El ex gobernador y actual senador por Salta Juan Carlos Romero (JCR), compañero de Carlos Menem en la fórmula que enfrentó a Kirchner-Scioli en 2003, está nimbado por la persistente sospecha de que su fabulosa fortuna (que algunas fuentes estiman en 3.000  millones de dólares) es inseparable del contrabando de cocaína desde la vecina Bolivia, así como de la sistemática devastación de los bosques nativos en aras de la extensión de los cultivos de soja transgénica y, en menor medida, de la ganadería. En su defensa suele susurrarse que más tiene que ver en la actualidad con su opulencia que los operadores de los dos gasoductos a Chile construidos durante su gobierno, pagan regalías de acuerdo a simples declaraciones juradas, tal como permite la laxa Constitución de 1994. 

Durante el menemato, desde la presidencia de la Comisión de Hacienda y presupuesto del Senado, JCR monitoreó el desguace del Estado y en especial la privatización de YPF estatal, que convirtió rápidamente en indigente y piquetera al grueso de la población de General Mosconi y Tartagal. Como gobernador impulsó la tala de casi todas las selvas y bosques nativos, lo que redundó en pavorosas inundaciones y aludes de barro como los que arrasaron Tartagal en diciembre de 2005 y febrero de 2009. Partidario de “una salida institucional” que desaloje a la presidenta Cristina Fernández de la Casa Rosada, fue hasta la reelección de José Pampuro como candidato provisional del Senado hace doce días, autopropuesto candidato del proteico bloque opositor a ese cargo, segundo en la línea de sucesión en caso de acefalía presidencial.

Hijo del también gobernador Roberto Romero (RR) que pasó de la pobreza a la riqueza en un santiamén, JCR fue primero senador por el dedo de su padre y luego gobernó Salta durante 12 años, de 1995 a 2007. Su primera medida como gobernador fue declarar “prescindibles” a 5.000 empleados públicos, un eufemismo para hacerse cargo de su despido. Privatizó la Dirección Provincial de Energía, entregándosela a un grupo de aventureros, el Exxel Group, de Juan Navarro; le traspasó el banco provincial a Jorge Brito, del Banco Macro, a cambio de unos 70 mil dólares, y Obras Sanitarias de la provincia a un grupo que la rebautizó Aguas de Salta y luego la quebró. Dentro del grupo adquirente estaba el constructor Gualtieri, “el Yabrán de Duhalde”, protagonista a principios de esta década de la sonada estafa del dique Itiyuro II, que costó unos 60 millones de dólares y nunca se terminó. Además, JR jibarizó Vialidad provincial, liquidó la Dirección de Arquitectura, cerró el Banco de Préstamos y entregó a privados el casino y la lotería. Por fin, y a pesar de que la Constitución provincial sólo permite una reelección, en 2003 se las ingenió para  suspender esa prohibición por medio día, lo suficiente como para habilitar su candidatura.

Su padre, RR, había llegado a gobernador utilizando el diario El Tribuno como trampolín. Era un pobre mas cuando en 1957, en plena Revolución Libertadora, apareció entre los adquirentes a precio de ganga del diario El Tribuno, creado en 1949 como medio explícitamente peronista para contrarrestar la prédica radicalmente “contrera” de El Cívico-Independiente.

Descendiente de árabes y casado con Vicenta Di Gangi, de origen siciliano, RR habría sido el “palo blanco” de un capitalista interesado en no figurar como beneficiario de semejante bicoca. La leyenda asegura que  una  vez apoltronado en el despacho de director de El Tribuno tejió alianzas que le permitieron resistir los intentos de desalojarlo por parte de  quienes lo habían creído un mero, dócil testaferro. La Wikipedia asegura que hubo “maniobras sospechosas y vinculada con la mafia por Roberto Romero en la adquisición de la empresa” (sic).

Tanto Roberto como Juan Carlos –que tiene la nacionalidad italiana- fueron señalados como vinculados al narcotráfico. Un informe de la Drugs Enforcement Agency (DEA) y el libro Mama Coca, del antropólogo brasileño Anthony Henman, escracharon al padre como integrante de una red en la que en la segunda mitad de 1974 habrían estado las figuras más importantes de la derecha peronista: el ministro de Bienestar Social y secretario privado de la presidenta Isabel Perón, (José) López Rega; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Vignes, el ex presidente interino y yerno de López Rega  Raúl Lastiri, el senador salteño Juan Carlos Cornejo Linares y el director de El Tribuno, RR.

El libro, publicado originalmente en Londres en 1978 y reeditado recientemente en Bolivia sostiene que dicha red de narcotráfico habría sido operado desde la jefatura de la Policía Federal (que hasta su asesinato desempeñó el comisario Alberto Villar, a la vez uno de los jefes operativos de la Triple A) para la  distribución interna, y que el piduísta canciller Vignes habría dado “la cobertura del servicio diplomático para la consolidación de una ruta segura para las exportaciones”. Lo que no impidió –más bien, al contrario–  que al recuperarse la democracia a fines de 1983, RR fuera elegido gobernador.

Del mismo modo, JCR sería acusado de connivencia con el narcotráfico. En marzo de 2003, en vísperas de las elecciones presidenciales en las que secundó a Menem contra  Kirchner-Scioli, el semanario TXT, dirigido por Adolfo Castelo, hizo su presentación en público. “El candidato a vicepresidente de Menem es hijo de un narcotraficante”, anunciaba en la tapa. Adentro ofrecía  una extensa investigación –ocupó 8 páginas- sobre JCR firmada por el prestigioso periodista Rafael Saralegui, quien la había escrito originariamente para La Nación, que se había negado a publicarla. Llevaba el título “Una herencia muy pesada” y la bajada “Según la DEA, el padre de Romero era narco”. El texto se ocupaba de dejar claro que no existía el menor indicio de que el hijo se hubiera distanciado de las prácticas de su padre.

El libro Salta, el Narcopoder, obra póstuma del periodista Sergio Poma (fallecido el 1 de enero de 2008 mientras era objeto de una feroz persecución judicial) despertó la furia de JCR. En el capítulo más difundido, que lleva por título “Vox populi”, se narra como JCR trató de “delincuentes” a los piqueteros creados por el cierre de YPF, y como, desde la Quiaca, el indignado párroco Jesús Olmedo salió en su defensa de los piqueteros, tachando a JCR de  narcotraficante.

El gobernador intentó que Olmedo se rectificara, pero como no lo logró, le inició juicio por calumnias e injurias ante los obsecuentes tribunales de su provincia. El abogado del cura, Fernando Chamorro, expresó que “la convicción de que la fortuna de Romero proviene del narcotráfico se encuentra fuertemente arraigada en la opinión general de los salteños” y consiguió que la causa pasara a manos de la justicia porteña, pues las expresiones supuestamente injuriosas del cura se habían vertido en una radio radicada en la ciudad de Buenos Aires.  Ello obligó a RR a dejar vencer los términos de la acción judicial, pues tenía claro que la gente le creía al padre Olmedo a pie juntillas.

Su virtual aliada de hoy, Elisa Carrió, dijo por entonces en el curso de una entrevista que le hizo en San Salvador de Jujuy la periodista Paula Poma, hija de Sergio, que la relación de JCR con Jorge Brito y Ramón Puerta era “indisimulable”, que había “que ver por dónde baja y por dónde llega la droga  a Ciudad del Este” y que  JCR “tiene poder político, poder económico y un poder clave en el noroeste que tiene que ver con otras actividades”.

“¿Qué actividades?” le preguntó la periodista. “Se están investigando–dijo la Carrió, misteriosa–. Es obvio, hay mucho que hacer en el norte, tanto en el nordeste como en el noroeste. Sobre todo en materia de narcotráfico”.

También la monja Marta Pelloni se congratuló en la mesa de la Legrand porque el dúo Menem- Romero hubiera rehuido enfrentar al tándem Kirchner-Scioli. “Menos mal Mirtha que perdió Menem, porque de lo contrario hoy tendríamos como vicepresidente al jefe del narcotráfico del norte del país”, suspiró aliviada.

Cuando JCR fue nombrado gobernador, Salta tenía un tercio de territorio selvático, hoy casi no tiene ya bosques nativos Según datos oficiales, entre 1998 y 2002 se deforestaron 194.389 hectáreas, y entre  2002 y 2006 esa superficie más que se dobló:  414.934 hectáreas. Durante su último año de gestión y mientras la Ley de Bosques se discutía en el Congreso, JCR  autorizó el desmonte en un solo año de 478.204 hectáreas: una extensión similar a la de 23 (veintitrés) ciudades de Buenos Aires. Es difíicil es concebir un crimen ecológico mayor.

La pasión por acabar con la flora biodiversa queda ilustrada con algunos, pocos, contundentes datos. Entre 2004 y 2007, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a 211 audiencias públicas, de las cuales 195 correspondieron a proyectos de desmonte. De esos 195 pedidos fueron aprobados 191; dos no llegaron a serlo por falta de tiempo para elaborar un dictamen y otros dos quedaron postergados para ser tratados  al año siguiente.

El senador justicialista Alfredo Olmedo (llamado “El Rey de la Soja” y autor de un proyecto de “ley de ordenamiento territorial” que contemplaba seguir desmontando en la provincia cerca de cinco millones de hectáreas) se beneficio con 320.000  hectáreas de tierras fiscales. La familia Mochón, con 38.900 hectáreas; La empresa que copreside quien fuera su secretario de Empleo, Aníbal Caro, Desafío del Chaco, fue autorizada a talar 10.420 hectáreas. Incluso se autorizó el desmonte en las yungas cercanas a Orán, zona declarada reserva mundial de la biósfera por la Unesco.

Hasta hace dos años, Romero integraba el bloque del Frente para la Victoria y juraba lealtad al gobierno. Después de un año de marchas y contramarchas, en febrero de 2009 descubrió que la gestión de CFK es “stalinista” e “intolerante” y se fue del bloque, arrojándose en brazos de Reutemann. Sostuvo en su renuncia cosas tan incomprensibles como que “la sociedad reclama por la impunidad con que se matan diariamente (sic) a hombres y mujeres inocentes sin reacción oficial” y “cómo es posible que después de cinco años de gobierno descubramos a los pobres en Tartagal, cuando millones (sic) de ellos se hacinan a metros (sic) del Obelisco”. También expresó que rompía con el gobierno de CFK  a causa del “empobrecimiento y degradación” de la educación pública. Y, como si se tratara de un militante de la nueva izquierda y no de un baluarte del neoliberalismo, se quejó de la “brutal concentración económica” y del “pensamiento único”. Facia tosta.

Cuando Reutemann instó a sus seguidores a emular a Papillón y embutir su candidatura donde les quepa,  JCR lo pensó. Y se puso a dorarle la píldora a Felipe Solá, que no le pide tanto.

Además de intentar encaramarse en la presidencia provisional del Senado, el último combate de JCR lo dio tratando de sostener contra viento y marea en la presidencia del Banco Central a Hernán Pérez (a) “Martín Redrado”, ocasión en la que criticó “la falta de ímpetu” de Julio Cleto Cobos.