La Casa Blanca y los negociadores del Congreso están trabajando para elaborar un marco de infraestructura bipartidista, un componente del enfoque láser de la administración Biden en mejorar la infraestructura en ruinas y realizar inversiones públicas esenciales y muy atrasadas que serían de enorme beneficio para el país.

Sin embargo, como siempre, el diablo está en los detalles.

Específicamente, el marco bipartidista enumera varios elementos como “fuentes de financiamiento propuestas para nuevas inversiones”, incluidas las asociaciones público-privadas (P3) y el reciclaje de activos. Estas propuestas deberían ser motivo de preocupación.

En muchos casos, estas medidas son puertas traseras de la privatización, con fondos públicos que pagan por proyectos controlados por firmas privadas que no rinden cuentas, cuyo principal motivo es aumentar sus propias ganancias.

Este tipo de propuestas representan una reversión equivocada a un marco neoliberal que, durante décadas, ha ampliado la desigualdad económica, ha priorizado el poder corporativo extractivo sobre las personas y ha vaciado nuestra capacidad pública.

La premisa fundamental y defectuosa de estas iniciativas es que el gobierno es inevitablemente ineficiente, por lo que ceder el control de estos activos al sector privado representa una oportunidad para el arbitraje: tanto el sector público como el privado pueden estar mejor.

La experiencia en todo el mundo demuestra lo contrario. Hay varias razones para los resultados decepcionantes: por ejemplo, el sector privado enfrenta costos de capital mucho más altos y los proyectos de infraestructura son inversiones a largo plazo, donde las diferencias en el costo del capital importan mucho. Esto coloca al sector privado en una marcada desventaja.

Además, resulta que en muchas áreas, el sector público es notablemente eficiente e innovador —más de lo que se le atribuye— y el sector privado es menos eficiente de lo que comúnmente se reconoce. Está plagado de lo que los economistas denominan “problemas de agencia”, donde los conflictos de intereses y los incentivos equivocados conducen a resultados que están lejos de ser socialmente deseables, como vimos en la crisis financiera.

Además, la contratación con compañías de responsabilidad limitada es una apuesta unidireccional, una de las razones de los resultados asimétricos en los que el gobierno asume las pérdidas y las empresas privadas obtienen las ganancias. Cuando las cosas no salen como esperaban, las empresas abandonan los proyectos o fuerzan las renegociaciones, esencialmente manteniendo como rehén a un gobierno que aún debe proporcionar servicios esenciales. Y cuando las cosas salen mejor de lo esperado, cuando los costos son menores o la demanda es mayor, las empresas privadas se quedan con las ganancias inesperadas.

Lo que es más importante, es difícil —de hecho imposible— en cualquier contrato especificar la gama completa de preocupaciones públicas que uno querría que un «buen» socio tuviera en cuenta, y estas son el centro de muchos proyectos clave de infraestructura pública.

El gobierno, por diseño, puede desempeñar un papel importante en la creación de una economía que se centre en las personas y el planeta y, a menudo, puede hacerlo de manera más eficaz y eficiente que el sector privado. Un gobierno puede aprovechar su escala para coordinar y alinear los recursos de manera cohesiva para satisfacer las necesidades de la sociedad; puede utilizar sus leyes para mitigar y rectificar los legados del racismo y abordar las fallas del mercado; crea un proceso de responsabilidad democrática que pone las necesidades colectivas en el centro; y establece metas y estimula cambios esenciales que de otro modo no ocurrirían.

Políticas como las que se proponen, en las que se otorga al sector privado, aunque sea temporalmente, un control significativo sobre estos activos públicos, tomando decisiones clave, incluida la imposición de cargos de los que derivan sus ganancias, socavan la capacidad del gobierno para lograr estos objetivos y dar poder a las empresas del sector privado con conflictos de intereses e incentivos desalineados. Y lo hacen sin ninguna evidencia de que el sector privado sea más eficiente en estas áreas contratadas. Como resultado, estas disposiciones históricamente, en todo el mundo, no han tenido los efectos beneficiosos prometidos, ni en la productividad económica ni en el presupuesto del gobierno, y en cambio a menudo tienen efectos sociales adversos: potenciar el poder empresarial extractivo; debilitamiento del poder público y la democracia; ampliar las disparidades raciales y económicas; y amortiguar el poder de los trabajadores.

Potenciar el poder empresarial extractivo. El objetivo central del sector privado es maximizar las ganancias, no brindar los servicios necesarios. Ha resultado imposible garantizar que los incentivos de los proveedores privados coincidan con el interés público en estos acuerdos. Con demasiada frecuencia, las empresas contratadas generan más ingresos explotando a los trabajadores, reduciendo la calidad, cobrando precios altos a los usuarios y / o excluyendo a ciertos grupos del servicio, no aumentando la eficiencia. Y, como ya se señaló, el gobierno tiende a absorber los riesgos de las inversiones sin obtener una participación en los rendimientos que reflejen los riesgos que asume y el capital que proporciona. Como resultado, es posible que la contribución esperada al presupuesto del gobierno ni siquiera se realice.

Debilitamiento del poder público y la democracia. Particularmente con algo tan fundamental como la infraestructura (ampliamente definida, como lo ha hecho el presidente Biden), la participación democrática y la rendición de cuentas son esenciales. Las propuestas de infraestructura representan una oportunidad única para invertir y empoderar a las instituciones públicas mientras se construye un gobierno y una economía más cohesionados y receptivos. La privatización hace todo lo contrario: diluye el papel y las responsabilidades del gobierno en un intento, a menudo deliberado, de disminuir la capacidad de las instituciones públicas y debilitar la ya escasa confianza pública. Y lo hace sin ningún beneficio público comprobado y con un largo historial de daños que resultan de someter a las personas a los caprichos de los ejecutivos con fines de lucro.

Aumento de las disparidades raciales y económicas. Una de las muchas virtudes de las instituciones públicas es que pueden priorizar ser accesibles a todos los ciudadanos independientemente de su edad, raza, género, clase o capacidad. Su misión principal es servir al interés público. Por el contrario, las instituciones privadas se construyen para servir los intereses de un grupo reducido de accionistas y ejecutivos, y todo menos garantizar que las cuestiones de acceso equitativo se descarten en favor de una búsqueda singular de beneficios. Esto daña directa y desproporcionadamente a las personas que ya están sistemáticamente marginadas, lo que amplía aún más los abismos en nuestra economía.

Amortiguación de la fuerza de trabajo. Otra implicación del control privado de la infraestructura es su impacto en los trabajadores. En un esfuerzo por contener los costos y maximizar las ganancias, las entidades privadas a menudo escatiman en la calidad del trabajo, limitan los salarios y no priorizan ni las condiciones laborales ni la capacitación de los trabajadores. El enfoque decidido en las ganancias significa que los objetivos sociales más amplios quedan al margen. En cambio, los formuladores de políticas deberían trasladar la función y las habilidades únicas del gobierno al centro del paquete de infraestructura, haciendo todo lo posible para alinear mejor nuestra infraestructura pública con el interés público. Hacerlo será bueno para el presupuesto. Será bueno para la economía. Y será bueno para nuestra sociedad.

https://rooseveltinstitute.org/2021/07/26/the-harms-of-infrastructure-privatization-a-step-backward-in-progressive-policymaking/

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*Como economista jefe y miembro principal del Instituto Roosevelt, Joseph Stiglitz se centra en la distribución del ingreso, el riesgo, el gobierno corporativo, las políticas públicas, la macroeconomía y la globalización.