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 ¿Es posible cambiar una ley por decreto?

Macri cambió la Ley de Tierras y facilita la compra a extranjeros

El Presidente dio marcha atrás con las restricciones para la venta de campos que impuso el kirchnerismo en diciembre de 2011. Es el primer paso hacia una ley sin topes

 

  (En la foto superior , Macri aborda el helicóptero del magnate Joe Lewis para ir al Lago Escondido… a los ojos de los demás argentinos)


POR MARTÍN TORINO / EL CRONISTA

El Gobierno modificó ayer por decreto la Ley de Tierras Rurales y volvió más laxas las restricciones para la venta de campos a extranjeros que impuso el kirchnerismo en diciembre de 2011.

“Este decreto busca destrabar las inversiones de afuera, hasta que tratemos de fondo un nuevo proyecto”, explicó un alto funcionario del Gobierno. El presidente Mauricio Macri quiere modificar la ley que impulsó Cristina Fernández ni bien asumió el segundo mandato y que fija el 15% como límite de toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial, y municipal, por parte de extranjeros. “Esa ley es una locura. Los extranjeros llegaron a tener como máximo el 6% de las tierras”, explicaron en Casa Rosada.

El oficialismo ya impulsa un proyecto de ley que busca consensuar con los senadores para no poner límites a la compra de tierras. “Si extranjeros llegan a comprar más del 15%, eventualmente, podemos ver si se limita la venta”, analizan en el macrismo.

Como primer paso, el Gobierno publicó ayer el decreto 820/2016 que introduce varios cambios y lleva las firmas del Presidente; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Por un lado, define que se considera titular extranjero a quien sea titular de “más del 51% del capital social de una persona jurídica”. Esto cambia la norma K. La iniciativa del kirchnerismo definía como extranjero a quien sea titular de “un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%)”.

Por otro lado, pone reparos a otro punto central de la ley que sancionó el kirchnerismo en la que advierte que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe.

El decreto en cambio presiona a las provincias para que en los próximos 30 días definan esas “equivalencias”, en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito. En caso contrario, la resolución del Gobierno advierte que el Consejo Interministerial de Tierras Rurales “fijará las equivalencias”.

Este consejo estará integrado por los ministros de Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y Defensa, mientras que cada provincia estará representada por los respectivos ministros de Agricultura de cada distrito.

Por otro lado, el Gobierno definió también que no habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en “Zona Industrial”, “Área Industrial” o “Parque Industrial”. El decreto indica que “dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados” en la Ley de Tierras Rurales.

Por tanto, las zonas industriales no tendrán límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal; ni las 1000 hectáreas en zona núcleo, ni estarán afectados por el artículo que sostiene que “en ningún caso” personas físicas o jurídicas “de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30%) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales”.


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2 comentarios

  1. Limitar la propiedad de áreas rurales en manos extranjeras es contraria a la Constitución
    Si bien no hay datos precisos acerca de la cantidad de tierras en manos de extranjeros, se estima que oscilaría entre un 5 y un 8 por ciento. En algunos casos esas tierras están dedicadas a la producción; en otros, sus propietarios las destinan a disfrutar de su belleza escénica, y en muchos casos se hace una combinación de ambos usos. Por lo que se conoce, las actividades se realizan de un modo razonable, es decir respetando el recurso.
    Lo que sí resulta esencial es la utilización que cualquier propietario o tenedor le da al suelo: porque esa tierra va a permanecer en nuestro país, siempre bajo el dominio originario de las provincias donde se encuentran e independientemente de quienes sean sus propietarios actuales, los que serán sucedidos por otros. Es elemental pero hay que resaltarlo: es imprescindible evitar que se realice un manejo abusivo, que se lo impacte indebidamente con agroquímicos, que se haga un uso excesivo del riego, que se contaminen los cursos de agua o que se talen sus bosques nativos. En pocas palabras, resulta necesario que se haga un uso sustentable porque, aun cuando se trata de un recurso esencialmente renovable, su mal manejo puede degradarlo o incluso agotarlo.
    Todos los recursos naturales que se encuentran dentro de las fronteras de nuestro país están, independientemente de la nacionalidad de su titular, bajo jurisdicción argentina y cualquier persona que quiera hacer uso de algún recurso subterráneo, por ejemplo el agua, debe obtener la autorización del Estado. De modo que el mero hecho de que una propiedad se encuentre sobre un acuífero o junto a un río, en nada cambia los efectos del control que el Estado puede hacer sobre su utilización. Ningún argentino o extranjero, si físicamente fuera posible, estaría autorizado a “llevarse el agua” si no contara con la venia administrativa pertinente. Lo mismo ocurriría, por ejemplo si se tratara de una actividad minera.

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