda para debatir cuando se habla de democratización: la descentralización de los edificios judiciales, para acercarlos a los barrios humildes; la clarificación del vocabulario de los escritos, el avance sobre la oralidad; la condición de vitalicio de los cargos de magistrados, la revisión de su rol judicial; la aceleración de los procesos civiles a través de una justicia vecinal; el control difuso de constitucionalidad; y, hasta una reforma constitucional para poder plasmar estos cambios.

En ese sentido acompañamos las Jornadas «Por un a Justicia Legítima» que se realizarán el 27 y 28 de Febrero en la Biblioteca Nacional. Porque es un deber como militantes dar esta discusión, es nuestra obligación como trabajadores públicos al servicio del pueblo repensar el servicio de justicia. El modelo de país Nacional, Popular, Democrático y Solidario, necesita de un modelo de Justicia que vaya de la mano y no a contramano de estos postulados.

Agrupación «Quique» de Pedro                          Agrupación 16 de noviembre
Judiciales de la CABA


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