PRESOS POLÍTICOS / 1. Es hacia la Corte y el Consejo de la Magistratura hacia donde debemos enfocar los reclamos

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Temía desde antes de que los Fernández asumieran lo que se está produciendo ahora, que la derecha aprovechase las ineludibles demoras en liberar a nuestros presos políticos para dividirnos en “apresurados” y “retardatarios”. Fui viviendo este in crescendo con cada vez mayor aprensión hasta desembocar en el conato de huelga de hambre iniciada por el doctor Jorge Rachid una semana frente al Palacio de Tribunales, donde tiene su asiento la Corte Suprema de Justicia de la Nación Que es la que tiene en sus manos –junto al Consejo de la Magistratura– la potestad de poner en libertad ambulatoria a quienes están arbitrariamente detenidos, de manera que puedan defenderse en los procesos que se han levantado en su contra y probar su inocencia, y puede hacerlo simplemente haciendo cumplir a los tribunales inferiores con su acordada. Que refutó los presupuestos de la llamada doctrina Irurzun. Es también la Corte la que debe intervenir un poder judicial de Jujuy, que nada tiene que envidiarle al de Arabia Saudita o, lo que en el pasado responderon a los dictados de Iosif Stalin y Adolf Hitler.

Primero Luis Bruschtein en Página 12 y luego Graciana Peñafort en Twitter, han aportado un poco de claridad. Por mi parte, creo que organismos de Derechos Humanos, sindicatos, partidos y organizaciones sociales deben acordar un plan de esclarecimiento de la población de la siiuación de quienes los medios hegemónicos se obstinan en etiquetar como políticos (corruptos) presos, agitación y propaganda, con fecha límite en el 24 de marzo, cuando de no haber novedades antes la enorme manifestación que siempre se registra en esa fecha –rememorando el grandioso triunfo obtenido cuando se la obligó a dejar sin efecto el beneficio del 2×1 para los genocidas presos– se dirija a la CSJN pidiéndole a sus ministros que actúen o renuncien.

Los dejo con Luis y Graciana:

Panorama político: El nombre de los presos

Qué cambia si son presos políticos o detenidos arbitrariamente

La discusión sobre si los que están encarcelados por ser opositores son presos políticos o detenidos de manera arbitraria desemboca inevitablemente en el debate sobre cómo salir de esa situación, cualquiera sea la expresión que se utilice.

Si el titular de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy reconoce que Milagro Sala está presa porque si estuviera en libertad Gerardo Morales no podría gobernar; si documentos de la dirección de Protección a Testigos confirman que el ministerio de Justicia pagó un millón y medio de pesos a Alejandro Vandenbroele para que declare contra Amado Boudou, entonces Sala y Boudou son presos políticos, aunque se los acuse de cualquier otra cosa.

Esa lista podría continuar: si el perito trucho que declaró en la causa del gas contra Julio De Vido, era incompetente y se basó en recortes periodísticos, por lo cual está acusado de perjurio; si basaron la causa del memorándum de acuerdo con Irán en un artículo periodístico que no tenía fuentes para acusar de traición a la patria a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman, entonces De Vido es preso político y Cristina Kirchner y Héctor Timerman, perseguidos políticos.

El juez jujeño Pablo Baca deberá afrontar un juicio político pero, en realidad, los que tendrían que ser juzgados son los jueces que encarcelaron a Milagro Sala por orden del gobernador Morales, como lo reconoció Baca. Durante la dictadura militar, la mayoría de los presos estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), no tenían causas abiertas, con lo cual eran claramente considerados presos políticos. Pero también había una minoría que había sido juzgada por tribunales amañados por la injerencia de un gobierno de facto. Entonces también se los consideraba presos políticos.

Son tecnicismos, porque pese a que todos los calificaban como presos políticos, a los de este segundo grupo, en democracia no los reconocieron como tales y les retacearon la indemnización que les correspondía, o cobraron solamente por los días que habían estado presos sin condena.

La situación de los presos políticos que encarceló el macrismo representa un enredo difícil porque no hay un camino corto para resolverlo. Los presos fueron involucrados en la mayoría de los casos en causas por corrupción, armadas con la colaboración de los servicios de inteligencia, las grandes corporaciones de medios y funcionarios judiciales. Si fueran causas por delitos vinculados con la acción política sería más fácil aplicar un indulto o una amnistía.

Pero con estas acusaciones, los mismos presos se resistirían a un indulto o a una amnistía, que sería el camino más concreto en caso de definirlos técnicamente como presos políticos. El reclamo no es el indulto o la amnistía, sino la revisión de las causas, lo cual en los tiempos judiciales implica un largo camino.

Los presos estarían dispuestos a encarar ese mecanismo pero reclaman con razón, que fueron encarcelados de manera arbitraria cuando no tenían condena en firme y la mayoría todavía no la tiene. En la mayoría de los casos fue así por la llamada doctrina “Irurzun” que convirtió a los ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas en ciudadanos de segunda. Lo que se está planteando es que los acusados puedan seguir en libertad la revisión de sus causas.

La discusión sobre si son presos políticos o si simplemente fueron detenidos en procesos arbitrarios, no tiene sentido siquiera en un tribunal donde una u otra calificación implicaría caminos de resolución diferentes. Un gobierno democrático no puede tolerar presos políticos. Y tampoco puede hacer como si no los tuviera.

Si se trata de evitar el camino de los indultos o la amnistía que rechazan los presos, igual seguirán siendo presos políticos. Para que dejen de serlo, tendrían que estar en libertad para seguir la revisión de sus procesos. Sin que dejen de ser presos pollíticos, en este punto es clave la definición de “detenidos de manera arbitraria”, como los calificó el jefe de gabinete Santiago Cafiero con lo que se ganó una lluvia de críticas. Porque lo primero a resolver sería que recuperen su libertad sobre la base de esa calificación técnica.

A la salida de la dictadura, Raúl Alfonsin vio la necesidad de juzgar las violaciones a los derechos humanos, en parte porque en su trayectoria como abogado había sido consecuente con ese principio. En parte también porque necesitaba desgastar el poder residual que les quedaba a los militares. Y en parte porque Madres, Abuelas, Familiares y demás organismos de derechos humanos empezaban a convertirse, para la construcción democrática, en uno de los pocos referentes éticos de la lucha contra la dictadura.

Pero para separar a la institución como tal, de los jefes y represores que serían juzgados, primero intentó que fueran las mismas Fuerzas Armadas las que los juzgaran. Y fue imposible. Lo único que conseguía por ese camino era un simulacro que buscaba justificar a las violaciones de los derechos humanos. Y finalmente debió juzgarlos la justicia civil.

Al gobierno de Alberto Fernández tampoco le sirve dictar una amnistía porque resonaría como una condena al Poder Judicial como institución, lo que viene evitando también Cristina Kirchner en sus denuncias. La vicepresidenta nunca habla de la Justicia o del Poder Judicial como un todo, sino de un sector, o de funcionarios.

El gobierno prefiere que sea el mismo Poder Judicial el que enmiende las faltas cometidas. De esta manera, el encargado de revisar la irregularidad de las causas sería el mismo Poder Judicial que las instruyó, por lo cual la administración de Justicia caminaría por una cornisa muy finita. Hay fiscales y jueces, como el fallecido Claudio Bonadio, muy involucrados en esa práctica del lawfare.

El Poder Judicial es el más conservador de los tres poderes por su funcionamiento y también por su estructura cuasi feudal. Y su renovación no se realizará de la noche a la mañana, sino en el mediano y largo plazo. En lo inmediato, por lo menos el fuero federal tendrá que recuperar la credibilidad que perdió por la acción de varios de sus miembros.

Pretender un Poder Judicial aséptico, aislado en un frasco de mayonesa, sería irreal. Pero tiene que haber un Poder Judicial que sea creíble ante la sociedad para reglar un tipo de convivencia. Al igual que la ortodoxia marxista, el macrismo concibió al Poder Judicial, con su “Mesa Judicial” y fiscales y jueces amigos, como la extensión punitiva del poder de una clase dominante. Muchos jueces actúan de esa manera, sin necesidad de que los operen demasiado, como lo demuestran los que condenaron a Milagro Sala, como ella dice: “por negra y por coya”.

El gobierno de Alberto Fernández necesita que la libertad de los presos políticos y la revisión de sus causas no aparezca como algo más de lo mismo: antes estaba el macrismo que operaba para meter presos y ahora está el peronismo que opera para liberarlos. Con la dificultad extra de que las grandes corporaciones mediáticas también fueron protagonistas importantes del lawfare. Es difícil que pueda llegar a la sociedad con sus argumentos sobre este tema a través de esos medios.

Con la ayuda de las corporaciones de la comunicación cada desastre que dejó Mauricio Macri se agrandó con el trastocamiento de sentidos. Así, endeudar el futuro fue “romper el aislamiento”, el enriquecimiento de los ricos y el empobrecimiento de los pobres fue “transparentar la economía” y así los presos políticos son “políticos presos” o delincuentes comunes. En ese trastocamiento de sentidos hay una disputa de poder encubierta en la que intervienen los medios.

El gobierno y el oficialismo en general tendrán que usar todos las herramientas posibles para instalar en la sociedad esta problemática. Muchos ni se han enterado de las declaraciones de Baca o de la compra del testimonio de Vandenbroele, ni de la mesa judicial para operar sobre los jueces. O piensan que son temas sin importancia.

De todos modos siempre será menor el costo con la oposición si en ese proceso se libera a los presos políticos y se revisan las irregularidades en sus causas, que el costo que tendría en sus propias filas si los mantiene encarcelados. Y el tiempo que se demore en iniciar este proceso aumentará la injusticia.

………………

Para mi es claro que hay presos politicos. Les llamen como les llamen, son personas perseguidas por el poder judicial por su adhesion a ciertas ideas politicas. Los procesos de persecución judicial que han sufrido, estan viciados de nulidades tan groseras que son insultantes.
Desde jueces como Bonadio, que hasta quienes lo reivindican asumen que fue mas allá de las reglas, e ir mas allá de las reglas, cuando sos juez, significa ir mas allá de la Constitución y de las leyes. Y cuando sos juez, hacer eso no es heroico, es delito. Pasando por testigos pagos por el gobierno de Macri, como demuestra la información que publicó el groso de @arilijalad, que mostró casi el recibo de lo que le pagó @german_garavano a Vandenbroele para declarar contra Boudou. Y terminando con gente presa sin sentencia firme y sin fundamento legal alguno: la doctrina Irurzun. Y la arbitrariedad. El caso de Milagro es paradigmático. Escuchamos los audios donde el entonces presidente de la Corte Jujeña asume que está presa por politica.
Así que díganles como quieran, para mi son presos politicos. Dicho lo anterior, voy a señalar que el reclamo hay que hacérselo a la Corte Suprema, que es el superior de todo el Poder Judicial. Y el que, conforme las leyes de este país, puede revisar lo que hizo el Poder Judicial.
Tambien podemos y debemos reclamar al Consejo de la Magistratura, que son quienes deben controlar a estos jueces que nadie controló. ¿Qué van a hacer con los jueces, señores? ¿Qué van a hacer?
Lo que no entiendo y les juro que no entiendo es por qué estan puteando a @alferdez, que es el Presidente de la Nación. Justo el único que no puede intervenir en este tema. Ah, ¿no  les gusta lo que dice de las “detenciones arbitrarias”? A mi tampoco me gusta, pero ¿qué va a decir?
Si dice que son presos politicos ¿debería indultarlos? Porque ordenar su liberacion NO puede. Ordenar la revisión de los procesos arbitrarios tampoco. Yo no sé qué piensan todos los presos políticos. Si sé lo que piensa Amado, porque soy su abogada. Amado quiere un juicio justo donde pueda demostrar su inocencia. Si mañana voy a verlo a donde está detenido y le digo que están pensando en indultarlo Amado me daría un boleo en el orto. El quiere un juicio justo. Y mientras se hace ese juicio, estar en libertad.
Y ninguna de esas cosas puedo pedirselas a @alferdez . Es el Poder Judicial quien debe atender el reclamo de Amado. Porque es un reclamo justo y legal.Y es la Corte Suprema quien debe respondernos.
Lo que SI puede hacer @alferdez como Presidente, lo está haciendo. Se acabo la AFI apretando jueces para poner gente presa. Ha propuesto a un gran candidato, respetuoso siempre de la garantias como es Daniel Rafecas, para el cargo de procurador general en reemplazo de Casal. El Ejecutivo está trabajando en un imprescindible proyecto de reforma judicial. Y, voy a señalar, odio no estar trabajando en eso. Era mi sueño dorado. Cambiar este sistema judicial mierda que mató a mi amigo Hector Timerman. Pero me tocó estar en otro lugar y hacer otra tarea.Y aunque puteé bastante, asumo que cada uno tiene su rol y a mí el mío me gusta y me hace feliz. Y que si estuviera trabajando como parte del Ejecutivo en la reforma judicial, no podría seguir haciendo lo que hago, que es defender a los que están sujetos a procesos arbitrarios.
Para ser parte del ejecutivo tendría que inhabilitar mi matrícula y quiero seguir siendo abogada y haciendo lo que hago. Porque lo considero necesario. Así que tampoco puedo putear a @alferdez por eso. Y celebro que estemos todos esperando esa reforma judicial.
Les voy a decir lo que pienso, veo como presionan y putean al Ejecutivo por los presos políticos. Y a veces siento que en realidad están usando el tema para pegarle a @alferdez por motivos que nada tienen que ver con las personas presas.
Yo como abogada de muchos de ellos, realmente, no sé que más le puedo pedir al Presidente en materia de justicia. Hasta ahora ha cumplido religiosamentee todo lo que me dijo que iba a hacer antes de ser presidente. Incluyendo no dejar de hacer pública su crítica al Poder Judicial.
Porque ahora, cuando voy a tribunales con mis escritos, los señores que los leen saben que el Presidente opina que el Poder Judicial actúa mal. Y ya no tienen tantas facilidades para darme un boleo en el orto.
Saben que ahora puedo ir y denunciarlos ante el Consejo de la Magistratura y que no pueden arreglar su impunidad, como lo hacían con Macri. Y para mi eso es muchísimo, porque yo viví estos 4 años de impotencia, cuando no me leían en el Poder Judicial. Y cuando a los rechazos arbitrarios de cada uno de mis planteos como defensora en los tribunales, el gobierno de Macri los aplaudía y promocionaba.
¿Saben cuántas veces pedimos con @AleRuaTwit la información de Vandenbroele como arrepentido? Cinco veces la pedimos. Y siempre nos dijeron que NO. Yo lloraba y puteaba y seguía escribiendo. Pero ahora, cuando apareció publicada la info en El Destape, ni tuve que pedir nada, fue un juez el que hizo la denuncia. Y sentí que estaba en un lugar un poquito menos cruel.
A @alferdez le pido que siga haciendo lo que está haciendo. Que no afloje, que no pacte, que no olvide. Que no se calle. Pero la libertad y la revisión de los juicios se la pido, mejor dicho se la EXIJO – y a los gritos- al PODER JUDICIAL.

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Un comentario

  1. CORTITO POR QUE ES UN TEMA LEGAL,PERO LA LOGICA SERIA LIBERTAD PARA SER JUZGADOS Y SI NO HAY MERITO PARA ESTABLECER UN CARGOPUNITIVO…..LIBERTAD TOTALY COSAJUZGADA A ARCHIVO

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