Piden la detención del director de «La Nueva Provincia» por su complicidad con la dictadura

La unidad fiscal que investiga delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca pidió la detención de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, por su participación en el plan criminal implementado por la última dictadura. La responsabilidad de los directivos del diario ya había sido señalada por el Tribunal Oral que condujo en 2012 el primer juicio a represores locales. «No estamos hablando de periodismo ni de simpatía por una posición política, sino de la concreción de una etapa del plan criminal, específicamente diseñada, que La Nueva Provincia ejecutó a la perfección, sin fisuras y con un compromiso mayor incluso que muchos de los condenados», destacaron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. El pedido de detención alcanza a Mario Gabrielli, entonces jefe de redacción del diario bahiense. La decisión sobre el futuro de Massot y Gabrielli está ahora en manos del juez federal Santiago Martínez.

Los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti marcaron en su sentencia la «campaña de desinformación y propaganda negra» de LNP, no sólo para «imponer la versión de los victimarios», sino para crear «un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional» desde el Estado. El tribunal enfatizó el rol de los Massot en «la inducción de culpa sobre la propia víctima, familiares y amigos, la persuasión al silencio de toda la población y la incitación a considerar a los opositores como inadaptados sociales, que conduce a la deshumanización del grupo humano». Recordaron que el propio Adel Vilas, cara visible de la dictadura en Bahía, aludió a LNP como un «valioso auxiliar de la conducción» militar. «La actuación de los directivos de LNP, por protagonismo, fluidos contactos, confianza, trato directo o ‘prima facie’ complicidad, con las autoridades del 5º Cuerpo, no se halla alejada de toda la ilegalidad que existía en la época», escribieron.

Para los fiscales, LNP tuvo una «participación criminal concreta y específica» que «se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística». «El compromiso» con el genocidio se materializó en «el ejercicio de funciones de acción psicológicas», explicaron. El detalle incluye fusilamientos presentados como enfrentamientos, elogios a la «eficacia» militar, datos sobre militancias «extremistas», todo ilustrado con fotos robadas por los militares. «A ese nivel de complicidad, compromiso y acuerdo llegaba el ‘diario del sur argentino’ con la dictadura. Un nivel que lo ubica en el plano de la coautoría funcional, desplegando un rol específico y perfectamente delineado en los reglamentos de operaciones psicológicas y de inteligencia», apuntaron Nebbia y Palazzani.

El documento de 137 fojas incluye hallazgos notables. «Estamos ganando la batalla en el campo militar y perdiéndola en el cultural», editorializó LNP en abril de 1978. La primera persona del plural «es reflejo fiel de su pertenencia al plan de las Fuerzas Armadas, cumpliendo su rol de propaganda y a la vez de alerta para que la ‘guerra’ siguiera en el campo cultural», advierten. En una de tantas notas para denostar a Jacobo Timerman como «responsable ideológico de la subversión», los Massot destacaron su rechazo por los «plumíferos comunistas» de La Opinión y confesaron: «No es éste el lugar para dar sus nombres, cosa que hemos hecho en lugar y momentos adecuados; nombres de argentinos algunos y de excrecencias extranjeras otros».

Diana Julio de Massot, directora hasta su muerte, fue «la cabecilla del grupo», recordaron. El rol de Vicente Massot «era múltiple». Desde 1974, cuando se modificó el contrato social de la empresa, fue socio, léase dueño. Según un acta de septiembre de 1975, la dirección decidió que «todo trato con el personal se canalizará por intermedio del señor Vicente Massot». Fue en esos meses cuando el conflicto con los gráficos llegó a su pico y cuando la dirección denunció la «labor disociadora» de los delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, que meses después serían fusilados.

El 24 de marzo de 1976, Massot se paseó por la rotativa con su mamá, bandera en mano, para provocar a los gráficos. En marzo de 1977 representó a la empresa en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde destacó que al enfrentar el país la «escalda del marxismo internacional» era lógico que se tomaran decisiones «lesivas respecto de determinadas libertades».

En 1979, ante declaraciones de Juan Pablo II sobre la violencia en la Argentina, editorializó en su radio (LU2) que el Papa se dejó influir por «madres cuyo dolor será muy entendible, pero que no es justificable, o bien por determinadas camarillas en el Vaticano que apoyan todo tipo de reivindicaciones marxistas o subversivas». «Es inconcebible», se ofuscó. En 1980, como «asistente de dirección», visitó con su mamá a Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura.

Los fiscales citaron dos antecedentes de directivos de periódicos condenados por su rol en genocidios. El Tribunal de Nuremberg condenó al dueño de Der Sturmer por «su labor de propaganda del régimen genocida». Entendió «que era posible que no estuviese directamente implicado en la comisión física de los asesinatos de los judíos, pero que había alentado y conocía tales actos». Los dueños de LNP «conocían la metodología que se estaba empleando, al punto de exigir que se modificara y se comenzara a fusilar masivamente», recordaron.

Igual que Vilas, «el criminal de guerra Himmler dijo que Der Sturmer ‘ha contribuido enormemente a descubrir al enemigo de la humanidad'». El Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó al dueño del periódico Kangura por instigación directa y pública a cometer genocidio. Desde el diario «se promovía el odio y se hacía un llamado al exterminio» y «se manipulaba la conciencia de los lectores instigándolos al odio», fundamentó.

A partir de un análisis de derecho internacional y jurisprudencia sobre libertad de expresión, el tribunal concluyó que «la incitación a la violencia, las amenazas, los libelos o los falsos anuncios no pueden considerarse amparados por la libertad de expresión, ya que en el derecho internacional este principio no es incompatible con la prohibición de la discriminación y de los discursos del odio».