¿Quién mató a monseñor Romero?
Se sabe casi todo acerca de quiénes y cómo asesinaron a monseñor Óscar Arnulfo Romero hace treinta años. Excepto el nombre del ejecutor. Aunque hay indicios precisos y concordantes de que fue un policía federal argentino, Roberto Alfieri González (RAG), bastó que uno de los organizadores del crimen, el prófugo ex capitán Alvaro Rafael Saravia, apareciera para decir que fue “un fulano, un indio de los nuestros”, para que todos los medios olvidaran aquellas fundadas sospechas para dar crédito a la nueva versión.
Curiosamente, es lo que necesitaba imperiosamente el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert Gates, que ya en los ’80 era una especie de jefe de gabinete en la CIA. Si se confirmara que RAG asesinó a Romero, Gates podría verse obligado a deshacerse en explicaciones, ya que RAG también está acusado de haber asesinado tres años después a dos periodistas norteamericanos… por orden de la CIA.
Romero fue alcanzado por un solo, certero disparo en el corazón cuando celebraba misa en una capilla el 24 de marzo de 1980, día en que se cumplía el 4º aniversario del golpe militar argentino. El chofer que condujo al asesino hasta la capilla, Amado Garay, lo describió como “un hombre alto, con barba y bien parecido”, lo que no coincide para nada con el “indio” que dice ahora Saravia que lo habría matado a cambio de la exigua suma de mil colones.
Saravia era en 1980 jefe de la custodia de 14 hombres del ya fallecido mayor Roberto D’Aubuisson, quien luego fundó tanto de escuadrones de la muerte como el partido Arena, que gobernó El Salvador durante un cuarto de siglo hasta que el año pasado fue derrotado por el periodista Mauricio Funes, candidato de un Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que se ha vuelto socialdemócrata y muy moderado.
Desde algún lugar de Centroamérica donde permanece escondido, Saravia concedió recientemente una entrevista en la que negó que el verdugo del obispo haya sido extranjero. Fue “un fulano, un indio de los de nosotros”, un guardia nacional del que no sabe el nombre, aseguró. “Por ahí anda ese”, remató, anticipando la posible aparición de un chivo expiatorio o “cabeza de turco”. Curiosamente, Saravia dijo que existe “una conspiración” de quienes “no quieren saber quién putas mató a Romero”. ¡Si él lo dice…!
Métodos expeditivos
Un documento secreto de la CIA afirmó taxativamente que el asesino fue un argentino que utilizaba el apellido “Mendoza”. Desclasificado en 1993 con numerosas tachaduras en medio de un lote de 12 mil documentos, se trata de un télex enviado en mayo de 1985 por el jefe de la estación de la CIA (el nombre está tachado, pero el station chief era Donald Winters) en Tegucigalpa a sus jefes en Langley, Virginia. “Se reportó que Mendoza tiene contacto directo con oficiales salvadoreños asignados a la sección G-II (Inteligencia) de la Guardia Nacional y alegan que admitió, de hecho, haber disparado a Romero”, dice el télex.
Luego de haberse desempeñado como “asesor” de las guardias nacionales de Guatemala y El Salvador, inmediatamente después de la muerte de Romero RAG se mudó a Tegucigalpa, dónde su nombre se hizo público en febrero de 1988, cuando asesinó a un policía que pretendía detenerlo por haber extorsionado a unos 15 acaudalados médicos a los que había despojado de dinero y bienes transables con el poco sofisticado método de amenazarlos con matar a sus hijos si se negaban a ser desplumados.
RAG mató al subteniente de la Fuerza de Seguridad Pública (Fusep) Jorge H. Moya de dos balazos, pero a su vez fue alcanzado por el occiso. Llevado al hospital quedó registrado como “José Francisco Díaz Mendoza”[1]. Viendo que no estaba grave, los agentes de la Fusep lo condujeron a paradero desconocido. RAG estuvo desaparecido durante dos meses, lapso en el que su esposa española presentó tres habeas corpus, aclaró que RAG y el internado “Mendoza” eran una misma persona y reveló que su marido había sido “agregado militar en El Salvador” comisionado por el Ejército argentino hasta que en 1980 se radicó en Tegucigalpa. A mediados de 1988, quien escribe incluyó a RAG en la lista de “los mercenarios argentinos en Centroamérica” enviados por el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. [2]
Lucha planetaria
Poco después del asesinato de Romero, en mayo de 1980, se realizó a puertas cerradas en el Teatro Libertador General San Martín de Buenos Aires un congreso de la Liga Mundial Anticomunista (LMA), presidido por el general Carlos Guillermo Suárez Mason y financiado generosamente por la CIA. Y a fin de ese mismo mes sesionó en secreto en la ciudad de Guatemalael tercer congreso del «Consejo de Seguridad Interamericana» (CIS), una rama de la LMA, cónclave al que asistió un antiguo jefe de la CIA, Vernon Walters. En ambas reuniones debe haberse celebrado el asesinato de Romero. Según la investigadora estadounidense Terry Karl –acaso la mayor experta internacional en la guerra civil salvadoreña– no hay duda de que su muerte “fue parte del plan de la Liga Anticomunista Mundial”.
Karl también recordó que en 1994 una investigación del New York Times determinó que en los ’80 Robert Gates, asistente ejecutivo del director de la CIA, William J. Casey, se desvivía por esconder las identidades de quienes habían participado en el asesinato de Romero. Posiblemente estuviera muy preocupado por borrar cualquier indicio de participación de la CIA, lo que lo comprometería directamente. En 1980 Gates complotaba activamente (aprovechando la crisis de los rehenes de la embajada de EUA en Teherán) contra el director de la CIA, el almirante Stanfield Turner, quien velaba por la suspensión de los atentados individuales, prohibidos por decisión del presidente Jimmy Carter que había sido refrendada por el Congreso.
Y es que, si bien no hay pruebas de que en 1980 RAG fuese un mercenario de la CIA, está acusado de serlo tres años más tarde, cuando en junio de 1983 habría participado en el asesinato de dos periodistas norteamericanos, el corresponsal de Los Angeles Times Dial Torgeson y Richard Cross, un reportero gráfico free lance que lo acompañaba en su recorrida por los montañosos pueblos de Honduras junto a la frontera con Nicaragua. Ambos fueron asesinados, según denunció el periodista y escritor uruguayo Fernando Butazzoni, por orden de la CIA que buscaba culpar y desprestigiar al sandinista. RAG habría actuado, dijo Butazzoni, en complicidad con un oficial hondureño de apellido “Jolla”, con quién habría adosado una bomba lapa en los bajos del Toyota Corolla que usaban los periodistas.
Joya
Si bien Butazzoni confunde a “Jolla” con el subteniente Moya al que RAG habría de asesinar un lustro más tarde y dio a RAG como desaparecido desde entonces (aunque no se conoce su actual paradero, en 1988, tras aquellos dos meses de desaparición en manos de la Fusep, la detención de RAG fue blanqueado e incluso dio entrevistas periodísticas desde su celda de la Penitenciaria Nacional de Tegucigalpal) el aspecto central de su denuncia no parece desencaminado. Al parecer, Butazzoni accedió a una copia completa del exhaustivo interrogatorio que la inteligencia sandinista (y especialmente Enrique Gorriarán Merlo) le hizo al oficial del Ejército argentino “Héctor Francés García”, secuestrado en San José de Costa Rica en 1982., quién habría deschavado tanto la existencia de “Mendoza” como sus vínculos con la CIA.
Por cierto, la hipótesis de que la CIA haya estado detrás de las muertes de Torgeson y Cross coincide con los recuerdos de la viuda del primero, Lynda Schuster –entonces corresponsal del Wall Street Journal en Honduras–- que narró cómo los analistas militares a quienes les enseñó las fotografías del Toyota destrozado y los cuerpos mutilados de su marido y Cross sobresaliendo del vehículo opinaron unánimemente que las cargas explosivas utilizadas eran de un tipo que solamente las tenían los Contras apoyados por Estados Unidos.[3]
Por otra parte, el “Jolla” que aparece involucrado en los asesinatos de Torgeson y Cross parece haber sido Fernando “Billy” Joya Améndola, un ícono de los golpistas que expulsaron al presidente constitucional, Manuel Zelaya. Billy Joya era en 1983 uno de los principales agentes del Batallón 3-16, responsable de centenares de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Ese batallón fue creado en 1982 en base a la rama de inteligencia de la Fusep y RAG habría sido uno de sus instructores. Ya aquél año, Billy Joya encabezó la detención de seis estudiantes, cuatro de los cuales siguen desaparecidos. Poco después creó dos escuadras de sicarios llamadas “Lince” y “Cobra”. Fanático anticomunista, le encanta aparecer por TV y el presidente golpista, Roberto Micheletti, lo nombró “ministro asesor” en Seguridad.
Último momento
La cineasta hondureña Katia Lara, autora del documental «Quién dijo miedo», denunció el 7 de junio en el curso de una entrevista que le hizo la agencia Efe en Buenos Aires, la íntima relación de los militares que participaron del golpe de Estado contra Manuel Zelaya con la represión desatada en Honduras en los años ’80. Lara citó como ejemplo el caso del ex capitán del Ejército Billy Joya, asociado a los «escuadrones de la muerte» que hicieron desaparecer a 184 personas entre 1980 y 1989, quien fuera nombrado asesor de seguridad por el presidente golpista, Roberto Micheletti.
Por su parte, Tirza Flores, uno de los cuatro jueces miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD, creada en 2006) que fueron removidos de sus cargos manu militari por el ilegítimo gobierno de Porfirio Lobo al cumplirse días atrás el primer aniversario del golpe, aseguró unos días después que Joya sigue dirigiendo la represión tras los bastidores, tal como hacía sin tapujos con Micheletti. «Ahora, desde la sombra, dirige otra vez la represión, planifica los asesinatos selectivos y reorganiza el aparato militar», dijo Flores.
Tras recordar que el Batallón 316 se conformó oficialmente para perseguir a los hondureños que proveían de armas a las guerrillas de El Salvador, pero que muy pronto se reconfiguró como un «escuadrón de la muerte» que asesinó a decenas de activistas de izquierdas durante la presidencia de Roberto Suazo Córdova (1982-1986), Lara puntualizó que el actual jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, el general Romeo Vásquez Velásquez, era un miembro muy activo del dicho Batallón.
«Los militares utilizan hoy las mismas estrategias que utilizaron en los ochenta para desarticular a la resistencia. Hay censura, desapariciones, asesinatos y detenciones ilegales de activistas», deploró la cineasta, quién vive como refugiada política en Argentina desde diciembre.
Notas
