DEPENDE DE LA SECRETARÍA DE DDHH

El Gobierno creó una unidad especial para investigar delitos económicos cometidos durante la dictadura


El gobierno nacional creó una unidad especial para investigar los delitos de lesa humanidad de carácter económicos perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

La puesta en marcha del nuevo cuerpo fue formalizada por el Ejecutivo a través de la resolución 3216/2010, publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial. Dependerá de la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, que conduce Julio Alak.


«Tiene entre sus objetivos el de entender, a través del Archivo Nacional de la Memoria, en la recolección, actualización, preservación y digitalización de los archivos e informaciones vinculados a la vulneración de los derechos
humanos por el terrorismo de Estado, durante la dictadura cívico-militar que asoló a la República entre 1976 y 1983″, se detalla en la resolución que también cita algunas de las «aberraciones cometidas», como «la apropiación de los bienes de las personas detenidas, asesinadas, desaparecidas, exiliadas o presas y la apropiación de empresas, vía el desapoderamiento del capital accionario de sus titulares a punta de pistola», así como «el saqueo de campos y propiedades con similar metodología». 



También se mencionan los «secuestros extorsivos a empresarios, las quiebras de entidades financieras, la creación de monopolios como el del papel para diarios a fin de favorecer a determinados grupos periodísticos a cambio de silencio. En muchos de los casos intervinieron, junto a los jefes militares que están siendo sometidos a procesos judiciales, civiles que hasta ahora no han sido objeto de imputación por la responsabilidad penal que les cabe. Por ello, es necesario arbitrar los medios para conformar una unidad especial que recopile informaciones y coordine su accionar» con los organismos del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y las entidades competentes con el fin de lograr «el total esclarecimiento de los hechos criminales» para poder así juzgar a los responsables de estos delitos.

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