Hooft no esuvo solo: Indagan en Mar del Plata a una ex jueza federal y ordenan detener a 19 marinos y dos policías
Profundizan la investigación de la trama de la dictadura en Mar del Plata
La Armada masserista no estuvo sola. Monumento emplazado en Luro y Mitres, Plaza San Martín
El juez Santiago Inchausti hizo lugar al pedido del fiscal Pablo Larriera y ordenó la detención de 19 marinos y dos policías, al tiempo que fijó audiencia para recibir declaración indagatoria de la ex jueza federal de Mar del Plata, Ana María Teodori. Es en el marco de la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval y en otros establecimientos dependientes de la Armada Argentina en Mar del Plata en perjuicio de 148 personas. Teodori está imputada por haber tomado declaración indagatoria a dos desaparecidos en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), en carácter de jueza federal subrogante, cuando instruía una causa que se le seguía a las víctimas por violación a la ley 20.840, conocida como «ley antisubversiva».
El juez refirió en la resolución a que Teodori «se hizo presente en el centro clandestino de detención asentado en el ESIM a los efectos de recibirle declaración indagatoria» a las víctimas, que terminaron confesando los hechos que se les atribuían en aquel proceso.
Según la resolución judicial, Teodori «habría tomado conocimiento acerca del lugar donde los nombrados se encontraban alojados, de las condiciones ilegales de detención, de los tormentos y condiciones inhumanas de detención, de los tormentos y condiciones inhumanas padecidas», sin haber hecho nada al respecto.
La imputación a Teodori también tiene que ver con acciones que desplegó antes de ser designada como jueza subrogante, en el cargo de defensora oficial.
En los casos de seis secuestrados «habría permitido que todos ellos se mantengan detenidos en un centro clandestino de detención en condiciones inhumanas no realizando, pese a la obligación que le imponía su cargo, presentación judicial alguna, pese a los diversos pedidos realizados por las víctimas para expresar las condiciones de detención y los tratos recibidos».
El juez Inchausti agrega que «incluso, no sólo no habría realizado gestión alguna cuando todos ellos, al ampliar indagatoria en el expediente, expresaron los tormentos vividos» sino que además «habría asesorado» a las víctimas, una de las cuales estaba detenida en la Comisaría Segunda, «para que no denunciaran los tormentos recibidos».
Teodori también está imputada por no haberse opuesto a que algunas de las víctimas les tomaran indagatoria sin su presencia como defensora y de no haber requerido la libertad de otra víctima que estaba en condiciones de ser liberada.
El caso de Teodori se suma en Mar del Plata al del suspendido juez Pedro Cornelio Federico Hooft, quien ya eludió la declaración indagatoria cuatro veces, y revela los delitos que presuntamente cometieron desde la magistratura algunos funcionarios judiciales, en el aval al terrorismo de Estado.
Pese a los crímenes que se le imputan, el juez Inchausti no ordenó la detención de Teodori sino que la citó a indagatoria para mañana y le advirtió que debe acudir acompañada de un abogado.
El juez fundó su decisión en que «no existen elementos para presumir la existencia de riesgos procesales ya que la nombrada no habría pertenecido a la estructura militar, las víctimas por las cuales se formula su imputación se encuentran en libertad y se ha producido prueba necesaria para llegar a este estado de situación», por lo cual descartó que la imputada pueda «entorpecer la investigación y/o profugarse».
Militares y policías
Entre los 19 marinos cuya detención fue ordenada se encuentran miembros de la Jefatura de Operaciones del Estado Mayor de la denominada Fuerza de Tareas 6 (Fuertar 6) y de grupos y unidades militares de esa misma fuerza que participaban de la represión ilegal, algunos de los cuales «habrían formado parte de la sección inteligencia de la Base Naval», informó el fiscal Pablo Larriera.
«El accionar de la Fuerza se ha probado no sólo por las disposiciones normativas vigentes a la época sino por su efectivo funcionamiento como dan cuenta numerosas evidencias incorporadas a la investigación», agregó.
El representante del Ministerio Público señaló que los imputados detenidos son los ex jefes de Operaciones del Estado Mayor de la Fuertar 6 (en distintos períodos) Eduardo Carlos Frías, Roberto Blanco Azcárate, Alfonso Eduardo Nicolás y Carlos María Sala; el ex jefe de Compañía Vigilancia y Seguridad de la Base Naval y comandante de la Unidad de Tareas 6.1.3, Luis Héctor Bonnani; el ex Jefe de Compañía Vigilancia y Seguridad de la Base Naval, Jorge Horacio Bardi; el jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, Guillermo Nicolás Costa; los ex suboficiales de la Agrupación Comandos Anfibios, Silverio Abel Cortez y Roberto Contreras; el ex cabo de la Sección Informaciones de la Prefectura Mar del Plata, que cumplió funciones en la División Inteligencia de la Fuertar 6, Eduardo Héctor Vega; el ex teniente de Navío de la Agrupación Comandos Anfibios, Ernesto Davis; el ex cabo de la misma agrupación, Tomás Carrasco; el suboficial de la Central de Inteligencia de la Base, Hector Raúl Azcurra; y el cabo de la Sección Informaciones de la Prefectura Naval, Eduardo Héctor Vega, quienes fueron indagados entre el lunes y el viernes pasado en la sede del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata.
El viernes 8 de junio el juez recibió declaración indagatoria a los ex policías Juan Alberto Rincón y Mario Rubén Maití, ambos comisarios del Destacamento de la Policía de Miramar en esa época.
El juez también dispuso las detenciones del jefe del Estado Mayor, César Enrique Marti Garro y del comandante de la Unida de Tareas 6.1.4 y jefe de operaciones del Grupo de Tareas 6.1, Raúl César Pagano, quienes aún no pudieron ser indagados a raíz de problemas en su salud.
En tanto, el segundo comandante de la Agrupación Buzos Tácticos y jefe del Departamento Pesonal, Operaciones y Logística de esa agrupación, Luis Esteban Kyburg; el comandante del Grupo de Tareas 6.1, Teodoro Sabbino; el comandante de la Unidad de Tareas 6.1.2, Alfredo Raúl Weinstabl; y el miembro de la Escuela de Submarinos, Horacio González Llanos, aún no fueron detenidos, pese a la orden vigente.
La operatoria de la Fuerza de Tareas 6 fue acreditada en dos juicios orales y públicos que trataron los crímenes en el ámbito de la Base Naval, conocidos públicamente como los juicios «Base I» y «Base II», llevados a cabo en 2010 y 2011/2012. Además, el 16 de mayo pasado se elevó un tercer tramo a debate oral y público.
La Fuertar 6 era un nucleamiento de unidades militares de la Armada y la Prefectura Naval, constituido por la Fuerza Submarinos, la Agrupación de Buzos Tácticos, la Agrupación de Comandos Anfibios, la Escuela de Submarinos, la Escuela Antisubmarina, la Escuela de Buceo, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, la Prefectura de Mar del Plata, la Prefectura de Quequén, la Subprefectura de General Lavalle y dependencias con asiento en Mar del Plata y zonas de influencia.
