La Moraleja, Sanchís y los Romero de Salta
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| Menemista massista Romero. Hum… estamos en problemas |
Digo yo: Repito debajo una vieja nota que escribí sobre los Romero para contextualizar.
Qué curioso, ayer pasaron por mis manos varias, muchas notas de y sobre Salta. Y la mayoría eran muy buenas, gracias a Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta, una trabajadora infatigable.
El tesorero que hizo las Américas
Campsa le quitó dos gasolineras en Badajoz por adulterar el carburante, creó un banco, tuvo que dimitir por el ‘caso Naseiro’ y trabó amistad con Luis Bárcenas, que ahora le ha implicado en el blanqueo de los 22 millones hallados en Suiza. La Policía sospecha que están en la inmensa finca que posee en Argentina
MARCELA VALENTEISABEL F. BARBADILLO |27.01.13 – 00:33 –
EL HACEDOR DE NEGOCIOS. El chico de la avioneta es amigo del exgobernador peronista Juan Carlos Romero, vinculado al ‘narco’
Ángel Sanchis Perales (Albal, Valencia, 1938) ya apuntaba maneras desde jovencito. Algunos vecinos de su pueblo natal aún recuerdan sus sonoros vuelos rasantes con la avioneta que él mismo pilotaba. A Ramón Marí, de 57 años y alcalde socialista de la localidad valenciana, se le quedaron grabadas en la memoria esas acrobacias que dejaban a niños y mayores boquiabiertos. «Yo tenía tres o cuatro años y en cuanto oíamos el ruido del motor ya sabíamos que llegaba al pueblo el hijo de Els Rafalets, apodo de la familia (en honor al padre, Rafael). Le encantaba hacerse notar», recuerda.
Ahora, a sus 74 años, el empresario y financiero valenciano daría un buen pellizco de su inmensa fortuna por pasar desapercibido y evitar que se le relacione con su amigo Luis Bárcenas. Ambos, extesoreros del PP. Ya pasó un mal trago cuando fue imputado en 1990 en el ‘caso Naseiro’, que investigaba la financiación irregular del partido y que le costó la dimisión como diputado.
Muy a su pesar, después de toda una vida dedicada a múltiples, variados y polémicos negocios en España, Argentina y Brasil vuelve a ser protagonista. Fue vinculado por el propio Bárcenas en el blanqueo de parte de los 22 millones de euros que retiró de un banco suizo en 2009, al poco de estallar el ‘caso Gürtel’ (más corrupción política y cobro de comisiones por la adjudicación de obras). Sanchis estuvo en Ginebra por aquellas fechas y la Policía sospecha que parte de ese jugoso saldo suizo fue a parar a La Moraleja, el imperio agrícola que ha montado en Salta, en el norte de Argentina. Un latifundio de casi 300 kilómetros cuadrados dedicados al cultivo hortofrutícola -tres veces el término municipal de Barcelona-, la segunda empresa agroindustrial más importante de la región y la sexta del país gaucho, que exporta sus cítricos a la Unión Europea y que mantiene un supercontrato con Coca-Cola por un periodo de 20 años para suministrarla jugo de limón.
Una finca, dicen que modelo, levantada con un crédito del ICO y los millones de euros que Sanchis había ganado en empresas españolas de distintos sectores. Uno de ellos, el financiero: fue el fundador en 1973 de Nuevo Banco, que más tarde vendió a Banco de Levante, nacionalizado por sus pérdidas y adquirido por el estadounidense Citibank. El inmobiliario, con las sociedades Gordo y Sanra, o el energético, con varias empresas vendidas a una multinacional belga, aunque conserva la Compañía Independiente de Energía.
Ante todo, Ángel Sanchis es un hombre de negocios, oscuros o lícitos, que no abandonó cuando Fraga le nombró tesorero de la extinta Alianza Popular, sin importarle a don Manuel que en 1975 (Franco aún vivía) Campsa le hubiera expropiado dos gasolineras en Badajoz por prácticas fraudulentas. De esa aventura obtuvo pingües beneficios, pero se torció el día que los inspectores del monopolio le pillaron ‘in fraganti’ adulterando el gasoil con paratex, un derivado del queroseno mucho más barato, pero cuya mezcla, además, estropea los motores.
«Aquello no fue como lo contaron. Se las expropiaron, pero se las pagaron, por algo sería», defiende Luciano Pérez de Acevedo, viejo amigo de Sanchis y abogado, como su padre, que fue quien defendió al empresario valenciano ante el Tribunal de la Competencia. Le apoya a capa y espada, hasta el punto de que rechaza las irregularidades por las que, en 1991 y siendo todavía Sanchis diputado del PP, también fue acusado de la quiebra fraudulenta de la sociedad Videoclub España SA, dedicada a la compra de derechos audiovisuales en la Península Ibérica. «Pudo cometer algún error en su vida, pero a lo que se ha dedicado ha sido a trabajar, crear riqueza y empleos. La política le ha costado mucho dinero, para que luego, en la Transición, vinieran otros y se lo llevaran».
Íntimo de Fraga
Algún atractivo debe destilar la cosa pública, porque a los postres de una comida con periodistas valencianos tiempo después de ser apartado del cargo de tesorero por Hernández Mancha, Ángel Sanchis les confesó que ya no tenía tanto interés «en ganar millones» y que por eso iba a presentarse a diputado en las elecciones de 1986 «a petición de Fraga». Y eso le implicaba trasladar su domicilio oficial de Portugal a Madrid y renunciar a las ventajas fiscales del país vecino.
La amistad íntima con Manuel Fraga perduró hasta los últimos días del líder popular, con el que almorzaba regularmente. Tan estrecha era la relación que mantenían, que el vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, secretario general de Organización del PP en los meses previos a que Fraga designara a Aznar su sucesor, quedó asombrado de «la gran influencia que ejercía sobre don Manuel». Lucas, que solo coincidió unos meses con él en la calle Génova, destaca su condición de empresario por encima de la de político: «No le vi nunca participar en un mitin». Ni en mítines ni en el Congreso. No desgastó un ápice el sillón de su escaño.
El ‘caso Naseiro’ truncó la trayectoria política de este hábil empresario, que se concentró a partir de ese momento en su joya de ultramar, la finca La Moraleja, a la que destinó los 15 millones de euros que le prestó en 1997 el Instituto de Crédito Oficial (ICO), justo un año después de que José María Aznar llegara a La Moncloa. Otro asunto que generó muchos titulares porque quiso devolverlo en pesos. Él reitera que lo pagó íntegro, aunque sin intereses.
Los negocios los ha dejado ya, aparentemente, en manos de sus hijos. En la inmobiliaria Gordo -segundo apellido de su esposa, Carmen Herrero- figuran Rafael y Carmen, pero ésta lleva también toda la plantación forestal de Brasil que abastece de madera de teca a Ikea y a la que, según las sospechas policiales, podrían haber llegado fondos de las cuentas de Bárcenas. La finca argentina la preside Ángel junior, aunque el año pasado acudió con sus padres a la cita con la ministra de Industria del Gobierno de Cristina Fernández Kirchner para exponerle el proyecto de una presa con sistemas de riego, una inversión de 50 millones de dólares en diez años. Nada más se ha sabido del tema. Lo cierto es que ahora la familia Sanchis y la finca, adquirida a finales de los setenta en plena dictadura militar, se ven envueltos en la polémica del blanqueo de dinero, aunque padre e hijo han negado rotundamente que Bárcenas y su mujer sean accionistas de La Moraleja, empresa que en temporada alta genera 1.700 empleos en la comarca más deprimida del país.
Denuncia de Greenpeace
El escándalo ha saltado al otro lado del charco y los medios argentinos empiezan a desempolvar los tratos de favor recibidos por Sanchis de los sucesivos gobernadores provinciales de Salta. Nada pudo hacer Greenpeace, a la que presuntamente intentó sobornar Sanchis, según ha desvelado estos días un responsable de la organización ecologista. Quería evitar la tala de 12.000 hectáreas de bosque autóctono que han sido utilizadas para el cultivo intensivo de árboles madereros, sembrar limoneros, soja y maíz transgénico en tierras de los desplazados nativos wichis.
El peronista Juan Carlos Romero, que gobernó la provincia de Salta durante tres mandatos consecutivos, de 1995 hasta 2003, fue el gran benefactor del empresario español y promotor de las infraestructuras que comunican la finca. De momento, guarda silencio. Se sabe que visita La Moraleja con frecuencia en helicóptero. A Romero, senador enfrentado al Gobierno, se le ha vinculado con el narcotráfico o, al menos, de facilitar maniobras de tráfico aéreo con cocaína desde Bolivia a Salta. Las denuncias de la prensa argentina han topado siempre con la gran impunidad de la que goza este político. Con el actual gobernador, también peronista, Juan Manuel Urtubey, los Sanchis mantienen buena sintonía, de ahí que el patriarca no tenga miedo a las nacionalizaciones del Gobierno, como le sucedió a YPF.
A los trabajadores del búnker de La Moraleja, vigilada por guardas armados, se les ha prohibido hablar, pero una encuesta publicada esta semana por el diario local ‘El Intransigente’ revela que el 92,7% de los encuestados está convencido de en Salta se «lava dinero extranjero». Algo que puede incomodar levemente a un hombre bregado en mil batallas. En su memoria todavía está fresco el recuerdo de aquel chaval avispado y ambicioso que después de la muerte prematura de su padre obtuvo permiso oficial para adelantar la mayoría de edad de los 21 a los 18 años y labrarse un porvenir lejos de la explotación de naranjas y del almacén de insecticidas de la familia en Valencia. Sanchis voló, en avionetas y aviones, tanto y tan alto que acabó haciendo las Américas.
Juan Carlos Romero:
El halo blanco de un villano de los verdes
Por Juan Salinas
El ex gobernador y actual senador por Salta Juan Carlos Romero (JCR), compañero de Carlos Menem en la fórmula que enfrentó a Kirchner-Scioli en 2003, está nimbado por la persistente sospecha de que su fabulosa fortuna (que algunas fuentes estiman en 3.000 millones de dólares) es inseparable del contrabando de cocaína desde la vecina Bolivia, así como de la sistemática devastación de los bosques nativos en aras de la extensión de los cultivos de soja transgénica y, en menor medida, de la ganadería. En su defensa suele susurrarse que más tiene que ver en la actualidad con su opulencia el hecho de que los operadores de los dos gasoductos a Chile construidos durante su gobierno, pagan regalías de acuerdo a simples declaraciones juradas, tal como permite la laxa Constitución de 1994.
Durante el menemato, desde la presidencia de la Comisión de Hacienda y presupuesto del Senado, JCR monitoreó el desguace del Estado y en especial la privatización de la YPF estatal, que convirtió rápidamente en indigente y piquetera al grueso de la población de General Mosconi y Tartagal. Como gobernador impulsó la tala de casi todas las selvas y bosques nativos, lo que redundó en pavorosas inundaciones y aludes de barro como los que arrasaron Tartagal en diciembre de 2005 y febrero de 2009. Partidario de «una salida institucional» que desaloje a la presidenta Cristina Fernández de la Casa Rosada, fue hasta la reelección de José Pampuro como candidato provisional del Senado autopropuesto candidato del proteico bloque opositor a ese cargo, segundo en la línea de sucesión en caso de acefalía presidencial.
Hijo del también gobernador Roberto Romero (RR) que pasó de la pobreza a la riqueza en un santiamén, JCR fue primero senador por el dedo de su padre y luego gobernó Salta durante 12 años, de 1995 a 2007. Su primera medida como gobernador fue declarar «prescindibles» a 5.000 empleados públicos, un eufemismo para hacerse cargo de su despido. Privatizó la Dirección Provincial de Energía, entregándosela a un grupo de aventureros, el Exxel Group, capitaneado por Juan Navarro; le traspasó el banco provincial a Jorge Brito, del Banco Macro, a cambio de unos 70 mil dólares, y Obras Sanitarias de la provincia a un grupo que la rebautizó Aguas de Salta y luego la quebró. Dentro del grupo adquirente estaba el constructor Gualtieri, «el Yabrán de Duhalde», protagonista a principios de esta década de la sonada estafa del dique Itiyuro II, que costó unos 60 millones de dólares y nunca se terminó. Además, JR jibarizó Vialidad provincial, liquidó la Dirección de Arquitectura, cerró el Banco de Préstamos y entregó a privados el casino y la lotería. Por fin, y a pesar de que la Constitución provincial sólo permite una reelección, en 2003 se las ingenió para suspender esa prohibición por medio día, lo suficiente como para habilitar su candidatura.
Su padre, RR, había llegado a gobernador utilizando el diario El Tribuno como trampolín. Era un pobre mas cuando en 1957, en plena Revolución Libertadora, apareció entre los adquirentes a precio de ganga del diario El Tribuno, creado en 1949 como medio explícitamente peronista para contrarrestar la prédica radicalmente «contrera» de El Cívico-Independiente.
Descendiente de árabes y casado con Vicenta Di Gangi, de origen siciliano, RR habría sido el «palo blanco» de un capitalista interesado en no figurar como beneficiario de semejante bicoca. La leyenda asegura que una vez apoltronado en el despacho de director de El Tribuno tejió alianzas que le permitieron resistir los intentos de desalojarlo por parte de quienes lo habían creído un mero, dócil testaferro. La Wikipedia asegura que hubo «maniobras sospechosas y vinculada con la mafia por Roberto Romero en la adquisición de la empresa» (sic).
Tanto Roberto como Juan Carlos –que tiene la nacionalidad italiana- fueron señalados como vinculados al narcotráfico. Un informe de la Drugs Enforcement Agency (DEA) y el libro Mama Coca, del antropólogo brasileño Anthony Henman, escracharon al padre como integrante de una red en la que en la segunda mitad de 1974 habrían estado las figuras más importantes de la derecha peronista: el ministro de Bienestar Social y secretario privado de la presidenta Isabel Perón, (José) López Rega; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Vignes, el ex presidente interino y yerno de López Rega, Raúl Lastiri, el senador salteño Juan Carlos Cornejo Linares y el director de El Tribuno, RR.
El libro, publicado originalmente en Londres en 1978 y reeditado recientemente en Bolivia sostiene que dicha red de narcotráfico habría sido operado desde la jefatura de la Policía Federal (que hasta su asesinato desempeñó el comisario Alberto Villar, a la vez uno de los jefes operativos de la Triple A) para la distribución interna, y que el piduísta canciller Vignes habría dado «la cobertura del servicio diplomático para la consolidación de una ruta segura para las exportaciones». Lo que no impidió –más bien, al contrario– que al recuperarse la democracia a fines de 1983, RR fuera elegido gobernador.
Del mismo modo, JCR sería acusado de connivencia con el narcotráfico. En marzo de 2003, en vísperas de las elecciones presidenciales en las que secundó a Menem contra Kirchner-Scioli, el semanario TXT, dirigido por Adolfo Castelo, hizo su presentación en público. «El candidato a vicepresidente de Menem es hijo de un narcotraficante», anunciaba en la tapa. Adentro ofrecía una extensa investigación –ocupó 8 páginas- sobre JCR firmada por el prestigioso periodista Rafael Saralegui, quien la había escrito originariamente para La Nación, que se había negado a publicarla. Llevaba el título «Una herencia muy pesada» y la bajada «Según la DEA, el padre de Romero era narco». El texto se ocupaba de dejar claro que no existía el menor indicio de que el hijo se hubiera distanciado de las prácticas de su padre.
El libro Salta, el Narcopoder, obra póstuma del periodista Sergio Poma (fallecido el 1 de enero de 2008 mientras era objeto de una feroz persecución judicial) despertó la furia de JCR. En el capítulo más difundido, que lleva por título «Vox populi», se narra como JCR trató de «delincuentes» a los piqueteros creados por el cierre de YPF, y como, desde la Quiaca, el indignado párroco Jesús Olmedo salió en defensa de los piqueteros, tachando a JCR de narcotraficante.
El gobernador intentó que Olmedo se rectificara, pero como no lo logró, le inició juicio por calumnias e injurias ante los obsecuentes tribunales de su provincia. El abogado del cura, Fernando Chamorro, expresó que «la convicción de que la fortuna de Romero proviene del narcotráfico se encuentra fuertemente arraigada en la opinión general de los salteños» y consiguió que la causa pasara a manos de la justicia porteña, pues las expresiones supuestamente injuriosas del cura se habían vertido en una radio radicada en la ciudad de Buenos Aires. Ello obligó a RR a dejar vencer los términos de la acción judicial, pues tenía claro que la gente le creía al padre Olmedo a pie juntillas.
Su virtual aliada de hoy, Elisa Carrió, dijo por entonces en el curso de una entrevista que le hizo en San Salvador de Jujuy la periodista Paula Poma, hija de Sergio, que la relación de JCR con Jorge Brito y Ramón Puerta era «indisimulable», que había «que ver por dónde baja y por dónde llega la droga a Ciudad del Este» y que JCR «tiene poder político, poder económico y un poder clave en el noroeste que tiene que ver con otras actividades».
«¿Qué actividades?» le preguntó la periodista. «Se están investigando–dijo la Carrió, misteriosa–. Es obvio, hay mucho que hacer en el norte, tanto en el nordeste como en el noroeste. Sobre todo en materia de narcotráfico».
También la monja Marta Pelloni se congratuló en la mesa de la Legrand porque el dúo Menem- Romero hubiera rehuido enfrentar al tándem Kirchner-Scioli. «Menos mal Mirtha que perdió Menem, porque de lo contrario hoy tendríamos como vicepresidente al jefe del narcotráfico del norte del país», suspiró aliviada.
Cuando JCR fue nombrado gobernador, Salta tenía un tercio de territorio selvático, hoy casi no tiene ya bosques nativos Según datos oficiales, entre 1998 y 2002 se deforestaron 194.389 hectáreas, y entre 2002 y 2006 esa superficie más que se dobló: 414.934 hectáreas. Durante su último año de gestión y mientras la Ley de Bosques se discutía en el Congreso, JCR autorizó el desmonte en un solo año de 478.204 hectáreas: una extensión similar a la de 23 (veintitrés) ciudades de Buenos Aires. Es difíicil concebir un crimen ecológico mayor.
La pasión por acabar con la flora biodiversa queda ilustrada con algunos, pocos, contundentes datos. Entre 2004 y 2007, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a 211 audiencias públicas, de las cuales 195 correspondieron a proyectos de desmonte. De esos 195 pedidos fueron aprobados 191; dos no llegaron a serlo por falta de tiempo para elaborar un dictamen y otros dos quedaron postergados para ser tratados al año siguiente.
El senador justicialista Alfredo Olmedo (llamado «El Rey de la Soja» y autor de un proyecto de «ley de ordenamiento territorial» que contemplaba seguir desmontando en la provincia cerca de cinco millones de hectáreas) se beneficio con 320.000 hectáreas de tierras fiscales. La familia Mochón, con 38.900 hectáreas; La empresa que copreside quien fuera su secretario de Empleo, Aníbal Caro, Desafío del Chaco, fue autorizada a talar 10.420 hectáreas. Incluso se autorizó el desmonte en las yungas cercanas a Orán, zona declarada reserva mundial de la biósfera por la Unesco.
Hasta hace dos años, Romero integraba el bloque del Frente para la Victoria y juraba lealtad al gobierno. Después de un año de marchas y contramarchas, en febrero de 2009 descubrió que la gestión de CFK es «stalinista» e «intolerante» y se fue del bloque, arrojándose en brazos de Reutemann. Sostuvo en su renuncia cosas tan incomprensibles como que «la sociedad reclama por la impunidad con que se matan diariamente (sic) a hombres y mujeres inocentes sin reacción oficial» y «cómo es posible que después de cinco años de gobierno descubramos a los pobres en Tartagal, cuando millones (sic) de ellos se hacinan a metros (sic) del Obelisco». También expresó que rompía con el gobierno de CFK a causa del «empobrecimiento y degradación» de la educación pública. Y, como si se tratara de un militante de la nueva izquierda y no de un baluarte del neoliberalismo, se quejó de la «brutal concentración económica» y del «pensamiento único». Facia tosta.
Cuando Reutemann instó a sus seguidores a emular a Papillón y embutir su candidatura donde les quepa, JCR lo pensó. Y se puso a dorarle la píldora a Felipe Solá, que no le pide tanto.
Además de intentar encaramarse en la presidencia provisional del Senado, el último combate de JCR lo dio tratando de sostener contra viento y marea en la presidencia del Banco Central a Hernán Pérez (a) «Martín Redrado», ocasión en la que criticó «la falta de ímpetu» de Julio Cleto Cobos.
