Los abogados de la LADH junto a «querellas particulares conformadas por los familiares de los militantes asesinados por la organización terrorista de ultraderecha, Graciela Pane y Carlos Banylis» junto a miembros de la LADH sobrevivientes de los atentados perpetrados por la Triple A como Carlos Zamorano y José Ernesto Schulman, le reclamaron al juez que «impute a los ocho detenidos en la causa por los delitos de homicidio, tormentos y privación ilegal de la libertad».

Además del jurista Zamorano y de Schulman, actual secretario nacional de la LADH, participaron del acto representantes de H.I.J.O.S y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, del Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista y de la Agrupación «Ortega Peña» de la UBA.

Todos se comprometieron a «construir una unidad amplia para luchar contra la impunidad de los personeros de la Triple A y exigir el Juicio y Castigo a todos los responsables de sus crímenes», explicó la LADH en un comunicado.

Del acto participaron la cantante Lina Avellaneda, hermana de Graciela Pane, asesinada por la Triple A; Alexis Banylis, integrante de la Agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), y Patricio Echegaray y Vìctor Kot,  secretario general y secretario adjunto, respectivamente, del Partido Comunista.  

También estuvieron presentes Bernardo Alberte, hijo del teniente coronel homónimo que fuera delegado de Perón y un referente de la resistencia peronista y al que la dictadura asesinó el mismo día del golpe, y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

El abogado Olivier Reboursin informó primero sobre la presentación judicial y su objetivo de impulsar y acelerar los tiempos de la causa penal abierta de más antigüedad de la Argentina (reabierta en 2006 a raíz de la detención en España del subcomisario retirado Rodolfo Eduardo Almirón) de modo que los responsables ideológicos y materiales de los crímenes que precedieron «a la instauración definitiva del terrorismo de Estado en la Argentina».

Después habló Lita Boitano que pidió unidad de las más amplias fuerzas políticas y sociales en torno a la exigencia de que se juzgue a los responsables de los crímenes de Estado cometidos antes del golpe cívico-militar de marzo de 1976.

Boitano valoró muy positivamente la reciente sentencia dictada a parte de los responsables materiales de la «Masacre de Trelew», perpetrada en agosto de 1972, y subrayó que marca un precedente en lo que hace al juzgamiento de crímenes de Estado previos al 24 de Marzo de 1976.

«Los crímenes de la Triple A mostraron una visibilidad cruel y obscena. Sin embargo todavía no pudimos hacer visibles a sus responsables, al contrario de lo que sucede con los crímenes de la dictadura, dónde si estamos pudiendo hacer que se conozca, que se visibilice a sus perpetradores», dijo a su turno Schulman.

Revertir esta situación, agregó, requiere de «una firme actitud de las organizaciones populares», de modo «que avancemos y exijamos una actitud que quiebre la voluntad manifiesta del poder político y del Poder Judicial para que no se debatan los crímenes de las Tres A como lo que fueron: una herramienta contra el movimiento popular todo, y se quiebre el cerco de impunidad que rodea los crímenes del período previo al golpe».

Schulman dijo que en el expediente judicial se encuentra acreditada «la integración de la Triple A con los elementos más brutales de la derecha peronista» de mediados de los ’70, particularmente con Concentración Nacional Universitaria (CNU) y la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), la «Jotaperra liderada por Julio Yessi, hoy procesado» en la causa.

«No se trata de sumar pruebas, que ya hay de sobra -concluyó-, sino de forzar una voluntad que garantice el juicio y castigo», enfatizó Schulman, que recordó que fue la LADH la que pidió «en su momento que se extradite a Isabel Perón como máxima responsable».
Bernardo Alberte (h) valoró también la convocatoria e hizo mención a una prueba por él incorporada a la causa que da cuenta de la primera reunión de gabinete realizada tras la muerte de Perón en 1974.

En dicha reunión, aseguró, el ministro de Bienestar Social y fundador de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), José López Rega habría marcado con un puntero los nombres de una lista de dirigentes peronistas que debían ser eliminados.

«En el listado estaba primero Julio Troxler –mítico referente de la resistencia, sobreviviente de la Masacre de José León Suárez (los fusilamientos dsel 9 de junio de 1956) y subefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en tiempos del gobierno de Héctor J. Cámpora, luego asesinado por la Triple A, luego asesinado por la AAA- en primer lugar, y mi padre en el segundo».

Cerró el acto Patricio Echegaray se refirió, entre otras cosas, a la influencia de la OAS francesa (Organización del Ejército Secreto, militares antidegaullistas y ultraderechistas opuestos a la pérdida de las colonias de Argelia e Indochina) en la creación de la Triple A en particular, y en las fuerzas militares y policiales de la época en general.

«Tenemos que actuar en dos frentes: en el jurídico del modo más técnico y científico posible, exigiendo a los tribunales justicia para las víctimas, y en el político actuando desde la unidad de los que luchan contra la impunidad», concluyó.

Y luego, como cuadra a la tradición de las organizaciones marxistas, verbalizó las cuatro consignas de la convocatoria. «Por Justicia por todos y todas las compañeros y compañeras víctimas de la Triple A» y «por el Juicio y Castigo a todos los responsables» fueron la primera y la segunda.
 
«Por Memoria, Verdad y Justicia», la última.

La tercera fue «Por la ampliación de las investigaciones para el fin de la impunidad».

Quizá sea la clave puesto que «Es sabido que la Triple A estuvo vertebrada en torno a algunas superintendencias de la Policía Federal (de Seguridad, de Comunicaciones, etc.) y a las custodias de la presidenta María Estela Martínez de Perón y el ministro López Rega, integradas exclusivamente por policías federales retirados, o en disponibilidad, o exonerados y reincorporados por López Rega, quien a su vez se hizo ascender de cabo 1º a comisario general», dijo a Télam una fuente calificada del Archivo Nacional de la Memoria (ANM).

«El juez Oyarbide, con innumerables, enraizados y sólidos vínculos con la repartición, no ha hecho prácticamente nada en casi seis años por avanzar a esta dirección. Hasta el punto de que ni siquiera ha citado a declarar como testigos a los miembros de las custodias de «Isabel» Perón y López Rega», remató.

A comienzos de junio últimos, Oyarbide ordenó detener al ex periodista Jorge Conti, yerno de López Rega de quien fue secretario de Prensa; Carlos Alejandro Villone, secretario privado de López Rega, Julio Yessi, quiuen fue jefe de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA).

También fueron apresados Raúl Ricardo Arias, ex funcionario del MBS, los ex policías federales Carlos Jorge Duarte y Rubén Pascuzi, y el ex cabo de la policía bonanerense Norberto Cozzani, que ya cumplía prisión preventiva en el marco de la causa Camps.