Hooft o la batalla de los juicios de lesa humanidad
«El Holandes» Hooft, juez de la dictadura, siempre funcional a ella y desinteresado de la suerte de sus víctimas lanzó una última contraofensiva, como la de las Ardenas, en vísperas de tener que someterse a indagatoria. Llevando como escudero a un tartufo, el ex fiscal Julio César Strassera, denunció un inverosímil complot entre el juez, los fiscales y los abogados querellantes y consiguió que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presidida por el peronista opositor Jorge Yoma se le abriera a modo de aguantadero.
La fiscalía puso las cosas en su justo lugar, la doctora Natalia Messineo explicó que Hooft no podría seguir impune si no hubiera contado con la complicidad de la procuradora general de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, y de la mismísima Corte Suprema, y su coequiper César Sivo explicó el caso y la maniobra de Hooft con enjundia y lujo de detalles.
Se trata de un claro leading case, una divisora de aguas. La oposición no sólo no quiere que haya una justicia legítima sino que también pretende que los juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura se frenen, que no afecten ni al poder económico ni a los jueces que, como Hooft, le sirvieron sin hesitar. Si alguién tan comprometido como Hooft (que está complicado en «La Noche de las Corbatas» en la que desaparecieron algunos de los mejores abogados laboralistas del país) lograra zafar de un más que merecido castigo, la impunidad habría ganado una batalla acaso decisiva.
