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No al lawfare y el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner

La persecución política a la compañera Cristina Fernández de Kirchner transita por estos días por los caminos más escandalosos. La instancia oral del juicio sobre la causa mediáticamente denominada como “Vialidad Nacional” ha batido todos los récords de irregularidades y arbitrariedad.

Una causa absolutamente armada a partir de una denuncia fraudulenta presentada por el ex funcionario del gobierno de la Alianza Cambiemos, Javier Iguacel, quién hizo caso omiso del informe interno que él mismo encargó ni bien se hizo cargo de la Dirección Administrativa de Vialidad porque sus resultados no revelaban ninguna irregularidad en la ejecución de las obras viales que se habían adjudicado en la provincia de Santa Cruz en el período anterior. Ni sobreprecios, ni obras inconclusas ya cobradas. Nada que permitiese llevar a los estrados judiciales los ríos de tinta vertidos por los medios de comunicación dominantes, en lo que constituye una clara operación de lawfare que ahora tiene como objetivo estratégico el perpetrar la proscripción de la compañera Cristina condenándola sin pruebas que lo justifiquen y extirpándole sus derechos políticos.

En las últimas horas sumaron a su andar canallesco las denuncias contra Máximo Kirchner. Demostrando la pretensión última de esta alianza mediática judicial que pasa no sólo por la cancelación de los dirigentes populares sino de la experiencia misma que significó el Kirchnerismo en este siglo, al igual que trataron de hacerlo con el peronismo en el anterior. Por medio de un procedimiento judicial reñido con las más elementales reglas de procedimiento se procura el objetivo de la proscripción política de Cristina Kirchner. Quienes pretenden consumar la infamia -jueces, grandes medios de comunicación y políticos que se preparan para tomar ventaja de ese involucramiento del poder judicial en la vida política- deben saber que de lograrlo habrán infligido un duro golpe al proceso democrático de más larga duración en la historia argentina.

Lo que antes se impuso por medio de la violencia ilegal perpetrada por el Estado -desde los bombardeos de la Plaza de Mayo de 1955 hasta la trágica experiencia del terrorismo militar- hoy intenta abrirse paso bajo la simulación de un proceso judicial. En un proceso que lleva años sin que se comprobara de manera alguna la existencia de actos de corrupción atribuibles a la actual Vicepresidenta de la República, se ha montado hoy un espectáculo mediático dirigido a preparar el clima favorable a la proscripción. De manera que la historia argentina vuelve a encontrarse con la obsesión proscriptiva, con la intervención ilegal de factores de poder extraños a cualquier concepción republicana.

Lamentablemente, nada novedoso en nuestra historia y nuestra región, cambian las formalidades, pero la estrategia es la misma; lo sufrió el pueblo argentino con los dieciocho años de proscripción de Juan Domingo Perón y lo sufren los hermanos brasileros con la entronización de Jair Bolsonaro a partir de la condena y proscripción del compañero Lula Da Silva.

Por eso, los abajo firmantes nos pronunciamos categóricamente por el final de esta persecución y por la defensa de las libertades democráticas, que incluyen en su centro el derecho del pueblo a elegir libremente a sus representantes sin la presión de poderes de facto que se arrogan de modo ilegítimo la potestad de intervenir de modo autoritario en las decisiones políticas libremente producidas por el voto popular. Llamamos además a todas las organizaciones políticas democráticas, sindicales y sociales de los más diversos sectores a hacer oír su voz de modo tan pacífico y democrático como enérgico. El pueblo debe ser libre en el ejercicio de sus derechos políticos y no esclavo de los designios de jueces que degradan la imagen de la justicia y de medios de comunicación que se autoperciben como dueños de la verdad y ejecutores de castigos contra quienes osan contrariar la voluntad política de los grupos sociales más poderosos de la Argentina.

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