Esto no significa relativizar la culpabilidad de los represores con uniforme sino colocar la cuestión en una perspectiva política, lejos de las simplificaciones infantiles.

Esos sectores sociales confluyeron, en un proceso imparable a partir de 1975, en su decisión destruir de una vez por todas el modelo de democracia y participación estatal que había inaugurado el peronismo de posguerra.

En ese sentido,  las organizaciones armadas que siguieron accionando tras la asunción de Cámpora, ya sea por una cosa o por la otra, terminaron siendo funcionales (desde que se enfrentaron violentamente con el gobierno constitucional de entonces) a los intereses del poder tradicional confluyendo con las cúpulas de las fuerzas armadas, motivados ambos en la perspectiva de crear las condiciones para tomar el poder.

El triunfo de Perón, con más del 60% de los votos en 1974, no significó que el poder pasara de manos. Traslademos esa perspectiva a la actualidad: el Gobierno Nacional tiene la legitimidad derivada del 54% de los votos pero esa cuota de poder es, sigue siendo, una pequeña parte del poder real de Argentina .

En aquel entonces no lo advertíamos.

Las FFAA comenzaron a planificar la toma del poder, con la perspectiva del enemigo interno, el mismo día que asumió Cámpora. Basta para ello con seguir la trayectoria del general López Aufranc, que de especialista en represión al enemigo interno y jefe del EMGE de la dictadura de Lanusse, pasó a la vicepresidencia de Acindar primero y a la presidencia después. Acindar fue otro de los pilares de la dictadura junto al ingenio Ledesma. López Aufranc no era experto en procesos industriales ni en siderurgia, sino en represión.

En 1975, el Ejército, con la firma del general Viola, ya tenía preparado un plan minucioso para tomar todos los resortes del poder. Ese mismo año, Martínez de Hoz y el Consejo Empresario Argentino se habían reunido con los jefes de las tres fuerzas y acordaron desalojar al gobierno constitucional. Se sospecha que en esa reunión una importante suma de dinero pasó de unas manos a otras.

Relató el teniente de fragata Julio César Urien sobre el levantamiento pro-peronista de algunos marinos en noviembre de 1972: tras las elecciones de marzo de 1973, seguía junto a otros sublevados a disposición de un Consejo de Guerra de la dictadura en retirada y, en ese marco, fue a verlo un capitán de la Armada, con un mensaje anticipatorio del terrorismo de estado generalizado tres años después. «‘Ustedes ganaron las elecciones. ¿Piensan hacer una revolución?'», me dijo y, sin esperar respuesta, siguió: ‘La Armada no lo va a permitir, estamos dispuestos a matar un millón de personas'», recordó Urien, quien como la mayor parte de los cadetes y oficiales de las tres fuerzas, realizó como parte de su entrenamiento, un curso de guerra contra-revolucionaria.

La participación de distintos grupos empresarios se dio por una confluencia de intereses particulares e identidad ideológica. Los Acevedo eran furiosamente antiperonistas y su empresa, Acindar, se convirtió en monopólica en su nicho de mercado durante la dictadura. Ledesma se había beneficiado con la política de cierre de ingenios implementada por Onganía-Krieger Vasena e iba por más. Son sólo dos casos paradigmáticos, pero en la larga lista podemos citar también a Techint y las grandes automotrices norteamericanas.

Otro ejemplo: El representante en 1975 de Massey Fergusson participó en la reunión entre el CEA y la cúpula militar: hoy se dedica a dirigir una aristocrática ong de autoayuda en Las Cañitas y cambió su aspecto de ejecutivo por ropaje tibetano. También es notoria la producción intelectual de Blaquier Estrugamou y su íntima relación con la Iglesia.

Otros juicios contra grandes empresarios están empantanados, aunque es probable que el decidido contra Martínez de Hoz por el caso Gutheim se resuelva a la brevedad.

Además del contrapeso que significa el sistema judicial, no en todo el gobierno se comparte la idea de llevarlos a un proceso penal por delitos de lesa humanidad.

Es que estos grupos económicos continúan siendo poderosos y cuando hay señales de que se los ha investigado por su participación en la dictadura, se escandalizan y argumentan ausencia de seguridad jurídica, generalmente a través de las páginas de La Nación. Pero no por eso dejan de participar en aquellas decisiones del Gobierno que convienen también a sus intereses.

Visto desde otro lugar, no menos cierto es que ese señalamiento podría ser útil, además de asegurarles un procesamiento penal por el pasado, como otra herramienta política para intentar regular su actividad presente.

Esto se ve muy claro en el caso de empresas formadoras de precios y monopólicas en su actividad.

Al fin y al cabo, no se trata sólo de hacer justicia con el pasado.

Se trata, sobre todo, de que esos grupos pierdan el poder que tienen en la actualidad en favor del poder público. El procesamiento de Blaquier puede satisfacer a los familiares de sus muchas víctimas, puede aclarar lo que sucedió realmente en la dictadura, pero no por eso Ledesma perderá su papel decisivo en su sector.
Esto, en cuanto no solo hay que aplastar a la serpiente: también los muchos huevos que puso.
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