El informe oficial de la Secretaría de Derechos Humanos advierte que las cifras «de ninguna manera pueden considerarse definitivas» y que el «número de personas desaparecidas continua siendo a la fecha indeterminado», dado el carácter «parcial y provisorio» de la información disponible».

El informe oficial reabre la polémica suscitada en enero pasado cuando el entonces secretario de Cultura porteño, Darío Lopérfido, puso en duda la cifra de 30 mil desaparecidos adoptada por los organismos de derechos humanos durante décadas.

En ese momento, el funcionario porteño dijo que «no hubo 30 mil, se arregló ese número en una mesa cerrada», despertando una ola de rechazo que terminó en su renuncia.

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presentado en 1984, la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura fue de 7.158 personas (de las cuales 743 habría sido víctimas de «ejecución sumaria»).

Estas cifras colisionan de frente con la revelación hecha hace ocho años por la Universidad de Georgetown (Washington) en base a documentos recientemente desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos según los cuales los propios dictadores argentinos estimaban a mediados de 1978 que sus víctimas ascendían a 22.000.

Así lo informó desde la capital de la Unión el periodista Hugo Alconada Mon en una nota publicada el 24 de marzo de 1976 con el título » Ejército admitió 22.000 crímenes» y la bajada «Documentos desclasificados en EE.UU. revelan que los militares reconocían esa cantidad de desaparecidos hasta 1978».

«Treinta años después del golpe militar, nuevos documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco años para el retorno de la democracia», comenzó su crónica Alconada Mon.

Según el informe elaborado a pedido de una asociación civil y difundido hoy, los datos fueron tomados del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (Ruvte), creado en 2013 en el ámbito del Área de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos, y luego formalizado como programa ministerial en 2014 por Resolución N° 1261 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La Secretaría de Derechos Humanos aclaró en su informe que las cifras dadas incluyen también el lapso entre el 12 de octubre de 1973, fecha en que Perón asumió su tercera presidencia, al 24 de marzo de 1976, cuando se consumó el golpe cívico-militar que depuso a su viuda, María Estela «Isabel» Martínez de Perón.

«La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, a través del programa Rutve registra a la fecha y para el período solicitado un total de 8571 víctimas debidamente formalizadas según el marco de referencia, de las cuales: 7.010 se consideran víctimas de desaparición forzada y 1.561 se consideran víctimas de asesinato», precisa.

El comunicado destaca que «bajo ningún concepto debe considerarse este Registro como definitivo en la medida que permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales. En razón de lo expuesto, el número de personas desaparecidas continúa siendo a la fecha indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial y provisoria».

La información fue pedida del 16 de agosto pasado por la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que encabeza el abogado José Lucas Mangioncalda, de activa participación en denuncias judiciales contra funcionarios del anterior gobierno.

En septiembre pasado, Mangioncalda acusó de «traición a la patria» a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y a todos los diputados que aprobaron el «Memorandum de entendimiento» con Irán (luego declarado inconstitucional) para posibilitar que el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman viajaran a ese país a interrogar a los altps funcionarios persas a los que acusaron de haber instigado el atentado a la AMIA.

«Lo tomamos cómo un acto de traición a la patria, porque es la prestación de ayuda a un enemigo del territorio argentino, quien fue autor ideológico del atentado”, le dijo Magioncalda a Mauro Viale por Radio Splendid (AM 990).

El parte oficial de la Secretaría de Derechos Humanos sostiene que la entidad pidió conocer «la cantidad de personas que se encuentran en situación de desaparición forzada o que, habiéndose encontrado en esa situación hayan sido luego halladas sin vida».

«En virtud de la ley que ampara el derecho de cualquier ciudadano o asociación al acceso a la información pública, esta Secretaría dio curso de dicho requerimiento al equipo de trabajo del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (Rutve).

«El objetivo del Registro es la construcción de una matriz de datos de alcance nacional, en permanente estado de actualización, sobre las víctimas del accionar represivo ilegal del Estado Argentino y, en cumplimiento con lo dispuesto por la ley 26.691, de los Centros Clandestinos de detención y otros lugares de reclusión utilizados por la fuerza represiva estatal», precisa el comunicado.

Más información en: http://periodicotribuna.com.ar/17630-numero-de-desaparecidos-polemica-respuesta-del-gobierno.html

FOTO: Magioncalda atendiendo su kiosko.

FUENTE: Télam.