Clarín quiere meter presos a periodistas
La demanda incluye a funcionarios del gobierno y legisladores del oficialismo
Clarín denunció a Caballero y a otros periodistas por incitación a la violencia
Por Gustavo Cirelli
En un escrito de 35 páginas, los abogados del Grupo acusaron por sus opiniones al fundador de Tiempo Argentino y a los colegas Sandra Russo y Javier Vicente de un delito que implica penas de tres a seis años de prisión.
A confesión de parte, relevo de pruebas. La desmesura de lo que sigue revela, una vez más, el verdadero rostro de Héctor Magnetto y de sus socios. En sólo 35 páginas, una denuncia criminal presentada por el abogado del Grupo Clarín S.A., José María Sáenz Valiente, "juntamente con sus letrados patrocinantes Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada", derrumba la profusa y reciente estrategia propagandística del magnettismo. Una campaña que durante las últimas semanas ha pretendido internalizar en la sociedad, de cara el 7D, que la misión del multimedios en el mundo consiste en defender la libertad de expresión y la pluralidad de voces frente al embate despiadado de un sistema (democrático) que intenta imponerle la descabellada idea de adecuarse a lo que dicta una ley (de la democracia). Falso.
Clarín miente.
Miente y, además, persigue a periodistas.
Miente y, además, quiere meter presos a periodistas por el sólo hecho de opinar distinto al Grupo.
Así de claro. Así de grave.
La última (hasta el momento) bravata judicial del multimedios consistió en denunciar penalmente al periodista Roberto Caballero, director-fundador de Tiempo Argentino, a quien acusa de ser uno de los "instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio tanto del Grupo Clarín como sus directivos en particular". ¿
Qué dice el Código Penal en su artículo 212 sobre el delito de instigación a la violencia? A saber: "Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación." Léase: lo quiere preso.
Pero hay más.
En el mismo escrito, los "mandantes" de Magnetto estiman que "los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción agravada", prevista en el artículo 149 bis del Código Penal, segundo apartado. ¿Qué señala este artículo? Que "será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad". Por si no quedó explícitamente claro: al fundador de Tiempo Argentino lo quieren ver en cana, o en su defecto –más atenuado–, acorralado en el silencio, con un bozal judicial. Un disparate.
En qué basan la acusación criminal contra Caballero:
en el siguiente textual extraído de su participación en el programa 6,7,8 de la Televisión Pública del 4 de octubre último en el contexto de la agitada y amplificada protesta de Prefectos y Gendarmes que, según adujeron los voceros de los uniformados, se originó en los graves errores que sufrieron en la liquidación de sus haberes.
Dijo Caballero: "¿Qué creo yo, digamos, que es lo que está sucediendo? Obviamente esto es un intento de desestabilización, cuando vos a la gente le mostrás por televisión que las fuerzas que están para ocuparse de la seguridad, y de la tranquilidad, y de la paz de los ciudadanos de un país, en realidad toman posturas o deciden situaciones que alteran esa paz, la gente se agarra la cabeza y dice 'en qué país estamos'.
Y la verdad que me parece que esto forma parte de una estrategia de incendio de la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien con la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de derecha que hay en la sociedad reaccionaria, un núcleo reaccionario muy duro de la sociedad argentina, pero también provoca quizá que vuelvan los peores fantasmas, ¿no?
Digo, cuando uno ve un uniformado haciendo lo que no es su función específica, a cualquier argentino se le eriza la piel."
Y a cualquier argentino debería erizársele la piel cuando es testigo a casi 29 años de recuperada la democracia de que a un periodista se lo persiga, se lo acuse y se pretenda encarcelarlo por el "delito" de opinión. Parece demencial. Y lo es. Más aun si se tiene en cuenta –y cómo obviarlo– que la persecución la impulsa la corporación económico-mediática más poderosa del país; un holding que consolidó y expandió su base de negocios asociándose a las Fuerzas Armadas en plena dictadura cívico-militar, para beneficiarse con la apropiación de la empresa Papel Prensa, junto a sus socios del diario La Nación, cuando la compañía le fue arrancada en las mazmorras a la familia Graiver.
Esos mismos personajes que fueron activos oficialistas durante el terrorismo de Estado, hoy no sólo mienten y no se adecuan a la ley sino que quieren encerrar o amordazar a periodistas. Y no sólo a Caballero.
