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Córdoba.- Un sobreviviente de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) manifestó hoy que los fines que perseguían las organizaciones de la militancia política revolucionaria «aniquilada» por la dictadura militar eran «la igualdad y la liberación nacional», al declarar como testigo en el juicio de la megacausa La Perla que se desarrolla en Córdoba. Carlos Flaskamp, militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y de Montoneros, relató que el último golpe de Estado se desarrolló en un contexto de «deformación del concepto de guerra» que habían instalado las Fuerzas Armadas. «Se vivía una situación de mucha violencia, con un sector que había tomado el poder desdibujando bajo el concepto de guerra conlfictos políticos de violencia, pero que no llega a parecerse a una guerra», tal como lo hicieron los militares para justificar su accionar represivo, manifesto Flaskamp. Asimismo justificó el accionar armado de las organizacines políticas, como Montoneros, al sostener que esa «militancia popular lo que hacía era responder a los ataques que recibía el pueblo de parte de las Fuerzas Armadas».

Flaskamp, secuestrado a fines de 1976 en Córdoba por un grupo de tareas al mando del Tercer Cuerpo del Ejército, hizo una reseña de contextualizacion política del momento en que se genera el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y detalles del libro de su autoria bajo el título «Organizaciones politico-militares» publicado en el 2002.
  
En su testimonio, ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), recordó que en su paso por el ex CCD de La Perla lo torturaron de una manera brutal con picanas, a punto tal que en determinado momento le pidio a uno de sus torturadores que le pegaran un tiro. «En ese momento un tiro en la cabeza hubiese sido un gran alivio para mi», manifestó.
  
También recordó que insistián en asociar su apellido a la religión judía, dejando en evidencia una tendencia de  antisemitismo, de prejuicios hacia esa comunidad, en algunos de los represores.

Declaró también Oscar Hugo Laconi, un dirigente sindical bancario que permaneció privado de su libertad entre el 23 de abril de 1977 y el 3 de noviembre de 1981, quien tuvo un intento de suicidio cortándose las venas para poner fin a las «terribles torturas» que le aplicaban en La Perla. Fue internado en grave estado en el Hospital Militar donde pudo recuperar su salud y donde también recibió manifestaciones coactivas con intenciones de «adoctrinamiento» por parte de una monja que le decía que era comunista y debía convertirse adhiriendo al régimen militar.

Antes de pasar a cuarto intermedio hasta el próximo martes, para continuar receptando testimonios, el tribunal de enjuiciamiento escuchó a Mónica Leunda, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y a punto de recibirse de arquitecta cuando fue secuestrada el 9 de noviembre de 1977 junto a María Gabriela Villar y Susana Amann.
  
Leunda brindo detalles de cómo funcionaba el plan sistemático implementado por las Fuerzas Armadas para la represión y aniquilamiento de los opositores a este régimen, en donde tuvo que pasar «muchos momentos desagradables» por los golpes, situaciones de humillación y vejación. «Yo tuve un Dios aparte. Hoy estoy aquí para contarlo, pero hay muchos que no lo tuvieron», relató Leunda mientras abundaba
en detalles sobre el mecanismo intimidatorio y amenazante de los represores. Asimismo, dijo que lo que le tocó vivir en los campos de concentración «no se va a borrar jamás. Los médicos me prohibieron tener hijos. No puedo quedar embarazada por lo daños que dejó en mi cuerpo», dijo y añadió que estando detenida en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1) la operaron de uno de los pechos «esposada y atada a una cama» en ese lugar.

Por el secuestro de Leunda, Amann y Villar están imputados Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, José Andres Tófalo, Carlos Alberto Vega, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone.
  
El ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez es el principal acusado del total de 42 que tiene este proceso judicial que acumula 16 causas.
  
Son 417 las víctimas de esta megacausa, de las cuales 162 son sobrevivientes y los delitos que se juzgan son privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguido de muerte, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, sustracción de menor de 10 años, abuso deshonesto y violación.