TELEGRAM – ESPAÑA. ¿Que hay detrás del intento de bloqueo a la mensajería?

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No maten al mensajero.

Aunque Argentina es un caso extremo (la pretensión de acabar por decreto con los medios públicos revela el deseo de acabar con la pluralidad informativa) no es la única nación en la que se busca ese mismo objetivo.

De nuevo se desató la polémica en relación con el derecho a la libertad de prensa y expresión en Europa con el anuncio del cierre del canal de mensajería Telegram en España.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, emitió un auto que establecía este bloqueo como medida cautelar ante la demanda de Mediaset, AtresMedia, Movistar Plus y EGEDA, por la distribución de contenido sujeto a derechos de propiedad intelectual.

Según el auto del juez, la medida se establecía ante la incapacidad de iniciar otros mecanismos por la “falta de colaboración” de la empresa que gestiona la popular aplicación de comunicación y que, en la actualidad, tiene sede en las Islas Vírgenes.

Muchas han sido las críticas a esta medida, lo que llevó a que el pasado lunes, el mismo juez reculara en su intención de bloquear la aplicación, solo a la espera de un informe detallado de la policía en relación con la actividad en Telegram. Es decir, la amenaza sobre el posible cierre de la aplicación sigue vigente.

Tras la presentación del auto de Pedraz, que exigía el bloqueo de Telegram, se denunció que no se había tenido en consideración cómo podía afectar la medida a los usuarios, unos 8,5 millones, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España.

Por otra parte, también fue criticada la justificación para la medida de bloqueo al supeditarla a la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que en su Artículo 270 estipula: “Cuando a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos objeto de la propiedad intelectual”.

Expertos y juristas señalaban que el auto no justificaba en lo concreto esta medida. En primer lugar, porque Telegram no es técnicamente un portal de internet ni un medio de comunicación, sino una aplicación de mensajería que, a su vez, es utilizada por empresas. En segunda instancia, porque el escrito del juez no presenta pruebas concretas del delito del que se acusa a la plataforma, no menciona ni una sola obra que haya sido pirateada y solo se hace mención a las empresas presuntamente afectadas. Y, por último, porque solventaba sin justificación apreciable una controversia evidente entre dos derechos fundamentales: el de propiedad intelectual y el derecho a la libertad de expresión.

En los últimos años, las redes sociales y la mensajería instantánea han ido ganando peso para la confrontación informativa, en un escenario donde la mayor parte de los medios de comunicación se encuentran concentrados en muy pocas manos y, sobre todo, atravesados por unos pocos intereses.

En el caso español, esta concentración gira en torno a siete grandes grupos mediáticos y editoriales que, a la vez, guardan relación entre ellos, sobre todo por compartir accionistas, y, por lo tanto, intereses particulares y empresariales determinados. Un escenario que limita aún más la diversidad de ideas y que supone, con ello, una afrenta directa al derecho de información y a la libertad de pensamiento.

No es un secreto que el llamado Cuarto Poder hace mucho que entró en mercado y que ha sido cooptado y concentrado en las manos de los intereses del gran capital. En ese sentido, sería importante tener en cuenta cómo se financian estos medios y quién está detrás de dicha financiación, sobre todo para conocer qué opinión privada está siendo la encargada de generar nuestra opinión pública.

En un escenario europeo, donde padecemos la censura para el acceso a medios públicos o con financiación pública de otros países, o nos indican que tal o cual medio depende de tal o cual Estado, olvidaron indicarnos también qué grupos económicos y bajo qué intereses están la mayoría de los medios de comunicación que consumimos.

El poder cultural en España lo ostentan fundamentalmente los grupos mediáticos y los grupos editoriales; encargados del control de la mayoría de los medios de información y publicaciones escritas y, en algunos casos, también como productores y promotores de creaciones artísticas y de entretenimiento, producción de películas, series, programas de televisión, productos musicales, etc. Por lo que su proyección es bastante amplia. Entre estos grupos se destacan, entre otros, Mediaset España o el Grupo AtresMedia, es decir, y no por casualidad, parte de los querellantes contra Telegram.

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Sin embargo, debemos ser honestos y, efectivamente, el avance de Internet y de las redes sociales y de mensajería no solo sirven para poder contrastar informaciones sesgadas, sino que también es un campo abierto para actividades ilícitas, desde el abuso sobre los derechos de autor hasta redes de tráfico de personas, pornografía infantil, etc. No obstante, ante esta situación se han establecido medidas de control, normalmente a través de la aplicación de determinados filtros controlados por las propias empresas dueñas de las plataformas y aplicaciones actuales. E incluso desde los Estados se han impuesto multas cuando no se estaba procediendo a un control por parte de los gestores de estas redes sociales, plataformas o aplicaciones.

Solventar este escenario no es fácil, ni para las empresas que lo gestionan ni tampoco para los Estados, lo realmente llamativo es la rapidez y la radicalidad con que la justicia, o determinadas plataformas y aplicaciones, actúan para determinados casos y lo desbordados que se presentan para otros. Una doble vara de medir que nos puede hacer sospechar que el interés real no está tanto en regular las actividades ilícitas, sino en mantener el control sobre la información.


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2 comentarios

  1. Aquí hay que decir que el juez español Santiago Pedraz que ordenó cerrar Telegram (utilizada por muchas instituciones públicas de España y no sólo por particulares), y a las 72 horas dio marcha atrás, es un juez de los llamados mediáticos, no por su vida profesional, sino por su ajetreada vida sentimental sobre la cual da reportajes en la revista Hola!
    También hay que decir que la mayoría de los medios en España , desde los muy a la derecha hasta los que se dicen progresistas, criticaron la medida que intentó el juez. El sindicato ultra Manos Limpias, denunció al juez ante el Consejo del Poder Judicial para que le abriera un expediente por ordenar el cierre de Telegram, porque “se deduce que existen indicios de un presunto delito de prevaricación judicial”, por haber causado “un tsunami de alarma social, nacional e internacional”, por la adopción de “una resolución extralimitándose de sus competencias”, por haber “retorcido” la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que regula las competencias de la Audiencia Nacional y de no tener en cuenta “la proporcionalidad de la medida”. Argumentan además, que el hecho de que el juez rectificó su propia medida supone un reconocimiento implícito de que “no ha actuado con la aplicación correcta de las reglas procesales”, por lo que considera que ha cometido una falta muy grave, de acuerdo a los que establece el art. 417 de la LOPJ.(La Razón, 1 de abril 2024)
    El juez suspendió el cierre de Telegram antes de que se hiciera efectivo, al conocer un informe policial que le advertía de las consecuencias para millones de usuarios y de los efectos económicos de la medida.

    Asociaciones de profesionales y de cosumidores, anunciaron una lluvia de querellas contra el magistrado por perjuicios económicos.

    Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus se quejan de que los usuarios de Telegram comparten partidos de fútbol, series, películas o programas de televisión pirateados, y ellos se quedan sin cobrar. Pero los expertos en redes sociales e internet hacen notar que es sorprendente que por eso un juez quisiera bloquear Telegram, cuando no se hace por cosas más graves que ocurren en todas las redes sociales: narcotráfico,pornografía infantil, terrorismo, etc.

    El año pasado, un juez brasilero también intentó bloquear Telegram en una investigación contra neonazis, pero otro juez retiró la medida por considerarla desproporcionada.

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