El «caso Tonietto», once años después

Compartí

Por José Amorín (médico sanitarista y escritor)

El 15 de julio pasado fuimos absueltos por el Tribunal Oral Federal Nº 2, en la causa originada por lo que los medios consideraron como el «primer acto de corrupción» protagonizado por el reciente gobierno de la Alianza, Angel Tonietto y yo.  El Frepaso había designado a Tonietto como co-interventor –conjuntamente con Rodríguez Larreta en representación del «peronismo»  y a Cecilia Felgueras, por el radicalismo- en el PAMI, y a mi como subinterventor de prestaciones sociales. Si bien Tonietto y yo estábamos enfrentados por cuestiones metodológicas, coincidíamos en eliminar a los intermediarios entre los prestadores directos y el PAMI como un primer paso para sanear la Institución y recuperarla en beneficio de sus afiliados.


La intermediación era un «negocio» que proporcionaba a la «corona» un flujo económico no inferior a los 500 millones de dólares anuales, cifra ya no imposible de alcanzar sino ni siquiera de imaginar mientras el PAMI contrató en forma directa a cada sanatorio, geriátrico, psiquiátrico, etc. A modo de ejemplo, cuando comenzó la gestión de Matilde Menéndez, la cápita que se pagaba a cada sanatorio durante las contrataciones directas, de un día para otro saltó de $ 17 mensuales por beneficiario a $ 25, dinero que comenzaron a percibir los intermediarios –casi 400 millones anuales- sin que mediara ningún estudio de costos que lo justificase.


Matilde Menéndez cayó en 1994 a causa de una investigación que impulsó Aníbal Ibarra, en el curso de la cual se logró filmar las entonces conocidas como «coimas psiquiátricas», un 25 % de lo que se pagaba por cada internado en un establecimiento de psiquiatría, algo así como 2.5 millones mensuales.


Matilde cayó, pero la corrupción continuó aunque el robo ya no fluía, al menos en su totalidad, hacia la «corona». Un error en la designación del nuevo interventor, Víctor Alderete, el sindicalista (en lugar de su homónimo, el enanito –y conste que me refiero exclusivamente a su estatura intelectual– que jugaba al golf con Menem) eliminó la concentración de poder que caracterizaba a la gestión de Matilde y llevó a la «feudalización» del PAMI. Surgieron nuevos sectores de poder y, paulatinamente, adquirió hegemonía la sociedad informal y/o clandestina –iniciada ya en 1984– de Nosiglia y Barrionuevo. A través de testaferros dominaban la mayor parte de las intermediaciones en casi todas las áreas prestacionales del PAMI.


Esta sociedad no cobraba coimas, las pagaba y se quedaba con una jugosa parte de lo que correspondía cobrar a los prestadores directos. Sin desmedro de que les pagaban con considerables atrasos y compulsivos descuentos. Se sucedieron las intervenciones hasta que llegó el Alderete auténtico, quien concentró nuevamente el poder y ya no sólo cobró los retornos de los intermediarios sino que inventó nuevas «fuentes de ingresos» que desfinanciaron a la institución.


Alderete fue, tal vez, el paradigma de un modelo socio-económico en el cual el Estado sólo sirve para el enriquecimiento personal. Cuando la Alianza obtiene el gobierno, Alderete destruyó los discos duros de las computadoras y dejó una institución anarquizada en la cual los mejores funcionarios de carrera habían sido eyectados y el personal se encontraba confuso, desmotivado y temeroso. Temor que se incrementó con una multitud de despidos irracionales impulsados por el «peronista» Rodríguez Larreta. No muy diferente a lo que sucedió con Macri apenas inició su gestión en la CABA.


En ese contexto, durante el primer mes de gestión anulé el contrato con FEGERA –sociedad intermediaria entre los 700 geriátricos y el PAMI– con el inestimable apoyo de la Dra. Tribalski y la inmensa mayoría de los prestadores directos. Puse contra la pared a Funeral Home, intermediaria con los empresarios de pompas fúnebres. Y no logré eliminar a FACAP, intermediaria con los establecimientos psiquiátricos, por la oposición de Rodríguez Larreta.


En febrero del 2000 comenzó la ofensiva mediática encabezada por Lanata y su revista, ya no recuerdo si XXI o XXII. Primero se me acusó de favorecer a Funeral Home, acusación «dolorosamente» desestimada por la Oficina Anticorrupción. Luego, de haberme acogido al retiro voluntario a pesar del dictamen de la Procuraduría que me habilitaba para ejercer el cargo de subinterventor. Y, por último, de haber recategorizado irregularmente un establecimiento de discapacidad propiedad de la –de hecho y desde hacía tiempo– ex esposa de Tonietto lo cual significaba que dicho establecimiento incrementaba su facturación en $1.750 mensuales.


El «caso Tonietto» constituyó, durante meses, el tema central del programa «Día D» conducido por Lanata así como el origen de una causa judicial por el supuesto delito de «negociaciones incompatibles con la función pública» que clausuró mis 40 años de carrera política, imposibilitó mi participación en la gestión del proyecto nacional y popular y dio lugar a once años de procesamiento que culminaron con el juicio oral que me absolvió.


¿En qué consistieron las «irregularidades» en la recategorización? En las declaraciones de dos funcionarias que estaban a cargo de Discapacidad quienes, en su momento, pidieron su traslado debido a su incompetencia para gestionar el área. En un dictamen de la Oficina Anticorrupción que ni siquiera se molestó en verificar los puntajes que justificaban la recategorización del establecimiento. En un juez federal –Gabriel Cavallo- quien, sin investigar, tomó los puntajes asignados al establecimiento 14 días antes de que finalizara el proceso de evaluación y, posteriormente, se jactó de haber juzgado el primer caso de corrupción del gobierno de la Alianza. Y en una ofensiva mediática feroz encabezada por Lanata y en la cual se involucraron todos los medios menos P12.

Recién en 2006, por orden del Tribunal Oral, el juez, Norberto Oyarbide en este caso, ordenó un peritaje del establecimiento. Que demostró que al mismo le correspondía la recategorización asignando un puntaje muy superior al requerido. Me pregunto ¿son necesarios once años de procesamiento para que se haga justicia? Con la honrosa excepción del T.O.F.Nº 2… ¿Qué pasa con la Justicia? ¿Qué factores de poder incidieron para que este proceso durase once años? ¿No habría que investigarlos?


¿No habría que investigar porqué los doctores Manuel Garrido y Cavallo amañaron de tal forma la realidad como para lograr un procesamiento que podría haberse evitado con un simple peritaje el establecimiento efectivizado al momento de las indagatorias? ¿Quién estuvo detrás de ellos, en qué se beneficiaron? ¿O fue tal vez que respondían a un modelo socioeconómico que priorizaba el individualismo y la concentración de la riqueza a cualquier costo por sobre los valores de la solidaridad social? ¿Había que dar un ejemplo? ¿Escarmentar para que no se repita?


Once años de procesamiento. Sin ello, tal vez, no hubiera escrito tres libros, ni hubiera convivido y trabajado con los pueblos indígenas en el Impenetrable y Misiones, ni me habría compenetrado con los adolescentes en barrios marginales del conurbano mediante actividades de educación popular. Inestimable experiencia para un sanitarista y cuadro político. Pero, también es cierto que las intermediaciones, con la gestión de la Alianza, simplemente cambiaron de nombre pero no de contenido, gatopardismo en estado puro, y la corrupción medró a sus anchas durante años. Concretamente hasta que el modelo nacional y popular arraigó –al menos parcialmente, todo lleva su tiempo- en el PAMI.                                                                                          


Compartí

Deja un comentario