«Contribuyentes de los EE.UU. financian genocidio en Colombia»
COLOMBIA-DDHH:
DIPUTADO IVAB CEPEDA: “CONTRIBUYENTES DE EEUU FINANCIAN CRIMENES DE LESA HUMANIDAD”
BUENOS AIRES, 3 (ANSA) – «Los contribuyentes de Estados Unidos» financian «crímenes de lesa humanidad» en Colombia, dijo el diputado Iván Cepeda, sobre la denuncia de una fosa común con 2 mil cadáveres en La Macarena, sur del país, que atribuyó a la política del «falso éxito militar» del gobierno saliente de Alvaro Uribe.
Cepeda, defensor de derechos humanos y diputado del Polo Democrático, dialogó con ANSA sobre la denuncia hecha en audiencia pública el jueves 22 de julio, tras la cual el gobierno de Uribe dijo que no se trata de una fosa común, sino de un cementerio legal.
El diputado es miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice) e hijo del senador Manuel Cepeda, asesinado por militares y paramilitares en 1994.
Para brindar información hasta ahora desconocida sobre La Macarena, fueron citados para el 25 de agosto al Parlamento los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Públicas del futuro gobierno de Juan Manuel Santos, que asumirá el sábado.
También fue invitado el fiscal general a informar en qué punto están las investigaciones en el terreno.
En ese municipio, ubicado en zona selvática al sureste de Bogotá y que integró la ex zona de despeje de las FARC, hay dos mil cadáveres enterrados como NN en un predio lindante a una base militar. El gobierno dice que es una extensión del cementerio local donde hay, como en otros sitios, tumbas NN.
Los organismos de derechos humanos sostienen que es un «cementerio clandestino», al lado de la base que alberga la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, que cuenta con fondos de Estados Unidos en el marco del Plan Colombia.
Cepeda participó el 22 de julio de la audiencia pública junto a su colega Gloria Ramírez, la senadora Piedad Córdoba y un grupo de legisladores europeos y estadounidenses en la localidad del departamento del Meta.
Uribe acusó a militantes de derechos humanos y legisladores de ser «voceros del terrorismo» que buscan «desacreditar a la Fuerza Pública», el 25 de julio y en La Macarena misma.
Sin embargo, en junio el Relator Especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, dijo que el «gobierno no podrá superar el escándalo de los falsos positivos», los civiles asesinados y luego presentados por militares como «guerrilleros muertos en combate», sin un compromiso de investigación y justicia.
Alston agregó que en el país la «tasa actual de impunidad» alcanza a 98,5% de los casos que llegan a la justicia.
Cepeda se preguntó: «¿por qué esa reacción tan nerviosa de Uribe? Si todo está en orden, ¿por qué salir a acusarnos de ser aliados de la guerrilla?»
La denuncia de organismos de derechos humanos es que en las fosas clandestinas hay civiles asesinados por el ejército en los llamados «falsos positivos», personas que murieron en combates inexistentes.
En ocho años de gobierno de Uribe, familiares de víctimas denunciaron 2.300 desapariciones ante la Fiscalía General.
En La Macarena se «desplegó con especial fuerza la llamada ‘política de seguridad’ del presidente Uribe, allí se creó un laboratorio de lo que significaba recuperar el territorio, acabar con lo que el gobierno llama grupos terroristas en la región y ‘pacificar’ esa zona», describió Cepeda.
El legislador apuntó al financiamiento norteamericano y reclamó a sus pares del Congreso de Washington que «hagan las preguntas a los responsables» de su país para tomar la «decisión de que esa ayuda sea clausurada».
«Los contribuyentes de Estados Unidos están pagando impuestos para que unidades militares violen los derechos humanos, asesinen a civiles y los entierren en lugares ocultados, y despues eso sea presentado como un éxito de la política de seguridad en Colombia», explicó Cepeda.
«Los falsos positivos surgen específicamente de la política de seguridad democrática centrada en proyectar una imagen a la sociedad y la opinión internacional de que hay resultados en la lucha. Son falsos éxitos militares», enfatizó Cepeda.
Para el diputado, los asesinatos de civiles no se deben a «manzanas podridas» dentro del ejército, sino que constituyen «crímenes de lesa humanidad».
Esos crímenes están «amparados» por la resolución ministerial 029, de 2005, de Camilo Ospina y luego defendida por su sucesor, Santos, que prevé ascensos, licencias y sumas de dinero a miembros del Ejército si detienen a un presunto guerrillero.
«Habíamos dicho que entregar dinero a un ejército que tiene un expediente largo y bastante vergonzoso en violaciones de los derechos humanos iba a desencadenar acciones y operaciones que van de los abusos a crímenes de lesa humanidad», recordó Cepeda.
Explicó que las primeras denuncias de civiles muertos en falsos enfrentamientos con el ejército comenzaron en 2008 y en 2009 se pidió que una misión de ONG internacionales de derechos humanos visitara la zona.
«De la mano del defensor local de derechos humanos Jhonny Hurtado fueron y corroboraron su existencia. Tres meses más tarde Hurtado fue asesinado en su finca, pero las investigaciones continuaron», recordó el legislador.
La cifra de 2.000 cadáveres surge de datos de la Procuraduría y de las ONG, mientras que para la Fiscalía General de la Nación hay 449, aunque acepta que pueden llegar a 600.
Cepeda dijo que hay «una clara competencia de la Corte Penal Internacional», en caso de que «no se produzcan resultados en la justicia de Colombia», aunque admitió que la situación de los jueces es «muy difícil» por las amenazas que reciben.(ANSA).
