Nuestra solidaridad y respaldo a los compañeros Gloria Beretervide y Rodrigo Vázquez, del equipo de la serie WITNESS (TESTIGO) de Aljazeera English, atacados en sus derechos por el fiscal y la policía de Llallagua, hostigados por los remanentes del coloniaje institucional en la querida Bolivia, descontando que el gobierno nacional que preside el compañero Evo Morales no permitirá que semejantes atropellos sigan cometiendose en una nación democrática. DENUNCIA PRESENTADA AL FISCAL GENERAL DE BOLIVIA, MARIO URIBE MAS ABAJO.
-Perfecto… acá van mi firma y mi incondicionalidad
Lucio Pedro Aberastain PonteEditor de Bancas y Bancadas y Agencia New Press DNI 12.840.797
-Solidaridad con la cumpa Gloria.
Oscar «Gomita» Gómez Periodista y escritor.
-También adjunto la solidaridad del Movimiento de Periodistas Peronistas. -Y adjunto la solidaridad de laLiga de Periodistas y Comunicadores Nacionales y Populares.
-Y adjunto la solidaridad de la Academia de Periodismo Nacional y Popular de la República Argentina.
–Luis Lázzaro, periodista y escritor
–Juan Salinas, periodista y escritor
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-LUNES 16 y MARTES 17 DE ABRIL
Llegamos a Llallagua para filmar otro capítulo de la serie WITNESS de Aljazeera English, entrevistando a los dos chicos, cuyas vidas seguimos desde el 2005, en el contexto del proceso de cambio boliviano, y de los cuales Aljazeera ya emitió tres programas, Child Miners I y II, y Teen Miners (se pueden ver en la página de Aljazeera:
Y, como siempre, llegamos debidamente acreditados en el Ministerio de Comunicación, en la Policía Nacional ya que debíamos filmar en Huanuni con la policía de allí, en el Ministerio de Gobierno que nos otorgó el permiso (va adjunti) para entrevistar al menor detenido en la cárcel de Uncía, así como en Cancillería ya que volvimos a entrevistar al Canciller David Choquehuanca como todos los años. También enviamos nuestros papeles a Prensa de Palacio como lo hacemos desde el 2005.
Ya en Llallagua, el fiscal, Eugenio Marca Arce, demostró desde el primer momento cierta hostilidad a nuestro trabajo de prensa. Tuve una primera charla con el fiscal -con un abogado presente- en la que me sugirió no seguir con mi nota, escudándose en la «protección al menor». Le expliqué que no solo el Ministerio de Gobierno (Régimen Penitenciario) había autorizado la entrevista con el menor en la cárcel sino que él mismo menor, su familia, su madre y su tutora, además de su abogado, habían accedido y que estarían presentes en la misma. El fiscal Marca Arce incluso accedió a una entrevista, que finalmente declinó, al día siguiente, por tratarse de un menor cuya persona él debía resguardar. Sus razones fueron válidas y las respetamos, sin embargo el martes 17 de abril en una audiencia pública de una persona mayor de edad, relacionada con el caso de Alex, tanto la jueza Gertrudis Barrenechea como el fiscal Marca Arce, salieron del recinto exigiéndonos que entregáramos lo que habíamos grabado (¿???). Como no habíamos grabado nada, ya que conocemos las leyes y sabemos que podemos filmar fuera del palacio de Justicia, nada obtuvieron. Y, a pesar de tratarse de una audiencia pública, el secretario del juzgado hostilizó permanentemente a Rodrigo Vázquez, nuestro director periodístico, cuando tosía, se movía y hasta lo revisó en busca de cámaras escondidas.
Filmamos afuera la salida del detenido, del fiscal, de los acusadores, de los abogados y entrevistamos a todos, a la gente en la calle ante la mirada atenta de los colaboradores del fiscal Marca Arce que simulaban hablar por celular.
Somos profesionales de la comunicación, conocemos las leyes y tenemos muy en claro que no se filma sin permiso ciertos procesos, y que esto es televisión internacional de modo que nada que no esté autorizado puede salir al aire.
Por las dudas, y ante el trato de la fiscalía de Llallagua, puse en antecedentes al Ministerio de Comunicación de Bolivia, a Prensa de Palacio, a la Embajada Argentina, a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña, a la UNAC- Unión Sudamericana de Asociaciones de Corresponsales, a la FELAP -Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), a la ACE -Asociación de Corresponsales de Buenos Aires, a la UTPBA -Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, COPLA –Comunicación para el Proyecto Nacional, y Los 100, asociaciones de prensa de las que Rodrigo Vázquez y yo somos miembros.
Nuestro equipo:
Rodrigo Vázquez, director periodístico – Pasaporte inglés 800213201 y DNI argentino 21071735
Martín Nina Flores, ciudadano boliviano, nuestro chofer y asistente
-JUEVES 19 DE ABRIL
Fui al canal local de Llallagua -canal 4- que depende la Universidad Siglo XX, para pedir una copia del material emitido la noche anterior. Se trataba de una conferencia de prensa en la que el Coronel Miguel Ángel Rodríguez de la Policía Nacional aseguraba que el caso del robo y asesinato de Sergio Ordoñez (el caso que estamos siguiendo) estaba resuelto y que los dos culpables, ya estaban en la cárcel de Uncía. Mencionó además, en cámara, los nombres de ambos detenidos, a pesar que uno de ellos, es un menor.
Johnny Gutiérrez me atendió en el canal y me explicó que no podía darme el material de esa conferencia de prensa sin una orden del fiscal. Le expliqué que eso ya era material emitido sobre una conferencia de prensa convocada justamente para dar a conocer cierta información y que el canal dependía de la Universidad y no del fiscal. La situación se tornó aún más increíble cuando, ante mis argumentos, Gutiérrez trato de calmarme diciendo que si concurría al canal con el Coronel Rodríguez iba a poder darme el material. El tal Johnny masacró en dos frases todos los derechos de la prensa y no se enteró que en la Bolivia descolonizada, y en la mayoría de los países del mundo hay leyes que previenen este tipo de sometimientos, presiones y demás.
-VIERNES 20 DE ABRIL
EL FISCAL DE LLALLAGUA EUGENIO MARCA ARCE ENVÍA A LA POLICÍA A HOSTIGAR A NUESTRO EQUIPO
El fiscal Eugenio Marca Arce, a quien Rodrigo Vázquez le ofreció derecho a réplica por los dichos de algunos testigos ante nuestras cámaras (y, unos minutos antes Marca Arce había llamado a Daisy Ordoñez, hija de la víctima, para sugerirle que denunciara a la prensa por…..presiones, y esto está grabado ya que Daisy estaba siendo entrevistada por nosotros y aún llevaba el micrófono puesto) , llamó a Vázquez a su oficina, le pidió que apagara la cámara, se sentara y esperara a la policía migratoria (????). Obviamente, Vázquez se retiró de la oficina por lo que el fiscal y su gente nos hicieron seguir por la policía nacional, primero por uno que intentó vanamente llevarme a algún lado (una especie de comisaría) al que luego se juntó un segundo, muy amable, que, ante mi negativa y mis razones para no acompañarlos, me explicó que todo este hostigamiento era cosa del fiscal y no de ellos. Le ofrecí mi credencial de corresponsal para que copiara los datos que allí figuraban, y también le ofrecí mi celular ya que estaba en comunicación con un funcionario del Ministerio de Comunicación del Estado Plurinacional, a quien le había pedido que atestiguara de oído toda la escena.
Al no funcionar el apremio policial contra mi persona, se acercaron a mi tanto el fiscal como sus dos adláteres (¿secretarios?) intentando imponerme sus intenciones de acompañar a la policía para que chequeara nuestros documentos, ya que necesitaban revisar nuestra situación migratoria. Volví a explicar que estábamos debidamente acreditados, y que se comunicara con el Ministerio correspondiente, porque justamente seguía en línea con el mismo funcionario del Ministerio de Comunicación, que estaba siendo testigo de todo este hostigamiento a nuestra labor de prensa. Marca Arce contesto que no necesitaba hablar con ningún ministro. Le pregunté si Llallagua se había independizado de Bolivia y tenía controles migratorios y autoridades propios.
Mientras tanto, Radio Patria Nueva (La Voz del Minero) transmitía las quejas de algunos pobladores de Llallagua sobre la vergüenza de su propia policía que no dejaba trabajar a la prensa internacional.
Por otro lado, habría que aconsejarles a los cinco involucrados en el hostigamiento, la obstaculización e impedimento de ejercer nuestro trabajo de prensa, que su táctica de agresión a una sola mujer del equipo en este caso quien escribe estas líneas, además de resultarles ineficaz habla mucho de su valía y valentía.
Los dos policías, uno de ellos súper amable, intentaron seguirnos y presionarnos con preguntas sobre nuestro alojamiento y demás. Tengo que aclarar que nunca nos tocaron y tuvieron que irse sin lograr su cometido. Pero nos arruinaron una tarde de filmación con entrevistas ya pautadas, una pérdida importante de tiempo y dinero para nosotros.
Esto no terminó aquí, algunos de nuestros entrevistados nos llamaron alarmados porque la policía fue a visitarlos y a hostigarlos tanto al campamento La Salvadora como a la ciudad esa misma noche. Mauricio Calani y Rudy Serrano Murillo de la FELCC de Llallagua fueron a La Salvadora y Salas de Tránsito a buscar a la hija de la víctima para preguntarles donde nos alojábamos, quienes éramos, si éramos parientes…
Nuestros perfiles son públicos, somos periodistas, sólo con tipear nuestros nombres en cualquier buscador de internet, tendrían toda la información que buscaban, más allá de consultar con las autoridades correspondientes, hasta incluso con la Policía Nacional con quien veníamos de filmar en Huanuni.
Usar los recursos del Estado de Bolivia para hostigar a la prensa es, además de caro, poco efectivo.
Hace siete años que filmamos en Bolivia, documentando el proceso de cambio, las demandas de las organizaciones sociales, la historia de los mineritos y otros, y jamás hemos tenido ningún problema con nadie. Todos han colaborado con nosotros. Es la primera vez que nos topamos con alguien que tiene problemas con la prensa que no controla. No conocemos la historia del fiscal, pero sabemos que no quiere periodistas en su feudo.
-SÁBADO 21 DE ABRIL -FISCALES DE POTOSÍ VS. PRENSA-NO NOS DEJAN TRABAJAR
Y esto sigue: el fiscal del distrito de Potosí, Dr. Sandro Fuertes, no prestó demasiada atención a nuestra denuncia contra su subordinado de Llallagua, Eugenio Marca Arce. Fuertes me había pedido la noche del viernes 20 de abril que lo llamara el sábado por la mañana, que seguramente todo se debía a un error de Marca Arce. Ese sábado, Fuertes me cortó varias veces pero finalmente tuvo que atender y no logró articular más que algo acerca de la protección al menor y me cortó definitivamente y de mal modo, creyendo que de esta forma zanjaba el tema, impidiéndonos de esta manera volver a Llallagua a filmar sin sufrir apremios nuevamente.
Fuertes es un representante de la justicia, debería escuchar a las víctimas de apremio, hostigamiento, amedrentamiento policial ordenado por su subordinado y no cortarles el teléfono.
El tema es que no podemos volver a Llallagua sin arriesgar nuestra seguridad, y debemos y vamos a volver el 21 de mayo a concluir con nuestro trabajo; y ya estamos planificando otra filamción en octubre sobre el mismo tema.
Si todo esto no es obstaculización a nuestra labor de prensa, hostigamiento, amedrentamiento, ¿que és? ¿Cómo explica el fiscal y la policía de Llallagua, esta agresión a un equipo de prensa? Ni inmigrantes ilegales, ni violadores de leyes de protección al menor, solo profesionales de prensa atacados cuando cumplían con su trabajo.
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