UTOPHIA AMBIENTAL: La represa arrocera de Aranda / El glifosato, «veneno certificado».
Les recomiendo enfáticamente dos artículos con enlace a las fuentes. El del arma climática (glogueen un poco «HAARP» y después me cuentan) y el de la estafa planetaria con la Gripe A.
GLIFOSATO: «VENENO CERTIFICADO» .El glifosato produce malformaciones en embriones anfibios y sus efectos alertan sobre las consecuencias en humanos. La revista científica Chemical Research in Toxicology, acaba de publicar el trabajo del argentino Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet.
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Es por el tratado de 1975 sobre el Río Uruguay
Por qué la represa del vice de Clarín puede reabrir el conflicto de Botnia
Publicado el 15 de Agosto de 2010
Por Fernando Pittaro
Documentos «confidenciales» revelan que los negocios de Aranda y Colombi pueden perjudicar el vínculo entre ambos países. Durante el conflicto por la pastera, el gobierno pidió explicaciones al gobernador correntino. Nunca las dio.
La construcción de la represa Ayuí Grande es, desde septiembre de 2008, una verdadera cuestión de Estado para la Argentina. Y secreta, porque se mantuvo en silencio hasta hoy. Así lo demuestra una serie de documentación «confidencial» a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, en forma exclusiva. Se trata de varias cartas y notas internas que intercambiaron altos funcionarios de la Cancillería argentina; de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; y de la Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (DACARU). Manejaron el tema en absoluto resguardo, entre el 3 de septiembre de 2008 y el 16 de febrero de este año. Es que el intercambio ocurrió en pleno conflicto diplomático con el Uruguay, por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos. Y lo que evaluaron los organismos del Estado Nacional era que la construcción del emprendimiento arrocero del vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y del multimillonario húngaro George Soros, podía contaminar el Arroyo Ayuí, cuyas aguas desembocan finalmente en el Río Uruguay, el mismo lugar en el que transcurrió el conflicto.
La posibilidad de un nuevo enfrentamiento bilateral alertó a las autoridades, que dejaron su preocupación por escrito. El 18 de enero de 2010, la DACARU exigió información al gobierno correntino para determinar «el efecto negativo que podría tener (que) en la Argentina se autorice una obra tal, en momentos en que la Corte Internacional de Justicia delibera sobre la demanda por violación del mecanismo de información y consulta previa del Estatuto del Río Uurguay».
Una alta fuente diplomática, que pidió estricta reserva de su identidad, interpretó la situación: «Esto nos jode a los argentinos. Imagínese, sería darles la razón a los uruguayos. Si nosotros les recriminamos judicialmente porque no avisaron con anticipación la instalación de Botnia, esta sería la excusa perfecta para que hagan lo propio con la construcción de la represa. Sería clavarnos un puñal en la espalda nosotros mismos» (ver recuadro).
La represa que construirá la firma Copra SA, de Aranda, junto con Adecoagro, de Soros, se empezará a concretar el mes que viene. Así lo aseguran directivos locales y funcionarios provinciales (ver recuadro). Y esa construcción equivale a privatizar el Arroyo Ayuí para inundar 8000 hectáreas, que regarán otras 18 mil, prácticamente la mitad de la superficie que ocupa la Ciudad de Buenos Aires. ¿El objetivo? Multiplicar la producción de arroz de Aranda y Soros. La oposición de distintos ambientalistas y de los propios vecinos fue notoria de inmediato. Mientras el vicepresidente del Grupo Clarín pretende producir 120 mil toneladas más de arroz, para exportar a Venezuela, el resto de los productores río abajo aseguran que será una tragedia: se quedarán sin agua, lo cual perjudicará al extremo sus posibilidades de producción.
Lo que nadie sabía era que el perjuicio puede extenderse a todos los argentinos. Por la posibilidad de desencadenar un conflicto, ya no local, sino internacional. De allí la preocupación que quedó asentada en la carta, fechada el 3 de septiembre de 2008, de la DACARU. Lleva el número 189/2008: «Siendo que el Arroyo Ayuí desemboca en el Río Miriñay, que constituye uno de los principales efluentes del Río Uruguay, debe inferirse que el aporte de nutrientes llegará a este último. Si partimos de la base que el embalse de Salto Grande presenta un alto grado de eutrofización, ese aporte agravaría este estado.» El punto es que evaluaban que a la obra «podrían resultarle de aplicación» los artículos 7 al 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Allí se especifica que «la parte que proyecte cualquier tipo de obra u aprovechamiento de las aguas del río, que pueda llegar a tener entidad suficiente para afectar la calidad de las mismas, deberá comunicarlo a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)».
La carta termina con un párrafo contundente: «Esta delegación argentina considera conveniente una comunicación directa con las autoridades competentes en la materia de la provincia de Corrientes, requiriendo la confirmación del proyecto o no y, en su caso, detalles técnicos de la obra».
En simultáneo, la entonces secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, también realizó un pedido de informes a las autoridades provinciales. Lo hizo en una carta dirigida directamente a Arturo Colombi, quien era gobernador de Corrientes. «Los impactos ambientales involucrados en un emprendimiento como el que nos ocupa, que inciden a nivel ecosistémico y muchas veces se proyectan a otras jurisdicciones, fundamentan mi preocupación y el interés nacional en informarse detalladamente del proyecto presentado», escribió Picolotti.
En diálogo con este diario, la ex funcionaria reconoció que «nunca obtuvimos ninguna respuesta del gobierno provincial. Al no tener jurisdicción federal, le mandamos una carta formal al gobernador diciendo que la Secretaría de Medio Ambiente tenía preocupaciones sobre el tema, y que nos poníamos a disposición del gobierno para intermediar con la comunidad» (ver recuadro).
Aranda y Soros diseñaban la estrategia política del emprendimiento, mientras que en el diario Clarín se informaba que «Un estudio sobre el aire dice que Botnia no lo contamina». Aseguraban que el trabajo «no encontró pruebas contundentes acerca de que el aire de Gualeguaychú haya sufrido contaminación tras el comienzo de la producción de celulosa».
Casi dos meses después del pedido de la Secretaría de Medio Ambiente, el gobierno correntino envió una respuesta llena de evasivas. La carta del 28 de octubre llevaba la firma del ingeniero Mario Rujana, administrador del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA). Aseguraba que el proyecto «no se encuentra territorialmente en el Sistema Iberá y el mismo no ha sido aún aprobado, encontrándose en etapa de análisis y evaluación con solicitud de ampliatoria de información».
«Botnia ya produce tanta celulosa como 30 papeleras argentinas», tituló Clarín el 10 de noviembre de 2008, y aseguró que «a un año de empezar a echar su humo blanco enfrente de Gualeguaychú la pastera Botnia produjo 850 mil toneladas de celulosa».
Mientras tanto, la tensión en Cancillería se incrementaba. El documento confidencial que escribió Susana Ruiz Cerutti, de la Dirección General de la Consejería Legal, puso en conocimiento de la situación a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y agregó que cualquier información debía hacerse llegar a la «Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay y deberán abstenerse de enviar comunicación alguna a la Comisión Administradora del Río Uruguay «. En concreto, Cerutti advertía que la información sólo tenía que circular por manos argentinas.
Las autoridades correntinas nunca brindaron detalles específicos de la obra en cuestión. La comunicación siguiente se estableció el 18 de noviembre de 2009, y fue para invitar formalmente al presidente de la DACARU, embajador Hernán Darío Orduna, a la audiencia pública ambiental que se realizó el 4 de diciembre de 2009 en la ciudad de Mercedes.
Un mes después, el 22 de diciembre de 2009, el ingeniero Rujana envió la última carta a la DACARU. Fue para transmitir que «la convocatoria tuvo amplia y exitosa participación ciudadana dado que se inscribieron 96 personas para exponer sus opiniones oralmente y asistieron más de 500 personas».
La inquietud del cuerpo diplomático se acentuaba. Las notas y memorandos internos daban cuenta de la envergadura del emprendimiento «que abarcaría más de 77.000 hectáreas, provocando la eliminación de bosques en galería a lo largo de 137 kilómetros, razón por la cual resulta preciso determinar si la obra es susceptible de producir cambios en el ecosistema del Río Uruguay y, consecuentemente, si corresponde o no someterlo a la CARU».
Pero Aranda ya tenía lo que necesitaba. El decreto del gobernador Arturo Colombi. El 1439/09. Un día antes de dejar el cargo, le allanó el camino al empresario, habilitándolo para la obra.
La advertencia de Cerutti, entonces, fue más completa el 18 de enero de 2010. Había que evaluar, escribió, «el efecto negativo que podría tener en la Argentina que se autorice una obra tal en momentos en que la Corte Internacional de Justicia delibera sobre la demanda invocada por la República Argentina, entre otros méritos por violación del mecanismo de información y consulta previa del Estatuto del Río Uruguay».
Se volvió, entonces, a pedir información a Corrientes. «Al señor gobernador Horacio Ricardo Colombi (primo del gobernador saliente)», encabeza el escrito realizado por Cerutti y el Ministro de Gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ricardo Larriera. «Resulta preciso determinar si el Proyecto es susceptible de producir efectos en el ecosistema del Río Uruguay –explican– y consecuentemente si corresponde o no someterlo a la CARU (…) disponga que se haga llegar a este Ministerio todos los antecedentes y la información completa del Proyecto».
El último párrafo es contundente: «resulta necesario que se proceda a autorizar la realización de las obras proyectadas ni el inicio de las mismas hasta tanto se concluya si el Proyecto debe ser sometido a la CARU».
El gobernador no respondió. Desde Cancillería insistieron. Fue el 16 de febrero de 2010, y con la firma del por el entonces secretario de Relaciones Exteriores de la cancillería, embajador Victorio Taccetti. «Como es de su conocimiento, la República Argentina y la República Oriental del Uruguay se encuentran vinculadas por el Estatuto del Río Uruguay de 1975 que, entre otras obligaciones, establece un mecanismo de información y consulta previa al co-ribereño, por intermedio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)–continúa Taccetti–, órgano binacional creador por el Estatuto, en el caso de que una de las partes planee construir una obra u otro emprendimiento que sea susceptible de producir efectos sensibles al régimen del Río Uruguay o la calidad de sus aguas.» El texto de la carta tenía un claro objetivo: advertir a la máxima autoridad correntina del potencial conflicto diplomático que podría haber en puerta si se seguía adelante con el proyecto de construcción de la represa sobre el Arroyo Ayuí, que es parte de la serie de afluentes del Río Uruguay. Pero Colombi siguió sin responder.
La última jugada provincial se concentró en la Legislatura, donde se transformó en ley el decreto de Arturo Colombi. Fue en junio de este año. Y así se posibilitó, por lo menos hasta hoy, que el proyecto de Aranda y Soros empiece a construirse el mes que viene. A pesar de la denuncias de ambientalistas y especialistas en contaminación, de las advertencias de Cancillería, de la CARU y de la Secretaría de Medio Ambiente.
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Glifosato: «VENENO CERTIFICADO» por la investigación del Dr. Andrés Carrasco
La Voz Entrerriana
Por Darío Aranda
«Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (anfibio), interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario», alertó en abril de 2009 el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco. Fue la primera vez que un estudio de laboratorio de Argentina confirmaba el efecto perjudicial del agroquímico pilar del modelo de agronegocios.
Luego del anuncio, Carrasco fue blanco de una campaña de desprestigio por parte de las empresas del sector, medios de comunicación y funcionarios. Aunque el científico aclaró que se trataba de un avance de investigación, el principal cuestionamiento fue la falta de publicación en una revista científica, que -según los sostenedores de los agronegocios y buena parte del mundo académico- sería lo que otorga validez al saber científico.
Un año y medio después de aquella alerta, el lunes último, la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco, donde se confirma que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advierte: «Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo«.
El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo en investigaciones académicas, funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un espacio de referencia nacional en el estudio científico, conformado por doctores en bioquímica, genética y biología. Durante 30 meses estudió el efecto del glifosato en embriones anfibios y de pollos. «Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico», es el título de la investigación, que confirma deformidades producidas por el agroquímico en concentraciones de hasta 5000 veces menos que el producto comercial (500 veces menos de las utilizadas en agricultura).
Las diez páginas de la revista científica están plagadas de términos técnicos que, de distinto modo, dan cuenta del efecto negativo del agroquímico: microftalmia (ojos más pequeños de lo normal), microcefalia (cabezas pequeñas y deformadas), ciclopía (un sólo ojo, en el medio del rostro, malformación conocida en clínica médica), malformaciones craneofaciales (deformación de cartílagos faciales y craneales) y acortamiento del tronco embrionario. Y no descarta que, en etapas posteriores, se confirmen malformaciones cardíacas.
«Los embriones más gravemente afectados carecen de ojos y fosas nasales (…) El glifosato interfiere con mecanismos esenciales del desarrollo temprano conduciendo a malformaciones congénitas», explica la investigación, publicada en la revista científica Investigación Química en Toxicología (Chemical Research in Toxicology), de la Sociedad Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés, entidad con sede en Estados Unidos, que cuenta con más de 160.000 miembros y es una sociedad científica referente a nivel mundial).
Argentina cuenta en la actualidad con 19 millones de hectáreas de soja transgénica, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país, y 190 millones de litros de glifosato, donde la marca comercial más famosa es el Roundup, de la compañía Monsanto, que comercializa la semilla de soja resistente al agroquímico. También producen glifosato las empresas Syngenta, Atanor, Dupont y Bayer, entre otras. El químico se utiliza en la producción de arroz, donde también acumula denuncias por sus efectos sanitarios.
El agroquímico tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrado por el viento y el agua. Se rocía (vía aérea o terrestre) sobre los campos. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, el resto de los vegetales absorbe el veneno y muere en pocos días. La publicidad de las empresas clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre.
«El efecto (del glifosato) sobre embriones abre la preocupación acerca de los casos de malformaciones en humanos observados en poblaciones expuestas en zonas agrícolas», remarca la revista científica y explica: «Debido a defectos craneofaciales observados en seres humanos de zonas agrícolas decidimos explorar si los genes implicados en el desarrollo de la cabeza son alterados con el agroquímicos. Confirmamos que tanto la marca comercial como el glifosato puro producen defectos cefálicos».
Los resultados experimentales se realizaron en embriones anfibios y de pollos, modelos tradicionales de estudio en embriología cuando se investigan trastornos en el desarrollo de vertebrados. «Debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados de ambos modelos (anfibios y pollos) son equivalentes con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano», explica el profesor de embriología de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
La revista científica señala que se avanzó en un hecho inédito, de particular interés para el ámbito científico, que es vincular las malformaciones con la incidencia del glifosato en el aumento del ácido retinoico (derivado de la vitamina A, normal en todos los vertebrados y esencial para la regulación correcta de los genes involucrados en la vida embrionaria). «Pequeñas variaciones de ácido retinoico producen malformaciones. Nuestro trabajo es la primera evidencia de que las malformaciones producidas por el glifosato se asocian con el ácido retinoico», explicó Carrasco a Página/12.
Luego de detallar hasta el extremo las formas de cómo se realizaron los análisis, la investigación problematiza los aspectos macro de la problemática argentina: «El modelo agrícola basado en el paquete tecnológico de OMG (Organismos Genéticamente Modificados) en la actualidad se aplica sin evaluación crítica, sin normas rigurosas y sin información adecuada acerca del impacto de las dosis subletales sobre la salud humana y el medio ambiente».
La investigación -que lleva la firma de todo el equipo científico de Carrasco- recuerda que en la última década varios países de América latina iniciaron estudios sobre las consecuencias ambientales del uso de herbicidas y pesticidas y destaca que en Paraguay un estudio epidemiológico en mujeres expuestas durante el embarazo a los herbicidas confirmó 52 casos de malformaciones.
También remarca que Argentina cuenta con antecedentes que debieran haber llamado la atención de los organismos de control. Destaca el aumento en la incidencia de malformaciones congénitas informado desde hace cinco años por el bioquímico y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Horacio Lucero, y la situación del barrio cordobés Ituzaingó Anexo (rodeado de soja y donde se detectaron casos de malformaciones y repetidos abortos espontáneos).
«Estos hallazgos se concentran en familias que viven a escasos metros de donde regularmente se rocían los herbicidas. Toda esta información es extremadamente preocupante por riesgo de inducir alteraciones en la gestación humana», confirma la publicación internacional, recuerda que la literatura científica ya comprobó que los factores ambientales inciden durante el embarazado y, sobre todo, remarca que «la placenta humana ha demostrado ser permeable al glifosato».
El trabajo del Laboratorio de Embriología de la UBA hace especial hincapié en el «principio precautorio», legislado en la Ley Nacional del Ambiente, que insta a tomar medidas protectoras toda vez que existan posibilidades de perjuicio ambiental y sanitario. La investigación de Carrasco, que aporta nuevos elementos de prueba, cuestiona que «a pesar de todas las pruebas reportadas en la literatura científica y las observaciones clínicas en el campo, no se ha activado el principio de precaución con el fin de darse cuenta de la profundidad del impacto sobre la salud humana producida por herbicidas en la agricultura basados en OGM».
Andrés Carrasco insistió en que su publicación científica es, junto a otros estudios ya realizados, «un alerta que reclama la aplicación del principio precautorio en todo el país» y adelantó a Página/12 que puso su investigación a disposición de las autoridades del Conicet y de los ministros de Salud (Juan Manzur) y Ciencia (Lino Barañao). «Esta investigación, junto con otras ya existentes, deben invitar de forma urgente a un debate abierto a la sociedad con las máximas autoridades -reclamó-. Es necesario terminar con el silencio, ya que la peor de las situaciones es la negación de lo que está sucediendo en las poblaciones sometidas al impacto de los agroquímicos.»
www.pagina12.com.ar
www.uba.ar
www.ecoportal.net
RENACE, Red Nacional de Acción Ecologista, comunica que quienes deseen recibir completo el trabajo de investigación editado por Chemical Research in Toxicology, deberán solicitarlo al contacto que figura al pie.
En el atardecer del sábado 7 de agosto, el Dr. Andrés Carrasco llegaba a dictar una charla abierta a la comunidad a La Leonesa, provincia de Chaco. Pero su exposición se abortó violentamente. Un grupo de empleados municipales y trabajadores arroceros que defienden las fumigaciones, encabezados por el intendente local José Carbajal, amenazaron y golpearon a parte de la comitiva que acompañaba al expositor, debiendo hacerse presente personal de la Policía de la provincia y de Gendarmería Nacional.
Por Fernando Glenza | Desde la Redacción de APM
Estos números siguen incrementándose, ahora también de la mano de la SD en arroz, en donde la siembra tradicional –que prescindía del «glifosato»- casi dejó de existir.
La SD en arroz fue desarrollada por empresas como Copra SA –cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda- y Adecoagro –del financista húngaro George Soros-, que integran el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA) Avatí-í. Este planea la construcción de una represa sobre el río Ayuí, en la provincia de Corrientes, para regar 18 mil hectáreas de plantaciones, para producir 120 mil toneladas anuales de granos con destino a la exportación, el emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur.
De la mano de la SD, la actividad arrocera se está expandiendo fuera de las tradicionales regiones productoras del grano –las provincias de Entre Ríos y Corrientes- hacia las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe, poniendo en riesgo la mayor parte de los «humedales» del país, esto es, bañados, esteros, pantanos, ciénagas.
La importancia de los «humedales» es altamente reconocida, son los sitios de mayor biodiversidad y recarga de los acuíferos. Por lo que poner en contacto el «glifosato» y otros herbicidas con el agua es por demás preocupante.
El «glifosato» es sólidamente cuestionado por afectar a la salud y al ambiente por algunos científicos, como Andrés Carrasco –director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA)-, lo que le valió un duro ataque de las cámaras patronales sojeras.
Este duro ataque se reeditó recientemente en la provincia de Chaco el pasado 7 de agosto, cuando una exposición suya, junto Hugo Lucero –jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)-, fue abortada violentamente por un grupo de personas –ahora vinculadas al sector arrocero- que amenazaron y golpearon a parte de la comitiva que lo acompañaba, debiendo hacerse presente personal de la policía de la provincia y de Gendarmería Nacional.
Si ya estamos forzando la frontera agrícola hasta límites insospechados por la implementación de la SD de soja –que relegó a la ganadería a zonas marginales o a lotes de corral («feedlots»), que destruyó bosques y que desplazó poblaciones-, pareciera ser que la próxima frontera son los «humedales», esas zonas que se inundan permanente o intermitentemente.
Y si se inundan, estamos hablando de agua, un bien común que recientemente la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó con mayoría la propuesta –presentada por Bolivia y respaldada por otros treinta y tres Estados- de declarar el acceso al agua potable como Derecho Humano (DDHH). Tener en casa agua potable y limpia es ahora un derecho que debe cumplirse en todo el mundo, sin embargo, parece que lo estamos hipotecando.
09-08-10 Por Ignacio Sabbatella
América latina tiene por delante un desafío enorme en materia ambiental. A pesar de los cambios políticos profundos suscitados en la región, los gobiernos progresistas no han podido desembarazarse del rol asignado en la división internacional del trabajo. Es necesario rediscutir los fundamentos del sistema capitalista para comprender los problemas ecológicos. Entender no sólo la relación contradictoria capital-trabajo sino también la contradicción capital-naturaleza: la capacidad proveedora y receptora de la naturaleza es limitada y, por lo tanto, incompatible con la acumulación ilimitada de capital.
En este artículo intentaremos exponer brevemente algunos de los desafíos que afronta América latina en materia ambiental. A tal fin, comenzaremos analizando los factores estructurales de la crisis ecológica global. Luego, expondremos lo que hemos denominado desigualdades ambientales, las formas que asumen y los conflictos que pueden albergar. En último lugar, haremos referencia al comportamiento y a las estrategias políticas que los gobiernos latinoamericanos llevan y pueden llevar a cabo.
La humanidad enfrenta una crisis ecológica de gran magnitud y con tendencia a agravarse. Sus manifestaciones pueden agruparse en dos grandes problemas, íntimamente relacionados. En primer lugar, la degradación ambiental, la cual envuelve la contaminación del aire, de los cursos de agua (superficiales y subterráneos) y del suelo. El denominado cambio climático se ha vuelto su cara más visible hoy en día. Y en segundo lugar, el progresivo agotamiento de bienes naturales, esenciales para la vida humana: agua dulce, minerales, tierra fértil, fuentes de energía. Las estadísticas de la World Wide Fund For Nature (WWF) indican que la demanda mundial sobre los recursos biológicos del planeta supera en un 30 por ciento la capacidad de regeneración de la naturaleza.
Es posible ubicar temporalmente la acelerada degradación ecológica en las últimas cuatro décadas, período que coincide con la implementación de las políticas neoliberales. Adjudicar la responsabilidad a la acción del hombre de modo abstracto, como suele hacerse en análisis ligeros o intencionados, oculta la forma histórica en la cual está inserta esa acción.
Tampoco nos conforma adjudicarla en el conjunto de ideas propias de la modernidad, es decir, la fe en el progreso indefinido de las fuerzas materiales. No nos dice nada acerca de cuál es la forma en la que el hombre se apropia de la naturaleza en un momento determinado dado el régimen de producción y reproducción material dominante.
Es necesario rediscutir los fundamentos del sistema capitalista para comprender los problemas ecológicos. Entender no sólo la relación contradictoria capital-trabajo sino también la contradicción capital-naturaleza: la capacidad proveedora y receptora de la naturaleza es limitada y, por lo tanto, incompatible con la acumulación ilimitada de capital.
Capital vs. naturaleza
Dada la estructura atomizada y caótica del capitalismo, la forma predominante en la cual el hombre se vincula con la naturaleza es a través de la apropiación privada y la mercantilización. El hombre se encuentra alienado respecto del mundo natural y el capital fetichiza la naturaleza.
El Estado aparece mediando entre el capital y la naturaleza, regulando su acceso y su explotación. Sin embargo, las políticas de privatización de empresas públicas, desregulación de los mercados y apertura económica del neoliberalismo desarmaron los mecanismos estatales que resguardaban en gran medida la naturaleza.
El capital aceleró, por ende, su dominio sobre el mundo natural en función de la producción de plusvalor. Es un proceso simultáneamente extensivo e intensivo. Extensivo porque el capital se va adueñando de cada porción de la naturaleza, ampliando las fronteras de extracción como continuidad de la acumulación originaria. E intensivo porque cada vez precisa una mayor cantidad de bienes naturales y un mayor sometimiento de las fuerzas naturales.
Asimismo, podemos observar que el debilitamiento de las regulaciones estatales también acelera los procesos de contaminación ya que deja librado a los capitales individuales a deshacerse de desechos sólidos, líquidos y gaseosos sin tratamiento alguno. La lógica de la maximización de ganancias señala que el cuidado del medio ambiente no entra en los gastos productivos del capital.
Desigualdades ambientales
Habiendo analizado las características específicas del modo de producción capitalista en lo que hace a su relación con la naturaleza, ahora veremos cuáles son sus impactos sociopolíticos. Así como estamos acostumbrados a hablar de desigualdad social o económica, consideramos pertinente introducir el concepto desigualdad ambiental para dar cuenta de las relaciones de poder que se reproducen también en el ámbito ecológico.
Existen dos formas en las que se manifiesta la desigualdad ambiental: la desigualdad en el acceso a y control de los bienes naturales y la desigualdad en el acceso a un ambiente sano. La primera forma se refiere a las asimetrías de poder existentes para disponer, aprovechar, utilizar bienes esenciales para la vida, tales como agua, tierra y energía. La segunda forma está relacionada con la protección del medio ambiente y con las asimetrías de poder en la distribución de la degradación ambiental derivada de actividades productivas.
En el caso de la actividad extractiva de la minería y de los hidrocarburos se conjugan ambas formas de desigualdad, ya que en todo el mundo son apropiadas por poderosos capitales transnacionales en detrimento del acceso de poblaciones locales, que además sufren desplazamientos territoriales, y se realiza con bajos costos económicos y altísimos costos ecológicos, dada la utilización de grandes cantidades de agua, contaminación con químicos, quema de gases, etc. También resultan peligrosas estas actividades en su transporte, sea por la rotura de mineraloductos, oleoductos y gasoductos o las pérdidas en barcos petroleros.
La persistencia o la magnitud de las desigualdades ambientales son generalmente condición de posibilidad de conflictos socioambientales: se trata de disputas por la apropiación y/o mantenimiento de los bienes naturales y por el acceso a un ambiente sano o por la protección del medio ambiente, a escala local, nacional o internacional. Al mismo tiempo atraviesan distintos tipos de desigualdad social que generan nuevos conflictos o disputas en viejas relaciones desiguales, como el clásico intercambio desigual entre los países del Norte y los países del Sur. En los primeros se ubican los grandes centros de demanda, consumo y contaminación, mientras que los países más pobres quedan relegados a meros proveedores de bienes naturales. Un dato que ilustra: el 80 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático pertenece al 20 por ciento de la población mundial, concentrada en Estados Unidos, Europa y Japón.
Se reedita la división internacional del trabajo, donde las regiones con grandes riquezas naturales que escasean en otras partes del mundo se tornan apetecibles para la apropiación capitalista. Las riquezas de América latina la convierten nuevamente en un proveedor de materias primas, alimentos y energía para las economías industrializadas. A su vez, los países más ricos intentan trasladar el costo ambiental de las industrias más sucias. El ejemplo más cercano son las plantas de celulosa, siendo la pastera UPM (ex Botnia) la que generó más conflictos y cobró mayor notoriedad.
Dentro del ámbito nacional, también existen desigualdades ambientales que se superponen con desigualdades de otro tipo. En condiciones normales de acumulación, la apropiación capitalista restringe progresivamente el acceso a los bienes naturales y genera una distribución de los efectos de la degradación ambiental en mayor medida sobre pobres, negros, indígenas, campesinos, etcétera. En tiempos de crisis, sea económica o ecológica, la brecha de la desigualdad ambiental también se agranda porque el capital está dispuesto a salvar su propio pellejo a cualquier precio, transfiriendo los costos hacia otros sectores sociales.
Del extractivismo al neoextractivismo
En el contexto de las desigualdades analizadas, América latina tiene por delante un desafío enorme en materia ambiental. A pesar de los cambios políticos profundos suscitados en la región en la última década, los gobiernos progresistas no han podido desembarazarse del rol asignado en la división internacional del trabajo y en algunos casos lo han profundizado.
Países como Venezuela y Bolivia han tenido un destacable rol a nivel internacional como sucedió en Copenhague en diciembre pasado, responsabilizando al mismo sistema capitalista en relación con el cambio climático. Asimismo, cabe enfatizar la importancia de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático impulsada por el presidente boliviano Evo Morales y que tuvo lugar en Cochabamba en abril último.
Sin embargo, son numerosas las tareas pendientes en el marco interno. Si en la etapa neoliberal predominó una política extractivista con respecto a la naturaleza, la última década es caracterizada por el investigador uruguayo Eduardo Gudynas bajo el rótulo de neoextractivismo.
El término extractivismo se refiere al predominio de actividades económicas basadas en la remoción de grandes volúmenes de bienes naturales, que no son industrializados o se lo hace limitadamente, con el objetivo prioritario de destinarlos a los mercados internacionales. En la historia de América latina no resulta una novedad ya que podríamos remontarnos a los inicios de la colonia misma. Pero sí es interesante observar cómo las políticas neoliberales de la década de los noventa profundizaron el perfil primario exportador de las economías latinoamericanas a partir de una legislación favorable a capitales transnacionales.
A pesar de una retórica crítica del neoliberalismo, en las políticas de los gobiernos progresistas persiste buena parte de los componentes de aquel extractivismo combinados con nuevas características. El neoextractivismo promueve un estilo de desarrollo basado en la explotación intensiva y extensiva de la naturaleza, que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de la inserción internacional como proveedores de bienes naturales. Los altos precios internacionales redoblan las exportaciones petrolera, minera y de monocultivos. El componente más novedoso es que el Estado adquiere un rol más activo en esos sectores, buscando fundamentalmente la captación de una mayor renta que le permita una redistribución de ingresos a través de políticas sociales. En muchos casos, los gobiernos logran una legitimación importante hacia el conjunto de la población pero se avizora como una política con límites muy definidos. Además de los impactos negativos sobre la naturaleza, se agrandan las desigualdades ambientales en las regiones donde abundan riquezas. No casualmente sino causalmente, se multiplican los conflictos ambientales donde es común encontrar poblaciones locales, campesinas e indígenas enfrentadas a transnacionales petroleras y mineras o resistiendo el desplazamiento que imponen los monocultivos.
Difícilmente los gobiernos latinoamericanos cambien el rumbo en el corto plazo y todo hace suponer que las tensiones sociales seguirán presentes en los próximos años. Si bien Gudynas nota las diferencias entre países de acuerdo con el tipo de intervención del Estado y el desenvolvimiento de las economías extractivas, creemos necesario enfatizar aún más estas diferencias.
En algunos casos se mantiene el control privado de aquellos sectores, como claramente podemos notarlo en la Argentina. La explotación de hidrocarburos sigue en manos del capital a pesar de la brusca caída de reservas y la crisis energética que acecha la economía desde hace unos años. Los megaemprendimientos de minería a cielo abierto se multiplican por decenas pese a las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las poblaciones aledañas. La soja transgénica sigue ampliando su frontera, a costa de poner en riesgo la soberanía alimentaria nacional y a costa de la contaminación con agroquímicos.
Por otro lado, hay países que avanzan en el control estatal de las economías extractivas, como es el caso de Venezuela. A través de una profunda reforma en la legislación y la renegociación de contratos, el Estado logró alzarse con el control mayoritario de los pozos petroleros. Ciertamente los impactos ambientales de la explotación de hidrocarburos no desaparecen simplemente por un cambio en la forma que se asume el control. Pero sí nos interesa destacar el control estatal como un paso necesario para, posteriormente, avanzar hacia el control social de la actividad y sus impactos.
La transformación política y social es condición ineludible hacia la planificación democrática de la explotación de los bienes naturales y del cuidado del medio ambiente. Ello requiere también una transformación cultural que estimule una democracia cada vez más participativa. Finalmente, aun con buenas intenciones, la transición a una sociedad ecológica es una utopía si no se cuestionan y trastocan los fundamentos de la producción y reproducción capitalista. www.ecoportal.net
Ignacio Sabbatella, Becario Conicet, Instituto Gino Germani (UBA)
Revista Voces en el Fénix
http://www.vocesenelfenix.com/
Observatorio Petrolero Sur | OPSur
http://opsur.org.ar/
