Monsanto y la política de los hechos consumados
Publico esta nota tal cual la recibí. Ayer vi en 678 los deplorables balbuceos del secretario de Medio Ambiente del gobierno cordobés cuando le preguntaron por qué su gobierno baja las antenas de la televisión digital gratuita haciendo que la gente, para ver la tele, esté obligada a suscribirse a Cablevisión, por lo que no me extrañaría nada que Monsanto esté entongado don el gobierno cordobés. Hasta casi me parece lógico.
Peligra la mega planta de Monsanto en Córdoba por las protestas populares
El gigante multinacional está construyendo una planta procesadora de semillas. Lo hace pese a que aún no superó los duros cuestionamientos ambientales ni recibió la autorización del gobierno. Apuesta a imponer el hecho consumado de la planta operando y la gente trabajando, pese a que la justicia le prohibió funcionar.
La Politica Online | 30.01.2013 10:26:00
En agosto del año pasado la multinacional Monsanto anunció que invertirá $ 1600 millones en la construcción de una planta procesadora de semillas en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, a apenas 14 kilómetros de la capital provincial.
Apenas se conoció la noticia, la Secretaría de Ambiente -que en un inicio autorizó el proyecto de la primera etapa del emprendimiento (la construcción)- luego exigió la presentación de un estudio de impacto ambiental «previo a iniciar la etapa operativa».
En otras palabras: la compañía multinacional comenzó a construir la planta sin saber si podrá ponerla en funcionamiento o no. Pero, ¿por qué decidieron asumir semejante riesgo empresario?, fue uno de los interrogantes que La Política Online intentó develar.
Según señalaron varias fuentes que conocen muy bien el tema, los más altos directivos de Monsanto apuestan a que una vez finalizada la obra y contratado el personal (alrededor de 400 empleados), muy difícilmente se pueda frenar el emprendimiento.
«Una vez que la planta ingrese en la fase operativa con todos los trabajadores en sus puestos, no habrá estudio de impacto ambiental que valga, y eso en Monsanto lo saben muy bien», comentó una de las fuentes que pidió mantener su nombre en reserva.
«Es una hábil manera que tienen de jugar con el factor trabajo en los pueblos pequeños en donde el trabajo justamente escasea; ningún Gobierno, y más en este momento de enfriamiento de la economía, quisiera tener gente desempleada», explicó la fuente.
En su momento, el biólogo Raúl Montenegro elaboró un informe al respecto en el que advirtió que la instalación de Monsanto en Córdoba significaría una profundización de los problemas ambientales presentes en la provincia.
«Es ingenuo pensar que una planta procesadora de semillas es solamente una industria que genera trabajo: también es un acelerador indirecto de los procesos de monocultivo, contaminación y desmonte», explicó Montenegro a este medio.
Actualmente Monsanto posee cinco plantas en nuestro país: dos procesadoras de semillas (Planta María Eugenia en Rojas, Planta Pergamino); una productora de herbicidas (Planta Zárate) y dos estaciones experimentales (Camet y Fontezuela).
Por su parte, LPO se comunicó con uno de los directivos de la firma, quien se mostró confiado en lograr que la planta comience a operar en los próximos meses. «Vamos a generar 400 puestos de trabajo directos y este número se triplicará en época de cosecha de maíz», dijo.
Sin embargo, en la ciudad cordobesa la presión de la gente crece y deja en evidencia el rol sinuoso de las autoridades. Este martes, unos 500 vecinos se autoconvocaron por las redes sociales y protestaron en contra de la construcción de la planta de Monsanto en el acceso a Malvinas Argentinas sobre la ruta 88.
De allí se movilizaron por las calles de la ciudad para exigir la realización de una consulta popular que defina la viabilidad de proyecto, asimilando la situación a las protestas antimineras de la Patagonia.
El intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, fue contundente: «No hay ni un solo indicio que me diga hoy que la empresa contamina. No hay nada para consultar», afirmó.
La causa judicial
Lo cierto es que por el momento la jueza en lo Civil y Comercial, Claudia Zalazar, ordenó que hasta tanto no se realice la evaluación del impacto ambiental, Monsanto no podrá avanzar en la puesta en funcionamiento.
La Fundación Club de Derecho Argentina solicitó a la Justicia que disponga una medida cautelar que paralice las obras. Pero en la resolución, la magistrada rechazó ese pedido por considerar que la primera etapa cuenta con las autorizaciones correspondientes «y no pone en riesgo el ambiente».
Sin embargo, dictó una cautelar por la cual ordenó a la Municipalidad de Malvinas Argentinas que «se abstenga de autorizar a Monsanto cualquier obra y/o actividad que implique la puesta en funcionamiento de la etapa operativa de la planta hasta que no se encuentren cumplimentados todos y cada uno de los trámites y requisitos señalados por la Secretaría de Ambiente».