El próximo objetivo será Papel Prensa, empresa cuyos accionistas son Clarín (49%), LA NACION (22%) y el Estado nacional (27,5%).

Encumbradas fuentes parlamentarias adelantaron a LA NACION que, después de los comicios presidenciales, el oficialismo insistirá en aprobar el proyecto de ley que dispone declarar de interés público la producción, distribución y comercialización del papel de diario, que ya cuenta con dictamen de comisión en la Cámara de Diputados desde octubre de 2010.

La iniciativa está lista para ser discutida en el recinto e impone profundas regulaciones, ya que exige que el papel de diario se comercialice a un «precio final igualitario» y prohíbe a los medios gráficos tener acciones en empresas productoras de papel.

Asimismo, establece un plazo de tres años para que las actuales empresas productoras, comercializadoras y distribuidoras de papel de diario se ajusten a las obligaciones que impone la norma.

La iniciativa, curiosamente, no pertenece al Gobierno, principal interesado en intervenir en la empresa Papel Prensa. Fue elaborada por la diputada Cecilia Merchan, de Libres del Sur y aliada al candidato presidencial Hermes Binner, del Frente Amplio Progresista (FAP). El oficialismo, gustoso, firmó el dictamen, al igual que Proyecto Sur, que lidera el diputado Pino Solanas.

El resto de los bloques opositores -UCR, PJ Federal, Coalición Cívica, Pro y bancadas provinciales- expresaron su rechazo y lograron frenar el afán del oficialismo por aprobar el proyecto el año pasado. Sin embargo, la resistencia no durará demasiado, advierten: si el oficialismo triunfa por paliza en las elecciones presidenciales, posiblemente los bloques de FAP y Proyecto Sur finalmente cedan y aporten sus legisladores para convertirlo en ley.

El tiempo del oficialismo

Si el objetivo no se logra antes de diciembre próximo, los oficialistas no desesperan: saben que, con el recambio legislativo, recuperarán su mayoría en ambas cámaras. «Es sólo una cuestión de tiempo», se lamentan los opositores. El avance de la iniciativa es uno de los temas de preocupación incluidos en el duro documento emitido ayer por ADEPA.

El oficialismo justifica su avanzada sobre la empresa Papel Prensa en la supuesta apropiación ilegal de la firma por parte de Clarín y LA NACION durante la última dictadura militar.

Denuncia, además, que ambas empresas periodísticas utilizan la compañía para producir papel para su propio abastecimiento y no para satisfacer «la sostenida demanda del mercado interno, que se ve obligada a importar papel a un precio que supera en casi un 50% al que ellos mismos se autoproveen», según los fundamentos de un proyecto de ley, que en su momento envió la presidenta Cristina Kirchner.

Tanto LA NACION como Clarín rechazaron las denuncias del Gobierno y, ante la Justicia, presentaron elementos para demostrar que la venta de las acciones de Papel Prensa se realizó de manera voluntaria y lícita.
La oposición denunció la maniobra del Gobierno y lo acusó de pretender coartar la libertad de expresión. «El Poder Ejecutivo está avanzando, como una mancha de aceite, sobre los medios independientes para integrarlos a su ejército mediático que reproduce regular y sistemáticamente la palabra oficial. Se está destruyendo el papel que deben tener los medios en democracia», enfatizó la diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica).

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y candidato a vicegobernador bonaerense por el kirchnerismo, Gabriel Mariotto, dijo ayer que la ley de medios permitió la «pluralidad de voces para expresar lo que somos y cómo somos». En el tercer encuentro de formación de cuadros políticos, señaló: «A partir del cambio de modelo, en 2003, la madre de todas las batallas es la ley de medios de comunicación, porque es la matriz de la cultura»..