Construcción salvaje: Más denuncias penales contra Macri, Chain y Lostri
Por Juan Salinas
La asociación barrial Proto Comuna Caballito denunciará al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri por violar el decreto 220/07 y otorgar permisos para la construcción de dos millones de metros cuadrados en los ya muy congestionados barrios de Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Palermo, Coghlan y Caballito, anunció el coordinador de dicha Ong, Gustavo Desplats.
Desplats precisó que “durante los últimos cuatro años Macri y los arquitectos Daniel Chain y Héctor Lostri, ministro de Desarrollo Urbano y subsecretario de Planeamiento Urbano de su gobierno, respectivamente, otorgaron permisos y finales de obra por la friolera de dos millones de metros cuadrados en abierta violación del decreto 220/07.
Este decreto, continuó diciendo Desplats, dispuso que dichos permisos “se extenderían a medida que fueran haciéndose obras imprescindibles de extensión y reparación de las redes de aguas y cloacas, obras que jamás se hicieron”.
“Tan pronto la jueza Karina Cicero se pronuncie sobre el pedido de amparo que le presentamos, denunciaremos a los tres por incumplimiento de los deberes del funcionario público, asociación ilícita y falsedad de instrumento público”, reafirmó Desplats.
“La jueza Cicero tiene plazo para pronunciarse hasta el próximo viernes 25”, precisó su abogado, Osvaldo Sidoli, titular de Red Verde Ciudadana, organización que también suscribirá la denuncia.
“Lo de la falsedad de instrumento público se basa en que los tres firmaron todos esos permisos omitiendo y ocultando tanto el decreto 220/07 firmado por (el antecesor de Macri como jefe de Gobierno) Jorge Telerman, como el informe técnico de AYSA que le dio origen a aquel decreto”, explicó Sidoli.
“Ese informe técnico demuestra fehacientemente que a Macri, Chain y Lostri les constaba que las obras imprescindibles para seguir construyendo en esos barrios no se habían hecho”, remató Desplats.
Varias agrupaciones vecinales empezaron a denunciar, en junio de 2006, los problemas que entraña la construcción indiscriminada de edificios en la Ciudad de Buenos Aires, y en particular la situación de colapso sanitario derivada de la insuficiencia de las redes de aguas y cloacas.
Se llegó así a la presentación de recursos de amparos que detuvieron la construcción en los barrios de Caballito y Palermo, y que dieron origen al dictado del decreto 1929/06 por parte del Gobierno de la Ciudad (GCBA), que suspendió las obras por 90 días, mientras se estudiaba la capacidad y estado de las infraestructuras de servicios.
A raíz de un informe técnico presentado por la empresa AYSA en enero de 2007, el GCBA reconoció que la situación de colapso en los mencionados barrios era inminente, por lo que por el Decreto 220/07 exigió que, a medida que realizara obras para ampliar y mejorar las redes de aguas, AYSA emitiera certificados de factibilidad para las obras, como requisito para que éstas se iniciaran.
Sin embargo, dijo Sidoli, “ocurrió todo lo contrario: los certificados se emitieron sin realizar obra alguna. Se trata, entonces, de papeles emitidos sin fundamento alguno al solo efecto de recaudar lo que por ellos se cobra”.
“Esta situación irregular, como también que nunca se haya constituido, tal como estaba resuelto, una comisión ad hoc con participación vecinal, fue puesto en conocimiento de las autoridades porteñas… Que saben perfectamente que no se realizaron las obras de cloacas y provisión de agua y que por lo tanto los certificados de factibilidad carecen de respaldo cierto, pero que igual los admiten. Saben que las obras no se hicieron, pero no exigieron en tiempo y forma que se hicieran. Los sorprendimos en flagrante delito”, opìnó Desplats.
“Tampoco realizaron estas obras por sus propios medios, como establece el artículo tercero del convenio que hicieron AYSA y la Ciudad de Buenos Aires. Es por eso que no constituyen la comisión con organizaciones vecinales, porque quieren ocultar la situación de colapso de la infraestructura sanitaria para poder seguir favoreciendo a las constructoras”, continuó. ¡Ni siquiera suspendieron o al menos limitaron la entrega de permisos y finales de obra”, remató.
Para Sidoli, “el Gobierno de la Ciudad está manejado por la corporación de la construcción, a la que no le interesa en lo más mínimo la opinión, la salud y el patrimonio de los vecinos, ni el grave daño ambiental que se está produciendo”. (sigue)
AUMENTA LA EXPECTATIVA POR EL FALLO DE LA JUEZA CICERO
La Jueza Karina Cicero, que debe pronunciarse en los próximos días sobre un pedido de amparo para que se suspenda la construcción en cinco barrios porteños cuya infraestructura de aguas corrientes y cloacas está técnicamente colapsada, ordenó previamente que el Gobierno de la Ciudad y la empresa AYSA le entregaran toda la documentación relativa a las obras estipuladas en el Decreto 220/07, para la construcción de 320 kilómetros de cañerías en cinco barrios de la Ciudad.
Cicero tiene que decidir como muy tarde el viernes 25 del corriente sobre una medida cautelar pedida por la ONG Proto Comuna Caballito.
Ésta pidió la suspensión de la entrega, por parte del gobierno porteño de los permisos y finales de obra en los barrios porteños de Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Palermo, Caballito y Coghlan hasta tanto se realice la totalidad de las obras especificadas en el mencionado decreto.
En el año 2006, luego una sucesión de fallos judiciales que prohibieron transitoriamente la construcción de edificios en áreas de Caballito y Palermo, el gobierno de la Ciudad suspendió la construcción en varias zonas de Buenos Aires (Decreto nº 1.929/06, publicado en el Boletín Oficial nº 2.565) y encargó a la empresa proveedora de servicios de agua y cloacas, AYSA, un estudio sobre la situación de la red sanitaria en seis barrios porteños.
Dicho informe, de enero de 2007, tras puntualizar que “el estudio fue llevado a cabo en base a la información suministrada por el GCBA en relación a los metros cuadrados permisionados durante 2005 y 2006, como así también a los crecimientos esperados durante los próximos 5 y 10 años”, llegaba a varias conclusiones.
Entre ellas que era necesario renovar las cañerías de 100 y 125 mm. “que actualmente funcionan como cabeceras y que no serán capaces de soportar ni la demanda global ni la inmediata”.
Aquel informe preveía que el costo total de las obras, a realizarse en un plazo de 4 años, ascendía a 230 millones de pesos, suma que actualizada es de aproximadamente 400 millones.
Según el informe, para evitar situaciones de colapso había que tender 153 kilómetros de cañerías antes del 2008, y otros 165 km. antes de 2011.
“Ninguna de estas obras fue realizada. Lo que nos lleva al colapso inminente”, advirtió Gustavo Desplats, coordinador de Proto Comuna Caballito.
Con posterioridad a dicho estudio técnico, el gobierno de Jorge Telerman dictó el Decreto nº 220/07 mediante el cual firmó un convenio con AYSA. Mediante este convenio se comprometió a exigir como requisito para la construcción de edificios un “certificado de factibilidad” expedido por AYSA, conformar comisiones técnicas y de participación ciudadana y “establecer un cronograma de adecuación de las redes a la nueva norma”.
La situación de colapso sanitario es hoy mucho más grave que en 2006, ya que no se hicieron las obras requeridas y en los barrios colapsados se construyeron dos millones de metros cuadrados más, explicó Desplats.
La Legislatura presentó un pedido de Informes con el objetivo de “intentar obtener la mayor certeza sobre denuncias vecinales referidas al incumplimiento de diferentes normas y convenios que estarían exponiendo a la Ciudad de Buenos Aires y a sus habitantes a un importante daño y peligro ambiental”.
“Si se confirmase el incumplimiento del convenio firmado con AySA en febrero de 2007, del Decreto 220/07 y de la Ley 2.359 –continúan los fundamentos del pedido de informes– estaríamos ante la desgraciada situación de haber estado contaminando durante 4 años los acuíferos Pampa y Puelche por su mezcla con agua potabilizada, y lo que es aun peor, por residuos cloacales”.
“Esperamos esperanzados el fallo de la doctora Cicero. Esperamos que ponga orden y que haga cumplir la Ley, de modo que la calidad de vida de los vecinos deje de depender del afán de lucro de unos pocos”, remató Desplats.