En la «Noche de las Corbatas» fueron secuestrados y desaparecidos un grupo de abogados laboralistas de Mar del Plata. Entre ellos Jorge Candeloro y su esposa Marta García, Norberto Centeno, Raúl Hugo Alais y Salvador Arestín, junto a Tomás Fresneda y su esposa Mercedes Argañaraz de Fresneda. Se trata de los padres del actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. La base de la imputación es la actuación del entonces juez en lo Criminal y Correccional 3 de Mar del Plata, en el trámite de los habeas corpus presentados a favor de los detenidos ilegalmente por personal de la Subzona 15, de Mar del Plata, una de las zonas en las que fue dividido el territorio argentino para llevar adelante la represión ilegal. Se supone que los detenidos pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría cuarta y en la Base Aérea local, conocida como La Cueva. Por algunos de esos crímenes, hace un año fue condenado a prisión perpetua Gregorio Rafael Molina. Ahora está en curso el juicio a la plana mayor de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 y de los policías a cargo de la comisaría cuarta de la Bonaerense.

Un botón de muestra: en la causa penal está acreditado que Hooft rechazó el habeas corpus interpuesto en favor de Candeloro. Y eso que existía una constancia de que había sido detenido junto a su esposa por la Policía Federal de Neuquén y trasladados a Mar del Plata. Tres meses después, el coronel del Ejército Pedro Alberto Barda –mandamás de la Subzona 15– le remitió un comunicado al juez. Le informaba que «el delincuente subversivo Jorge Candelero había sido abatido por las fuerzas militares, al intentar escapar de las fuerzas de seguridad». Hooft no le pidió explicaciones al Ejército. No investigó esa muerte. No pidió la entrega del cadáver para reabrir el habeas corpus y entregarlo a la familia. Ni siquiera le comunicó a la familia que Candeloro había aparecido muerto.
Tampoco reabrió el habeas corpus cuando vio a García detenida ilegalmente en el centro clandestino que funcionó en la Seccional Cuarta. El juez se paró frente a la celda.

–Desde que el fiscal solicitó que se lo cite a prestar declaración indagatoria se sucedieron tres jueces distintos que se excusaron de entender en la causa. El último juez designado antes del juez federal Bava fue Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores. Pero Hooft lo recusó. Bava actuó con rapidez: fue designado el 25 de junio último, y ni bien tomó intervención en la causa ordenó la citación de Hooft para prestar declaración indagatoria.

También en 2006 empezó el jury de enjuiciamiento. Al igual que en la causa penal, se defendió con la excepción de cosa juzgada. Recién en marzo de 2009 se decidió la apertura del juicio político, por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. El juicio político está a la espera, desde marzo de este año, de que los jueces de la Cámara de Casación Penal resuelvan la excusación de todos los jueces de la Suprema Corte bonaerense. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que la resolución del máximo tribunal bonaerense era nula y que la tenía que volver a dictar.

«La corporación judicial, en concreto la Suprema Corte, le ha garantizado durante todo este tiempo la impunidad a Hooft. Todos los jueces de ese tribunal se excusaron de intervenir porque la mayoría son amigos de Hooft. Es más: su hija es relatora de uno de ellos», denunció Messineo.

Lo cierto es que hoy el jurado de enjuiciamiento está desmembrado. Es que en diciembre último los legisladores que lo integraban cesaron en sus mandatos. «Entendemos –remarcó la abogada- que el llamado a indagatoria debería dar un nuevo impulso al jury, y que se debe proceder al menos a la inmediata suspensión de Hooft en sus funciones.» Messineo recordó que la ley de enjuiciamiento de jueces sostiene que cuando se decide la apertura del juicio político se debe suspender al juez acusado. «Esto no sucedió con Hooft. Es el único caso de un funcionario judicial sometido a juicio político que no fue suspendido en sus funciones. Una prueba más del abroquelamiento de la corporación para sostenerlo.».