¡A ponerse las pilas ya!. Dos notas concordantes de dos compañeros que conocen bien el tema. Abel B. y Teodoro Boot. Contrastan con tantos que aparecen por TV y hablan por boca de ganso. Clarín, las cerealeras y la oposición huelen sangre y están decididos a debilitar al gobierno derrotándolo en la Cámara de Dipuatados. Cuentan con un poder judicial cooptado y mucho dinero para comprar voluntades. Lo que solo se puede contrarrestar con la presión de productores, sindicatos y organizaciones sociales y políticas. Y con el protagonismo de Sergio Massa, mal que les pese a muchos amigues.

Pluses, yapas, bonus track: La extraordinaria disertación del diputado Carlos del Frade en la Cámara de Diputados santafesina. Al final, la sorna de Inna Afinogenova.

 

POR TEODORO BOOT

El Poder Ejecutivo se encuentra ante la instancia básica de intervenir una empresa para que los acreedores puedan alguna vez cobrar algo de la fortuna que esa empresa les debe. Mientras, asistimos a una campaña de prensa acompañada de un par de movilizaciones sociales y el evidente apoyo judicial, tan violenta como insólita que busca asustar a los legisladores y predisponer a algunos a afirmarlos en el voto antioficialista y a otros a justificar su probable defección.

La intervención, que beneficia a una gran cantidad de pequeños productores, la mayoría de la Federación Agraria, así como a miembros de las sociedades rurales provinciales, sólo recibió hasta ahora un apoyo declarativo de los sindicatos y un par de dirigentes rurales. Es así que el gobierno va muy desventajosamente hacia una votación sobre un tema que aparentemente es puntual,  pero que en verdad es más serio que lo que se dirimía con la muy deficiente resolución 125, porque apunta al corazón de un sistema estructurado desde los años 90 para la evasión, el contrabando y la fuga de divisas.

El Gobierno no buscó este conflicto. Le cayó del cielo. Y lo pone en muy grave riesgo.

La ausencia de una burguesía nacional (hasta que no se demuestre lo contrario, la realmente existente llega hasta Alberro Samid, los fabricantes de soda o, como mucho, al dueño de Manaos) fue siempre el gran problema argentino y supuso un “problema conceptual” para el peronismo, obligando a Perón a una política obrerista y estatista de la que no estaba necesariamente muy convencido.

La diferencia entre entonces y ahora es la existencia entonces de una clase trabajadora industrial bastante consciente, que había hecho el 17 de octubre por las suyas, pasando por encima de muchos de sus dirigentes, y que durante el primer gobierno peronista se organizó en estructuras representativas del conjunto de la clase trabajadora. Eso no pasa ahora, no sólo por las limitaciones de los sindicatos, sino porque los sindicatos actuales representan a lo sumo al 40 por ciento de los trabajadores y es probable que, ideológicamente, no alcancen a representar ni a la mitad de sus propios afiliados.

El Gobierno intenta actuar sobre sus enemigos operando por líneas interiores, tratando de evitar los enfrentamientos directos. Pero el inesperado el conflicto por Vicentín es un gran desafío porque apunta al núcleo del sistema de dominación y entrega organizado por Martínez de Hoz y ejecutado durante el menemismo por Dromi, Cavallo, Menem y compañía.

La pelea en el Congreso es por la nacionalización de la empresa (y lamentablemente no por la nacionalización de los puertos y la hidrovía, que es un asunto más serio) será decisiva y es de temer que esté yendo a ese combate con la guardia baja y el mentón adelantado. Ojalá no sea así y los funcionarios del Gobierno hayan atado acuerdos suficientemente sólidos con los beneficiarios directos de la intervención y posterior expropiación, porque nuestra comunicación sigue siendo muy deficiente.

Un tema no menor es que al momento de pensar en la “movilización social” tanto los comunicadores como los activistas solemos imaginar marchas que, por nutridas que sean, sirven para poco. La movilización social implica poner en acción a la sociedad organizada… de todas las formas en que haya podido organizarse.

Si frente al inicuo fallo judicial y antes de una eventual votación en Diputados los sindicatos aceiteros y molineros, las cooperativas y productores de la Federación Agraria, los bancos e industriales afectados por el desfalco de Nardelli,  no operan, hacen lobby y ejercen presiones directas e indirectas sobre los diputados y medios de comunicación,  el gobierno será derrotado.

Por ahora, no tiene los votos suficientes. Y hasta el momento no hay una reacción de las organizaciones populares. Por el contrario, lo que ocurrió con los placeros del pueblo de Avellaneda, muy pronto se extenderá por Santa Fe y, gracias al sistema de medios controlado por el grupo empresario de Clarín, que tiene muchos intereses en el sector, irradiará al conjunto de la sociedad que, sin tener el menor conocimiento en la materia, ya hace marchas en favor de un grupete de delincuentes y estafadores

El fallo judicial que “anula” la intervención y ordena la reposición del directorio que quebró a la empresa con apenas un veedor estatal es disparatado. Conviene escuchar atentamente al periodista y diputado Carlos del Frade  (ver video) que, además de explicar detalladamente el mecanismo del desfalco hecho por Nardelli y compañía fundamenta por qué Vicentín no podría ser estatal, que es lo que, con tanta necedad,  algunos le exigen o cuestionan al gobierno.

O el juez (que es de Reconquista) está asustado por los placeros de su pueblo o está “cooptado” por las grandes cerealeras ansiosas por quedarse con la porción del mercado que manejaba Vicentín.

Manejaba, en tiempo pretérito: en un sistema de comercialización basado en gran parte en la confianza, Vicentín dejó de existir el 4 de diciembre de 2019.

Respecto a las instrumentaciones políticas de una medida que, en principio busca proteger los intereses de los acreedores damnificados y, luego, impedir una aun mayor concentración y extranjerización del comercio de granos, no parece casual que el magistrado haya emitido ese fallo absurdo, que equivale a ordenar entregarle la llave de la casa a la banda de escruchantes que acaban de desvalijarla, el día anterior al “banderazo”.

La anulación de la intervención es otra medida absurda, destinada a fracasar en instancias superiores, pero que sirve para que la banda tenga tiempo de llevarse unos cuantos muebles que le quedaron dentro de la casa.

El mismo sentido tiene el rechazo a la muy razonable propuesta del gobernador de Santa Fe, de difícil y ardua implementación, pero con la ventaja de poder garantizar la supervivencia de la empresa.

La propuesta de Omar Perotti tiende a que, mediante la capitalización de dudas, las cooperativas y acopiadores damnificados, los productores, trabajadores, el Estado vía Banco Nación y vía YPF Agro y eventualmente los industriales ligados al sector terminen controlando la mayoría accionaria de la empresa y consigan mantenerla en actividad

Si esto no se consigue, no habrá forma material de sacar a flote esa empresa, y si no se la saca a flote, nadie cobrará nada. O terminará cobrando parte de la deuda dentro de varios años, después de que en remates judiciales sean malvendidos los bienes de Vicentín que no se hayan convertido en chatarra. Y la cuota parte del mercado que hasta diciembre tenía Vicentín se la quedará una o varias exportadoras trasnacionales.

Se pretende que el fallo judicial protege la propiedad privada. Esto es una absoluta falsedad: protege y premia la estafa y deja inermes a los productores, cooperativas, trabajadores y demás damnificados por el desfalco.

Con sus fallos, el juez Fabián Lorenzini condena a Vicentín a la desaparición y a los productores, cooperativas y acopiadores a no cobrar un peso. Esto lo sabed perfectamente Su Señoría, así como lo saben varios dirigentes políticos que son productores agropecuarios, los dirigentes rurales que se hacen los zonzos, pero no lo saben la cantidad de bobos que se oponen ruidosamente a  cualquiera de las posibles soluciones.

Una 125 de bajas calorías

https://twitter.com/i/status/1276135959185276928

POR ABEL B. (PENSANDO EN VOZ ALTA)

Sobre el tema del Grupo Vicentin ya subí dos posteos al blog. Breves y de coyuntura. Un análisis más detenido lo hace, por ejemplo, Roberto Pons aquí. Pero ahora me siento impulsado a comentar algo claramente distinto: el enfrentamiento entre el actual gobierno y sus opositores. Enfrentamiento del cual la intervención a Vicentin es en parte motivo y en parte pretexto.

Es natural, en realidad inevitable, comparar este enfrentamiento con el que se produjo 12 años atrás, cuando el gobierno de Cristina Kirchner dictó la Resolución 125. Ahora, mi planteo es que son mucho más reveladoras las diferencias que los parecidos.

La diferencia más obvia la digo en el título de este posteo. Hasta ahora, es un enfrentamiento de bajas calorías. Y el porqué es así nos dice mucho sobre la realidad política actual.

La Resolución 125/08, dictada por el entonces ministro de Economía Lousteau, disponía retenciones móviles para la soja y sus derivados, que en algunos casos excederían el 35%. Los productores rurales -que, como el resto de los argentinos (y de los seres humanos), no gustan de pagar impuestos- ya estaban fastidiados con las retenciones, que no habían parado de aumentar desde el 10% que impuso Duhalde en el 2002. Sintieron que el gobierno otra vez les metía la mano en el bolsillo, y más hondo.

La actividad económica rural es menos visible -también para buena parte de la dirigencia política, y los sectores politizados- porque está mucho menos concentrada geográficamente que la industria y los servicios. Sólo se la registra en las grandes concentraciones urbanas -el AMBA, Rosario, Córdoba, …- a través de los departamentos que compran (los que pueden hacerlo, que son bastantes) en los barrios caros, y los hijos que mandan a estudiar.

Pero es un entramado que abarca, no sólo a los dueños de las tierras y los contratistas, sino a sus proveedores, los profesionales y comerciantes que les prestan servicios, todos los que viven y trabajan en las pequeñas y medianas ciudades que se extienden por la Pampa Gringa. Hablar de oligarquía en los términos de hace 130 años y no tomar en cuenta esta base social, es una pavada. Sobre todo si tenemos presente que es el sector más dinámico y competitivo de la economía argentina. El que produce las divisas que la industria necesita.

No estoy diciendo, por supuesto, que no haya intereses encontrados en una actividad que se extiende por casi todo el territorio nacional. La realidad de la producción frutal y la de los tamberos, por ejemplo es bien distinta de la de los sojeros. También hay notorias diferencias ideológicas y políticas entre los millones de compatriotas vinculados a ella.

El hecho es que en 2008 una medida del gobierno logró sumar a una mayoría numerosa, motivada y vocal, del «campo». Se dice, y es cierto, que la militancia kirchnerista actual (una mayoría de la militancia peronista) se formó al calor de la pelea por la 125. También la oposición «anti K». Ambas han cambiado con los años, pero conservan muchos rasgos de ese momento.

La diferencia con la situación actual es que en ese momento la oposición al gobierno se subió a una protesta social que la tomó de sorpresa. En términos marxistas, encontró su «sujeto histórico». Pero, a pesar de viejos vínculos del radicalismo con la ruralidad, el «campo» miraba con desconfianza a los «políticos». Es conocida la anécdota de Lilita Carrió, que tuvo que bajarse del palco en una manifestación gigantesca del «campo». Por supuesto, en esa multitud en la Avenida Libertador, una gran mayoría sólo tenía tierra en sus macetas, como se decía en esa época. Pero fue la dirigencia rural, la Mesa de Enlace de entonces, quien la movilizó.

Esta vez fue todo lo contrario. Salvo por las ciudades de Avellaneda y Reconquista, en el noreste de Santa Fe, donde tiene su sede «histórica» Vicentin, la reacción «de las bases rurales», fue discreta. Quién se movilizó casi de inmediato fue la numerosa y vocal oposición al peronismo / kirchnerismo, que encontró una bandera menos ambigua y riesgosa que la oposición a la cuarentena. Que ya había ensayado, y seguirá probando mientras dure.

Hay razones que tienen que ver con el contenido de la decisión de Alberto Fernández, por supuesto, y explican el apoyo mediático que tuvo la protesta. A las cerealeras no les gusta la idea de una empresa testigo, controlada por el Estado nacional, que intervenga en los números de la comercialización. Pero me inclino a suponer que el motivo más decisivo para la oposición de poderosos grupos económicos ha sido el hecho que esta pandemia que atravesamos hizo inevitable, más allá de las intenciones, que el gobierno de Alberto Fernández, el Estado Nacional, aumente su presencia en casi todas las áreas de la economía, y adquiera más herramientas de control.

Esto está pasando en casi todos los países, por supuesto, y el sistema financiero globalizado no está feliz con este panorama. Pero en pocos lugares como en la Argentina existe esta desconfianza y ausencia de visiones en común entre el gran empresariado y el gobierno (No es una exclusividad de los gobiernos peronistas, aunque en ellos se acentúa. En el de Macri, para no ir más lejos, algunos sectores se favorecieron y otros se perjudicaron, sin que hubiera una visión estratégica que condujera ese proceso, más allá de intereses muy personales).

El elemento central, a mi entender, es que la oposición vio, ve, la oportunidad de infligir una derrota política seria al gobierno. Por eso el Grupo Clarín -el más coherente de los grupos económicos decididamente opositores- ha insistido en estos días en el retroceso del Presidente, más que en una inverosímil «chavización». Les importa menos Vicentin, estimo, que la solidez política de este gobierno.

Es llamativo que en la Casa Rosada -cuyo inquilino principal tiene una experiencia muy directa de la 125 original- no haya previsto, al anunciar la intervención y expropiación de una empresa de historia agropecuaria que iba a servir de pretexto. Quizás su formación de abogado penalista le hizo pensar que las irregularidades del manejo financiero de Vicentin, la cesación de pagos y su convocatoria de acreedores iban a impedir que se transformase en una bandera de la oposición.

Lamentablemente, la indignación moral es un sentimiento muy selectivo. En sociedades amargamente divididas como la nuestra, nos indigna la corrupción del Otro Lado. Y hoy en la Argentina los «lados» están definidos, y su peso en la sociedad está casi equilibrado.

Recordemos que en octubre, un poco más del 40% de los votantes puso la boleta de ¡Macri!, en medio de una catástrofe financiera y una mala situación económica. El rechazo al peronismo, y a la experiencia kirchnerista, más la desconfianza hacia la intervención del Estado, pesaron y pesan demasiado en casi la mitad de los argentinos.

Al margen de estos avatares políticos, la presencia del Estado en la comercialización de los granos es necesaria. Que no exista una empresa estatal argentina con participación dominante en esa actividad, es tan extraño como un país petrolero sin una petrolera estatal. Y como Vicentin es un deudor -insolvente en el corto plazo- del Estado argentino, las circunstancias son favorables. Si se evitan épicas innecesarias.

Entiendo que lo mejor será una empresa nacional mixta, con participación de productores y cooperativas, para evitar que se transforme en una ineficiente agencia de empleos.

Lo que digo de las épicas apunta a otra … extraña diferencia con 12 años atrás. Si bien el gobierno fue derrotado entonces en el Congreso, se desarmó la coalición «transversal» que Kirchner había construido con sectores del radicalismo (Cornejo era uno…) y empezaron los alejamientos en el peronismo que terminaron en la derrota de 2015, se consolidó, como apuntamos, una militancia kirchnerista fervorosa y razonablemente disciplinada. A pesar de todas las concesiones que hubo que hacer al «campo» para evitar nuevos enfrentamientos.

En este mes de junio, una parte de la militancia K (¿reflejando actitudes de parte de la dirigencia?) se mostró desalentada pronto, dispuesta a «comprar» los titulares de Clarín que hablaban de retrocesos y vacilaciones.

Este ha sido un posteo demasiado largo para una batalla en curso. Y no me siento con autoridad para dar más consejos. Acerco los de dos clásicos que encontré en el análisis de un joven sociólogo. Y creo que son válidos para otras batallas que este episodio de Vicentin:

«Cuanto más se intenta aparentar imponer una paz totalmente propia mediante la conquista, mayores son los obstáculos que surgirán por el camino” (The strategy of indirect approach).

“Algunos creen que gobernar o conducir es hacer siempre lo que uno quiere. Grave error. En el gobierno, para que uno pueda hacer el cincuenta por ciento de lo que quiere, ha de permitir que los demás hagan el otro cincuenta por ciento de lo que ellos quieren. Hay que tener la habilidad para que el cincuenta por ciento que le toque a uno sea lo fundamental” (Conducción Política).