La locura de ser mártir

Por Teodoro Boot

Es notable cómo los distintos grupos de oposición trabajan para el gobierno. Y, desde ya, los kirchneristas, agradecidos. Sirve para compensar lo que a veces hace el gobierno contra sí mismo.

En algún medio, los lectores formaban fila para pegarme por sostener que la jueza Servini de Cubría había hecho un enorme favor al declarar la inconstitucionalidad de la elección popular de los integrantes corporativos del consejo de la magistratura. En el mismo sentido, expreso mi sorpresa ante la lectura que mayoritariamente se hace del fallo de la Corte: contrariamente a lo que se piensa, no ha sido una derrota sino un triunfo, un significativo triunfo político del gobierno y, en particular, de la Presidenta de la Nación.

¿Cómo una “derrota” puede ser un triunfo”? De la misma manera que un triunfo puede ser una derrota: dependiendo de qué implica y que consecuencias tiene. Ahí está el caso de Pirro, rey de Epiro, quien venció a los romanos en la batalla de Asculum a tal costo de soldados y generales que su triunfo parcial le acarreó su postrera derrota final. El acontecimiento dio origen a la expresión “victoria pírrica”.

Está por verse si los acontecimientos de la semana darán origen a una expresión equivalente, como “derrota cristínica” (de aquí en más, todas las trapisondas de un sistema judicial de naturaleza curial, pertenencia  oligárquica y asociado a los poderes económicos, remitirán a a la reforma impulsada por Cristina Kirchner) pero algo de eso hay hoy mismo: no tiene sentido, ni es lícito, exponerse a una derrota electoral por sostener un “principio” en un lugar o momento secundario de la lucha.

Para entenderlo, conviene poner las cosas en perspectiva, porque habrá quien diga que la reforma del sistema judicial es un asunto muy importante.

Tranquilos: lo es, lo es.

Sin embargo ¿es el elemento central del proyecto nacional y popular?

Segunda pregunta: ¿cuáles son las condiciones de continuidad del proyecto nacional y popular?

A nuestro juicio, dos: no habiendo otros modos de acceder al manejo de los asuntos públicos, en primer lugar, la preeminencia electoral. Luego, la profundización del modelo. Que, siempre, a nuestro juicio, debe darse en tres planos, necesariamente interrelacionados:

* La mayor soberanía nacional, que pasa por la integración sudamericana en un proyecto emancipador y no de sumisión a los mercados.

* La reconstrucción del poder del Estado y su control sobre los servicios públicos y recursos estratégicos.

* La justicia social, consecuencia de una más justa distribución de los bienes económicos y de la construcción del poder popular.

Pero la condición de posibilidad es, siempre, la preeminencia electoral.

Si esto es así ¿qué sentido habría tenido un “triunfo” del proyecto de elección popular del Consejo de la Magistratura si su consecuencia hubiera sido exponer al gobierno a una segura derrota electoral? ¿Cuál era el futuro de esa reforma si su imposición significaba la derrota electoral del kirchnerismo?

En ese sentido, la reforma, el método elegido para la elección de los consejeros corporativos y, mucho más importante, el momento elegido para ponerlo en práctica, sonaban más a un intento de suicidio que a otra cosa.

La reforma del sistema judicial es necesaria, pero a condición de que sea posible, de que efectivamente se lleve a cabo, y no como consecuencia de la pelea por el cabal cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, definida por algunos como “la madre de todas las batallas”. Éste es un concepto equívoco, que se presta a confusiones. Es la clase de concepto que conviene evitar: puede dar a pensar que de cumplirse acabadamente con la «Ley de Medios» (o, para el caso, con la reforma del Consejo de Magistratura) quedarían resueltos todos los demás problemas. Y que, de no cumplirse, sobrevendría la fin del mundo.

Y en realidad no ocurre ninguna de las dos cosas.

No existe nada parecido a una “madre de todas las batallas”, pero si una se le aproxima, si una es central, esa es la batalla electoral, ya que es la que acerca o aleja del manejo de algunos de los resortes del poder, y a la que conviene llegar en las mejores condiciones, evitando fundamentalismos absurdos construidos alrededor de épicas de cabotaje.

A partir de la reconstrucción del movimiento nacional de liberación –que no es ninguna fórmula, ni ningún esquema orgánico, sino la nación en su ir siendo– y en el desarrollo de un proyecto nacional –en este caso definido como popular– se van creando nuevas categorías y realidades, un nuevo sistema de relaciones sociales que, tarde o temprano, requiere de una nueva institucionalidad, un distinto marco legal, un sistema jurídico más adecuado y categorías culturales capaces de dar cuenta e ir expresando el estado de esa nueva sociedad en proceso de autoconstrucción.

Cuando, por citar a un Jesús –que esta vez no es de Laferrere sino de Nazaret– se echa vino nuevo en recipientes viejos, estos recipientes “se rompen, y el vino se derrama”, pero si se echa el vino nuevo en recipientes nuevos, “lo uno y lo otro se conservan juntamente”.

El proyecto nacional y popular comenzado a esbozar en  2003 es un nuevo vino que no puede ser contenido por los recipientes construidos para contener al proyecto de sumisión que eclosionó en el año 2001. El recipiente –el sistema jurídico, político, institucional y cultural– empezó a crujir y es razonable y bueno que así sea: significa que el vino es efectivamente nuevo.

El actual estado político-jurídico del país –con leyes trabadas por cautelares, y decretos municipales y leyes provinciales que contradicen leyes nacionales (y en consecuencia, la lógica más elemental)– es lógico y era previsible, y si por un lado revela el intento de construir simbólicamente una sensación de caos (que es cómicamente contradictorio con el intento de construir la opción democracia-dictadura), por el otro lado expresa la tensión entre una nueva realidad y el obsoleto sistema jurídico institucional que supuestamente debería servirle de recipiente.

No se trata de que no existan estos conflictos (¿cómo no habrían de existir?) sino de resolverlos de acuerdo a la conveniencia y necesidades del proyecto en gestación. No es un asunto menor y tiene todos los ingredientes de una tragedia, en tanto es una renuncia a un destino previamente trazado y la elección de otro, pero en ningún caso supone “dejar testimonio”.

Recurrentemente aflora en nuestra historia política la tentación al martirologio, a “morir con las botas puestas”, a sucumbir con las banderas en alto. Por no entrar en los vericuetos de la psiquis, está en nuestro ADN judeocristiano (compartido obviamente por el Islam) e incluso en las juveniles veleidades guevaristas.

Por eso es necesario cuidarse tanto de él. Cuando la causa no es la causa de ningún dios ni el testimonio de ningún héroe, sino que es la causa del pueblo, el deber no es testimoniar una fe sino obtener el éxito… simplemente porque las vidas de millones de personas dependen de la continuidad de este proyecto en sus aspectos centrales, no de un demencial todo o nada por el modo de elección de los integrantes corporativos a un mamarracho engendrado por un mamarracho mayor: la reforma constitucional de 1994, el recipiente adecuado para contener el vino de un proyecto de sumisión nacional.

Nuestra pelea es mucho más grande y de más largo aliento.