Una serie de protagonistas del mundo judicial, empresarios encabezados por la Sociedad Rural, periodistas mayormente del grupo Clarín y políticos alineados con el PRO publica hoy una feroz solicitada contra el juez federal Daniel Rafecas por su decisión, hace un año y medio, de cerrar por inexistencia de delito la denuncia que presentó Alberto Nisman antes de morir. El fiscal imputaba a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman por encubrimiento a raíz de la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán, un texto que fue votado por el Congreso Nacional.

El detalle es que aquel fallo de Rafecas fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, pero en el texto que se publica hoy sólo se pide la remoción del magistrado y no de los camaristas. La movida se explica porque esos integrantes de la Sala I, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, tienen convocada para el jueves próximo una audiencia donde deben resolver un pedido de la DAIA para que se abra el caso de la denuncia de Nisman. En otras palabras, la solicitada no es ni más ni menos que una presión sobre la Cámara y expresa el punto de vista de los servicios de inteligencia y embajadas que en su momento estuvieron detrás del texto del fallecido fiscal. Ayer, al conocerse el texto, otros jueces de Comodoro Py recordaban que en los últimos 30 años nunca hubo una solicitada de esta naturaleza contra un magistrado ni una presión contra la independencia judicial de esta naturaleza.

Entre enero y febrero de 2015, Rafecas se tomó un mes y medio para estudiar la denuncia de Nisman y la desestimó por inexistencia de delito en un escrito de 63 páginas. Antes que él, la jueza María Romilda Servini de Cubría sostuvo que el texto de Nisman no merecía ser tratado en la feria judicial y que no incluía las pruebas correspondientes. En un escrito posterior, el también juez federal Ariel Lijo coincidió y elogió la resolución de Servini. Rodolfo Canicoba Corral no sólo señaló que la denuncia carecía de “entidad probatoria”, sino que opinó que correspondía investigar a Nisman por haber trabajado sin control de un juez.

Después de conocido el fallo de Rafecas, algunos de los mayores juristas del país salieron a respaldarlo. Raúl Eugenio Zaffaroni, León Arslanián, Julio Maier, Ricardo Gil Lavedra y Luis Moreno Ocampo sostuvieron que la denuncia de Nisman tenía más de política que de judicial y le dieron la razón a Rafecas respecto de la inexistencia de delito. El magistrado explicó en ese fallo que ninguna de las afirmaciones de Nisman en su denuncia ocurrieron en la realidad: el Memorandum nunca entró en vigencia, no se conformó la Comisión de la Verdad prevista en el texto, no se levantaron las órdenes de captura con alertas rojas de los sospechosos iraníes, no se armó ninguna pista de “fachos locales” como señalaba Nisman que iba a ocurrir, no se compró una gota de petróleo de Irán ni el Estado le vendió granos en retribución. Quien fuera titular de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, sostuvo públicamente en este diario y en The Wall Street Journal que la denuncia de Nisman era “falsa” y que el gobierno argentino no había solicitado levantar las alertas rojas a los acusados iraníes, sino todo lo contrario.

La Cámara Federal confirmó el fallo del magistrado un mes más tarde, a finales de marzo de 2015. El camarista Jorge Ballestero hizo un arduo trabajo de relevamiento de las escuchas entregadas por Nisman –300 conversaciones– y en su escrito destapó un virtual fraude: señaló que había un caprichoso armado de las escuchas, uniendo en una supuesta continuidad frases de una conversación con afirmaciones de otra charla de otro momento. Tras la confirmación de la Sala I, el fiscal Javier De Luca, de larguísima trayectoria en tribunales, coincidió con el juez, los camaristas y los juristas en que no había delito alguno en la denuncia, con lo que la causa fue archivada.

La solicitada de hoy es una nueva ofensiva auspiciada por los servicios de inteligencia, embajadas y sectores empresarios con el objeto de presionar a la Sala I ante la audiencia del jueves que viene. No se respetan los pasos institucionales, permitiendo un libre debate de posiciones en la apelación ante la Cámara. En esta oportunidad, además, es indudable que se llegará a la Casación por impulso de los querellantes e incluso es probable que el expediente termine en la Corte Suprema. De manera que todos los caminos están abiertos.

Hoy por hoy no se está por concretar ningún acuerdo con Irán –lo que sí hicieron las grandes potencias, incluyendo a Estados Unidos– ni está vigente un memorándum. El único objetivo real, de fondo, es la urgencia por darle un escarmiento a una ex presidenta y a un ex canciller que buscaron avanzar en el caso AMIA, después de 20 años de parálisis, apartándose de la diplomacia dictada por los poderosos.