HUBO CONDENAS EN BUENOS AIRES Y ROSARIO. En las causas ESMA III y Guerrieri II

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A un oficial y a suboficiales de la Armada y a un grupo de “batatas” 

ESMA: Confirman procesamientos con embargos de 584 millones de pesos

  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    “El Gallego” Conde al ser detenido en Necochea en abril pasado.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva y embargos de hasta 584.000.000 de pesos a ex militares por su presunta participación en delitos de lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura. El mayor embargo sobre sus bienes lo recibió el PCI (Personal Civil de Inteligencia) del Ejército Miguel Conde (a) El Gallego, al que se le atribuye responsabilidad en casi 600 delitos, entre ellos imposición de tormentos -en algunos casos seguidos de muerte- y privación ilegal de la libertad agravada, también con algunos resultados fatales. La ratificación de los procesamientos también alcanzó a otros ocho ex miembros de la Armada y civiles pertenecientes al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, conocidos en la jerga de los servicios de inteligencia como “batatas”.

La ratificación de los procesamientos además de a Conde también alcanzó a Jorge Luis María Ocaranza (embargo de 513.000.000 de pesos), Ramón Roque Zanabria (embargo de 301.000.000 de pesos), Horacio Luis Ferrari (embargo de 241.000.000 de pesos) Néstor Eduardo Tauro (embargo de 223.000.000 de pesos) y José Angel Iturri (embargo de 212.000.000 de pesos).

Ocaranza, Ferrari Y Tauro, no pertenecieron nunca a la Armada ni son militares sino que reportaron como PCI para el Batallón 601 de Inteligenia del Ejérito. Zanabria e Iturri son cabos retirados de la Armada.

También fueron confirmados los procesamientos del cabo segundo retirado de la Armada Carlos Néstor Carrillo, el PCI del Batallón 601 del Ejército Carlos Mario Castellví y el teniente de navío retirado Aníbal Roberto Colquhoun, con embargos de 98.000.000, 97.000.000 y 12.000.000 de pesos, respectivamente.

La ratificación de las medidas dictadas en primera instancia por el juez federal Sergio Torres la ordenó la Sala II de la Cámara.

Luego de evaluar la prueba reunida en el sumario, entre ella los testimonios de sobrevivientes, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah coincidieron, en lo esencial, con los argumentos expuestos por el magistrado de primera instancia al dictar los procesamientos.

Por los hechos registrados en la órbita de la ESMA ya hubo varios juicios orales y públicos, el último de ellos iniciado en noviembre de 2012, en trámite por ante el Tribunal Oral Federal Cinco (TOF 5).

El primero de los juicios orales por delitos de lesa humanidad en la ESMA no llegó a su fin, porque el único imputado, el prefecto Héctor Febres, murió en 2007 mientras se hallaba detenido, poco antes de que se dictara la sentencia.

El segundo juicio, contra 16 procesados, finalizó el 26 de octubre de 2011, con prisión perpetua para los oficiales de la Armada Oscar Montes, Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Miguel Cavallo, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Jorge Radice, Alberto Eduardo González, Néstor Savio, Adolfo Donda y los oficiales de la Policía Federal Julio Coronel y Ernesto Frimón Weber.

Completaron la lista de condenados el vicealmirante Manuel García Tallada y el suboficial de la PFA Juan Carlos Fotea (ambos a 25 años de prisión), el médico naval y Carlos Capdevila y el suboficial de la Prefectura Juan Azic (20 y 18 años de prisión, respectivamente) en tanto que los marinos Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco fueron absueltos.

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En la causa “Guerrieri II” se juzgó a militares y PCI del Batallón 121 

Rosario: Perpetua para el capitán Marino Héctor González y penas de entre 25 y 5 años para el resto

Rosario.- El TOF N° 1 de Rosario, condenó hoy con penas de entre 5 y 25 años, y prisión perpetua, a los 12 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Santa Fe. Tras cinco meses de juicio, finalmente se conoció el veredicto en la causa conocida como Guerrieri II, en la que se juzgó a represores de la dictadura que actuaron en la órbita del Batallón 121 de Inteligencia del Ejército. Bajo el lema ´los juzga un Tribunal, los condenamos todos´, los jueces del TOF Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berro condenaron en primer lugar a prisión perpetua al capitán del Ejército (RE) Marino Héctor González, y al resto de los acusados los castigó con penas de entre 5 y 25 años de reclusión por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, y asociación ilícita, entre otros.

El TOF condenó además a 25 años de prisión a los PCI (Personal Civil de Inteligencia) Ariel Zenón Porra y Juan Andrés Cabrera; mientras que Carlos Sfulcini, recibió 20 años, Alberto Enrique Pelliza (18); Ariel López (16), Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong (los tres 10 años por asociación ilícita), y Joaquín Gurrera (8), en tanto Walter Pagano y Eduardo Constanzo pasarán ambos 5 años en la cárcel. Todos revistaron en el Batallón 121 de Inteligencia del Ejército.

La sentencia del Tribunal fue escuchada desde la puerta de los Tribunales Federales, ubicado en Oroño al 900, por representantes de organizaciones de Derechos Humanos, gremiales, políticas y estudiantiles, que se congregaron en el lugar desde las 10 junto a familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Luego de leer las condenas, el Tribunal informó a los presentes que los represores “deberán cumplir las condenas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal”, y que el 24 de febrero a las 19 se leerán los fundamentos del fallo.

En la causa conocida como Guerrieri II se ventilaron los casos de 27 víctimas del terrorismo de Estado, entre ellos 14 homicidios, y se investigaron cinco centros clandestinos de detenciones que funcionaron bajo la órbita del Batallón 121. La fiscalía y los abogados querellantes solicitaron penas de prisión perpetua para siete de los represores y 20 años de prisión por el delito de asociación ilícita contra otros cinco acusados, los que ya fueron condenados en el juicio Guerrieri I.

Puntualmente, la Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para Héctor Marino González, Juan Andrés Cabrera, Alberto Pelliza, Ariel Porra, Ariel López y Joaquín Gurrera, por los delitos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos a 23 víctimas, como así también por homicidios calificados de 16 personas que continúan desaparecidas. Igual pena reclamó la fiscalía para Carlos Sfulcini, por el homicidio calificado del militante comunista Fernando Tito Messiez, desaparecido desde el 22 de agosto de 1977. Además, se habían solicitado 20 años de prisión por asociación ilícita agravada para Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, todos condenados a prisión perpetua, y con sentencia ratificada por la Cámara de Casación. Tras conocerse la sentencia, la agrupación H.I.J.O.S Rosario, publicó en twitter: “tenemos diferencias con el tribunal los hechos fueron probados las condenas debieron ser más altas seguiremos reclamando”.

Por su parte la Presidenta de la APDH-Rosario, Norma Ríos, en diálogo con Télam, dijo que le parecieron “excelentes” las condenas a los represores. “Seguimos por el buen camino, pidiendo justicia y trabajando para que estos tipos vayan a cárcel común. Y agregó: “me parece importante además estas nuevas condenas, como por ejemplo, la de ´asociación ilícita´ (Guerrieri, Fariña y Amelong), porque eso determina la consolidación de que hubo un plan, una asociación para ejercer la tortura, muerte y desaparición de personas”, subrayó la dirigente.

Para la presidenta de la APDH rosarina, la sentencia del Tribunal “es muy interesante, en  forma independiente de la bronca nuestra por no haber avisado con tiempo la sentencia, que seguro, fue para evitar la movilización, que de todas maneras fue importante”.

Por otra parte, Ríos coincidió con el twitter enviado por la organización HIJOS de Rosario, sobre los años de condenas que al parecer resultaron bajas. “Uno siempre tiene la expectativa de la máxima condena, coincido con eso, pero en algunos casos, hubiera sido peor que los dejaran libres. Teníamos mucho miedo de eso, sobre todo por el comportamiento del Tribunal que a lo largo de todo el juicio fue bastante errático, por no decir algo peor”.


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