Por Carlos Holubica (ex director de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, SBASE).
El sistema jurídico que rigió desde 1994 hasta el presente la construcción y la operación de subtes es un verdadero despropósito sin racionalidad, producto de la política privatizadora de Menem y Cavallo. Las características de este sistema se pueden resumir en los siguientes puntos:
1) La propiedad de la red es de una Sociedad del Estado (SBASE) con una acción en poder del Jefe de Gobierno de Buenos Aires.
2) El control de la operación y el pago de subsidios de la operación lo hace el Ministerio de Economía de la Nación, Secretaría de Transporte, CNRT.
3) En 1999, el Concesionario debía empezar a pagar un canon (un alquiler) por el uso de la red, pero ello se alteró mediante sucesivas Actas de Acuerdo y se continúo pagando subsidios.
4) Es decir que el propietario (el GCBA) no tiene el control de la operación (con excepción de las 7 estaciones de la Línea H).
5) La construcción de obras nuevas -excepto la de la Línea E, que se mencionan más adelante- la realiza el propietario, el GCBA, a través de su empresa autárquica, SBASE, y las entrega a Metrovías para su operación.
6) Las mejoras de la red existente (a ello se le llama Plan de Obras) las realiza y paga el Gobierno Nacional a través de la CNRT. Por ejemplo, si hay que instalar un ascensor en la red vieja, Metrovías presenta tres presupuestos, la CNRT aprueba el mejor y Metrovías recibe un 17 % por la gestión de compra.
7) A ello se suma que el Gobierno Nacional, gracias al engendro de la dupla Dromi-Cavallo, viene construyendo tres nuevas estaciones de la Línea E a través de Metrovías.
Resumiendo, con el esquema hasta ahora vigente el Estado paga:
a) El Gobierno Nacional paga a Metrovías subsidios por la operación para mantener la tarifa en $1.10 (ello viene de la salida de la convertibilidad en las que las tarifas estaban dolarizadas). Esto representa cerca de 800 millones de pesos anuales.
b) El Gobierno Nacional paga el Plan de Obras que aprueba para mejorar la red existente, más un 17 %. Son estimativamente (depende del Plan de obras que se apruebe) 500 millones.
c) El Gobierno Nacional paga la construcción de tres nuevas estaciones de la Línea E.
d) El Gobierno de la Ciudad paga la construcción de todo el resto de las nuevas obras. Son aproximadamente 800 millones anuales.
A ello se debe agregar que el Estado se ha convertido en un mero agente pagador entre las dos puntas del negocio: el Concesionario Metrovías (perteneciente al grupo Roggio) que recibe subsidios y las Contratistas de las obras, que pertenecen a la Cámara Argentina de la Construcción, principalmente el mismo grupo Roggio.
Evidentemente, este sistema irracional, heredado de Menem y Cavallo, no podía continuar en una etapa que la Presidenta de la Nación ha definido como de “sintonía fina” de las políticas públicas. La iniciativa del Gobierno Nacional de traspasar los subtes a la Ciudad de Buenos Aires es una medida postergada que tiene sustento legal. El Decreto N° 393/99 del Poder Ejecutivo Nacional establecía que la Nación le transfiere a la ciudad el control y fiscalización del subte y premetro y la Ley N° 373/2000 sancionada por la Legislatura dice que acepta el decreto. Pasaron 11 años para que se efectivice esta medida, por lo que no cabe demorarla más.
El nuevo escenario que se plantea con el traspaso es el siguiente:
Hoy, SBASE realiza el control y fiscalización sólo de la línea “H” (siete estaciones). Ahora se encargará de toda la red (cincuenta estaciones).
SBASE pasará a ser la Autoridad de Aplicación (antes era la CNRT) y tendrá la potestad de aplicar multas y tarifas a la Concesionaria Metrovías. De esta forma podrá obligarla a que cumpla con las inversiones de mantenimiento y renovación de instalaciones (vías, ascensores, escaleras mecánicas, etc.).
El GCBA dependía de la adquisición de nueva flota de material rodante (totalmente obsoleta y además escasa para brindar un buen servicio) del Gobierno Nacional, ahora deberá quedar bajo su responsabilidad.
Era precisamente lo que antes reclamaba el Gobierno de la Ciudad. En el balance 2010 de SBASE, firmado por su presidente Juan Pablo Piccardo, se cuestionaba que falta “en la práctica instrumentar el traspaso del control y fiscalización del contrato de concesión”, y que dicha carencia “dificulta la gestión de SBASE ante la falta de autoridad legal que le permita realizar adecuadamente las verificaciones y controles de sus activos concesionados”.
“Además –continuaba el reclamo- esta situación repercute directamente en las gestiones relacionadas con la marcha de la expansión de las líneas actuales (B y A) y de la nueva línea H, y las demás tres nuevas líneas a concretar en los próximos años, de acuerdo con el programa establecido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
A confesión de parte, relevo de prueba, podría decirse. Por otra parte, después de once años en que la Nación ha venido subsidiando los subtes de la Ciudad de Buenos Aires en contra de la lógica y de lo establecido por el decreto y la ley mencionados anteriormente, no parece muy razonable la postura asumida por el gobierno de Mauricio Macri.