El juez que cajoneaba hábeas corpus

Por Raúl Arcomano / Miradas al Sur
Año 5. nº 217. Domingo 15 de julio de 2012

Hooft. Está imputado por su presunta actuación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

Pedro Hooft sigue en funciones en los tribunales de Mar de Plata. Tiene una causa penal y un juicio político en su contra por su participación en delitos de lesa humanidad. La Justicia Federal lo citó ahora a declaración indagatoria.

Al menos una vez una detenida lo vio en un centro clandestino de detención. Un representante judicial en un lugar de muerte y tortura. Es más: la mujer le pidió ayuda y el juez se la negó. No sólo eso: tampoco dio trámite a los recursos de habeas corpus presentados a favor de los abogados laboralistas desaparecidos en lo que la dictadura denominó la «Noche de las Corbatas». En ese operativo represivo, ocurrido entre el 6 y el 13 de julio de 1977, secuestraron a trece abogados. Siete de ellos siguen desaparecidos. No hay constancias de que el juez haya diligenciado esos trámites que, en esos años, podían ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Por estos motivos, el 23 de agosto el magistrado marplatense Pedro Cornelio Federico Hooft deberá dar explicaciones ante sus pares: fue citado a declaración indagatoria, en el marco de una causa que investiga una veintena de crímenes de lesa humanidad.

La decisión la adoptó el juez federal Martín Bava. Fue designado hace menos de un mes al frente de la causa, luego del sucesivo apartamiento por recusaciones y excusaciones de otros seis magistrados. En noviembre pasado, la Fiscalía Federal 1 de Mar del Plata, subrogada por Claudio Kishimoto, había pedido tomarle declaración como imputado. La fiscalía solicitó también la indagatoria de Hooft por los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de promover la persecución y represión de delincuentes y sustracción de medios de prueba. Es que, de manera no tan misteriosa, desapareció la mayoría de los expedientes que se tramitaron en el juzgado a su cargo. Esos documentos son la prueba fundamental acerca de los delitos denunciados.

En la «Noche de las Corbatas» fueron secuestrados y desaparecidos un grupo de abogados laboralistas de Mar del Plata. Entre ellos Jorge Candeloro y su esposa Marta García, Norberto Centeno, Raúl Hugo Alais y Salvador Arestín, junto a Tomás Fresneda y su esposa Mercedes Argañaraz de Fresneda. Se trata de los padres del actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. La base de la imputación es la actuación del entonces juez en lo Criminal y Correccional 3 de Mar del Plata, en el trámite de los habeas corpus presentados a favor de los detenidos ilegalmente por personal de la Subzona 15, de Mar del Plata, una de las zonas en las que fue dividido el territorio argentino para llevar adelante la represión ilegal. Se supone que los detenidos pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría cuarta y en la Base Aérea local, conocida como La Cueva. Por algunos de esos crímenes, hace un año fue condenado a prisión perpetua Gregorio Rafael Molina. Ahora está en curso el juicio a la plana mayor de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 y de los policías a cargo de la comisaría cuarta de la Bonaerense.

Un botón de muestra: en la causa penal está acreditado que Hooft rechazó el habeas corpus interpuesto en favor de Candeloro. Y eso que existía una constancia de que había sido detenido junto a su esposa por la Policía Federal de Neuquén y trasladados a Mar del Plata. Tres meses después, el coronel del Ejército Pedro Alberto Barda –mandamás de la Subzona 15– le remitió un comunicado al juez. Le informaba que «el delincuente subversivo Jorge Candelero había sido abatido por las fuerzas militares, al intentar escapar de las fuerzas de seguridad». Hooft no le pidió explicaciones al Ejército. No investigó esa muerte. No pidió la entrega del cadáver para reabrir el habeas corpus y entregarlo a la familia. Ni siquiera le comunicó a la familia que Candeloro había aparecido muerto.
Tampoco reabrió el habeas corpus cuando vio a García detenida ilegalmente en el centro clandestino que funcionó en la Seccional Cuarta. El juez se paró frente a la celda.

–¿Quién está acá?, preguntó.

–Soy una mujer que está a disposición de las fuerzas armadas –dijo García–. Soy la esposa del doctor Candeloro.

Hooft no respondió. Y sabía quién era la mujer: en su juzgado se había tramitado el habeas corpus interpuesto por el suegro de García, Candeloro padre. «Escuchando los pasos del juez que se retiraba, sentí que eran los pasos de la Justicia los que se marchaban», declaró García en las audiencias del Juicio por la Verdad que se hicieron en Mar del Plata.

«La intensidad de la búsqueda de los familiares fue inversamente proporcional a las tareas del juzgado para esclarecer la verdad. Hooft fue claramente un intencionado obstáculo en esa labor», se lee en el requerimiento judicial. Que añade: «La ‘Noche de las Corbatas’ sucedió en esa fecha porque Hooft se encontraba de turno. (El hecho) sirve para entender la comunión entre civiles y militares y marca un hito relevante en el nivel de responsabilidad funcional del Poder Judicial, encarnado en nuestra ciudad por Hooft.»

En el pedido de indagatoria, el fiscal sostiene que con su accionar el juez «proporcionó adecuada cobertura judicial a los autores de tales hechos, evitando a la vez que los sucesos fueran investigados en los estrados competentes a tal fin».

Corporación judicial. Natalia Messineo es una abogada que interviene en el juicio político y la denuncia penal contra Hooft, como querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), filial Mar del Plata. Messineo duda de que el juez se presente a la indagatoria. «Al no estar todavía destituido en sus funciones, tiene inmunidad de arresto, con lo cual no se lo puede llevar por la fuerza pública. Si no concurre a la indagatoria, el juez federal deberá impulsar el juicio político solicitando su desafuero», señala a Miradas al Sur.Y agrega: «En caso de que decida ir a la citación, entiendo que se va a negar a declarar para luego presentar los escritos a los que nos tienen acostumbrados. Allí, no responde a ninguna de las imputaciones concretas que se le realizan». Messineo adelantó que pedirán que a Hooft se le impida salir del país. «En casos similares en donde se imputó a civiles y funcionarios lo que ha sucedido es que se fugaron. Eso lo queremos evitar», explicó la abogada de la Apdh.

–¿Por qué la Justicia tardó tanto en aceptar la indagatoria de Hooft?

–Desde que el fiscal solicitó que se lo cite a prestar declaración indagatoria se sucedieron tres jueces distintos que se excusaron de entender en la causa. El último juez designado antes del juez federal Bava fue Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores. Pero Hooft lo recusó. Bava actuó con rapidez: fue designado el 25 de junio último, y ni bien tomó intervención en la causa ordenó la citación de Hooft para prestar declaración indagatoria.

Hooft asumió en el Juzgado Nº3 en lo Criminal y Correccional de Mar del Plata en un año particular: 1976. Aparece mencionado en la primera edición del Nunca Más, en 1984. En democracia se armó un perfil «progresista» en temas judiciales relacionados con la bioética, área en la que es considerado un experto. Eso no le impidió, sin embargo, acumular denuncias en su contra de organismos de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que en 2006 presentó una querella criminal. Hooft interpuso una excepción de cosa juzgada y de archivo de la causa. Se la rechazaron en primera instancia, en la Cámara Federal y en Casación.

En la actualidad, está en la Corte Suprema. Igual, el ex procurador Esteban Righi había redactado un dictamen que afirmaba que no existía cosa juzgada. Y que había que investigar.

También en 2006 empezó el jury de enjuiciamiento. Al igual que en la causa penal, se defendió con la excepción de cosa juzgada. Recién en marzo de 2009 se decidió la apertura del juicio político, por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. El juicio político está a la espera, desde marzo de este año, de que los jueces de la Cámara de Casación Penal resuelvan la excusación de todos los jueces de la Suprema Corte bonaerense. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que la resolución del máximo tribunal bonaerense era nula y que la tenía que volver a dictar.

«La corporación judicial, en concreto la Suprema Corte, le ha garantizado durante todo este tiempo la impunidad a Hooft. Todos los jueces de ese tribunal se excusaron de intervenir porque la mayoría son amigos de Hooft. Es más: su hija es relatora de uno de ellos», denunció Messineo.

Lo cierto es que hoy el jurado de enjuiciamiento está desmembrado. Es que en diciembre último los legisladores que lo integraban cesaron en sus mandatos. «Entendemos –remarcó la abogada- que el llamado a indagatoria debería dar un nuevo impulso al jury, y que se debe proceder al menos a la inmediata suspensión de Hooft en sus funciones.» Messineo recordó que la ley de enjuiciamiento de jueces sostiene que cuando se decide la apertura del juicio político se debe suspender al juez acusado. «Esto no sucedió con Hooft. Es el único caso de un funcionario judicial sometido a juicio político que no fue suspendido en sus funciones. Una prueba más del abroquelamiento de la corporación para sostenerlo.».