Bolivia. Periodistas en peligro
Todavía es menor, y lo han encerrado en una celda con un mayor, convicto de violación, al parecer para obligarlo a declarar lo que el fiscal y la policía quieren que diga.
Se trata de que ante la inopia de la policía, son los hijos del asesinado los que se dedican a investigar y a atrapar a quienes creen que fueron los asesinos de su padre.
Y que, al parecer, la policia quiere proteger a un menor, cargándole la romana al que tiene preso.
Lean a Gloria como si fuera una novela y actúen como si fuera un asunto de vida o muerte. La regla es: Haz por el prójimo lo que quisieras que hicieran por vos.
17 de abril
Estimados
Les envío este mail como resguardo. Como saben (enviamos nuestras cartas de acreditación al Ministerio de Comunicación y a los involucrados en este programa) estamos filmando otro capítulo de la serie WITNESS de Aljazeera English, entrevistando a los dos chicos, cuyas vidas seguimos desde el 2005, en el contexto del proceso de cambio boliviano.
Ya les conté que José Luis Mollinedo (Jorge), se graduó de policía en Huanuni, trabaja como tal y piensa cursar Derecho, Israel Siacra (Alex) enfrenta una acusación por robo agravado seguido de homicidio. Todo salió muy bien con José Luis y la policía de Huanuni nos prestó la mayor colaboración.
Con el caso de Alex, sin embargo, hemos recibido, en Llallagua, cierto trato apremiante a nuestro trabajo periodístico. Pudimos entrevistarlo en la cárcel de Uncía (teníamos permiso de Regimen Penitenciario, del Alex y de su familia), también a su familia, a su abogado, a los numerosos y contradictorios testigos y hasta a la jueza Gertrudis Barrenechea, ante quien nos acreditamos por carta y todavía seguimos buscando a algún policía que fue trasladado hace dos días y que labró las primras actuaciones.
Hasta ahí todo bien, pero hay hostilidad manifiesta por parte del fiscal de Llallagua, Eugenio Marca Arce, a nuestro trabajo de prensa. Tuve una primera charla con el fiscal en la que me sugirió no seguir con mi nota. Jamás se me ocurriría decirle al fiscal como hacer su trabajo y no pienso discutir aqui los modos patronales del antiguo régimen de justicia boliviano que está en proceso de cambio, pero su sugerencia estuvo totalmente fuera de lugar. Evidentemente no nos convenció y accedió a una entrevista que finalmente declinó, al día siguiente, por tratarse de un menor cuya persona él debe resguardar.
Sus razones son válidas y las respetamos. sin embargo hoy, en una audiencia pública de un detenido por el mismo crimen, una persona mayor, Rolando Ojeda Combatta (ya volveremos sobre el asunto) tanto la jueza como el fiscal salieron gritándonos que entregáramos lo que habíamos grabado. Me conocen lo suficiente como para saber que no me iba a quedar sin contestar tamaño despropósito. A pesar de tratarse de una audiencia pública, el secretario del juzgdo le llamó la atención a Rodrigo Vázquez cuando tosió y lo revisó en busca de elementos de filmación o grabación.
Sabemos que podemos filmar fuera del palacio y de hecho lo hicimos, filmando la salida del detenido, del fiscal, de los acusadores, de los abogados y entrevistamos a todos, a la gente en la calle, ante la mirada atenta de los colaboradores del fiscal Marca Arce.
Somos profesionales de la comunicación, conocemos las leyes y tenemos muy claro que no se filma sin permiso ciertos procesos, y que trabajamos para la televisión internacional de modo que nada que no esté autorizado puede salir al aire.
Vamos a seguir filmando este caso y entrevistando a todos los involucrados. Por eso, y ante el trato de la fiscalía de Llallagua, pongo en antecedentes al Ministerio de Comunicación de Boliivia, a Prensa de Palacio, a la Embajada Argentina, a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña, a la Federaciòn Latinoamericana de Periodistas (FELAP), a la Asociaciòn de Corresponsales de Buenos Aires, de la que Rodrigo Vázquez y yo somos miembros.
Nuestro equipo:
Rodrigo Vázquez, director periodístico. Pasaporte inglés 800213201 y DNI argentino 21071735.
Gloria Beretervide, productora periodìstica. Pasaporte argentino 13245741.
Ali Sargent, sonidista. Pasaporte inglés 504066456
Martìn Nina Flores. Ciudadano boliviano, nuestro chofer, asistente y amigo.
19 de abril
El fiscal de Llallagua y adláteres varios no dejan de sorprendernos. Hoy, jueves 19 de abril, fui al canal local de Llallagua -canal 4- para pedir una copia del material emitido la noche anterior. Se trataba de una conferencia de prensa en la que el coronel Miguel Ángel Rodríguez de la Policía Nacional aseguraba que el caso del robo y asesinato de Sergio Ordoñez (el caso que estamos siguiendo) estaba resuelto, y que los dos culpables ya estaban en la cárcel de Uncía. Mencionó además, ante la cámara, los nombres de ambos detenidos, a pesar que uno de ellos es menor.
Por parte del canal me atendió Johnny Gutierrez, que me dijo que no podía darme el material de esa conferencia de prensa sin una órden del fiscal… Le dije que eso ya era material emitido sobre una conferencia de prensa convocada justamente para dar a conocer cierta información. Pero el tal Johnny no parece haberse enterado que en la Bolivia descolonizada, y en la mayoría de los países del mundo hay leyes que previenen este tipo de sometimientos, presiones y demás. ¿O será que el fiscal Marca Arce es el dueño del canal?
La situación se tornó aún más increíble cuando, ante mis argumentos, Gutierrez trato de calmarme diciendo que si concurría al canal con el coronel Rodríguez, iba a poder darme el material. «Sin comentarios», la frase predilecta del fiscal.
Madrugada de hoy, sábado:
Esto ya es una denuncia pública. Hoy, en Llallagua, el fiscal Eugenio Marca Arce, a quien Rodrigo Vázquez le ofreció derecho a réplica por los dichos de algunos testigos ante nuestras cámaras, llamó a Rodrigo a su oficina, le pidió que apagara la cámara, se sentara y esperara a la policìa migratoria (?). Obviamente, Vázquez se retiró de la oficina, por lo que el fiscal y su gente nos hicieron seguir por la policía nacional, primero por uno que trato vanamente de llevarme a algún lado (una especie de comisaría) al que luego se junto un segundo, muy amable, que, ante mi negativa y mis razones para no acompañarlos, me explicó que todo este hostigamiento era cosa del fiscal y no de ellos. Le ofrecí mi credencial de corresponsal para que copiara los datos que allí figuraban.
Al no funcionar el apremio policial, se acercaron a mi tanto el fiscal como sus dos adláteres (¿secretarios?) intentando imponerme sus intenciones de acompañarlos a la policía para que chequeara nuestros documentos, ya que necesitaban revisar nuestra situación migratoria (?). Les explique nuevamente que que estamos debidamente acreditados, y que se comunicara con el MInisterio correspondiente, porque justamente en ese momento estaba en línea con un funcionario del Ministerio de Comunicación, que escuchando nuestra conversación y estaba siendo testigo del hostigamiento a nuestra labor de prensa.
Marca Arce contesto que no necesitaba hablar con ningún ministro. Le pregunté si Llallagua se había independizado de Bolivia y tenía controles migratorios y autoridades propios. Y agregué que recién luego de terminar de filmar iríamos a visitar al coronel Miguel Rodríguez de la policía de Llallagua sólo para pedirle una entrevista por sus dichos en la conferencia de prensa que fue televisada por canal 4 de Llallagua durante dos noches consecutivas, grabación que nos fue negada con el argumento de que sólo el fiscal puede autorizar la salida de ese material.
Los dos policías, uno de ellos súper amable, intentaron seguirnos y presionarnos con preguntas sobre nuestro alojamiento y demás. Tengo que aclarar que nunca nos tocaron y que tuvieron que irse sin lograr su cometido. Sólo nos arruinaron una tarde de filmación con entrevistas ya pautadas, una pérdida importante de tiempo y dinero para nosotros.
Pero esto no terminó aquí, algunos de nuestros entrevistados nos llamaron alarmados porque la policía fue a vistarlos (Mauricio Calani y Rudy Serrano Murillo de la FELCC de Llallagua y Salas de Tránsito) para preguntarles donde nos alojábamos.
Nuestros perfiles son públicos, somosperiodistas, sólo con tipear nuestros nombres en cualquier buscador de internet, tendrían toda la información que buscan.
Usar los recursos del Estado de Bolivia para hostigar a la prensa es, además de caro, poco efectivo.
Hace siete años que filmamos en Bolivia, documentando el proceso de cambio, las demandas de las organizaciones sociales, la historia de los mineritos y otros, y jamás hemos tenido ningún problema con nadie. Todos han colaborado con nosotros. Es la primera vez que nos topamos con alguien que tiene problemas con la prensa que no controla. No conocemos la historia del fiscal, pero sabemos que no quiere periodistas en su feudo. Parecería responder al antiguo régimen colonial, patronal, feudal o como quiera llamarlo.
Ya hablamos con Prensa de Presidencia, Ministerio de Comunicación y Ministerio de Gobierno, también con el Fiscal de Potosí, que nos atendió espectacularmente bien pero igual aviso: si algo le pasa al equipo en Llallagua, donde jamás nos pasó nada de nada, hasta un asalto común o lo que fuere, ya saben dónde comenzar la investigación.
…………………
El fiscal del distrito de Potosi, Dr. Sandro Fuertes, hizo causa común con su subordinado de Llallagua, Eugenio Marca Arce. Fuertes me había pedido anoche que lo llamara hoy por la mañana, me cortó varias veces pero finalmente tuvo que atender y no logró articular mas que algo acerca de la protección al menor y me cortó, creyendo que de esta forma zanjaba el tema. Nos quitó así la posibilidad de volver a Llallagua a filmar sin sufrir apremios nuevamente.
La intención del fiscal de Llallagua fue clarísima desde el principio, primero intentó convencerme de que no hiciera la nota, escudándose en el tema de la protección del menor, un menor que está en una cárcel común y comparte su celda con un mayor convicto por violación.
Un menor, Alex, que fue enviado a la cárcel por dichos de terceros y, sobre todo, por una movilización que organizó Daisy Ordoñez, la hija de la víctima, para que así ocurriera. Daisy también fue quien, junto a sus hermanos, arrestó a Rolando Ojeda Combatta, el segundo presunto partícipe del asesinato de su padre, y lo llevó a la policía de Llallagua… que sabemos recibe órdenes del fiscal Marca Arce para amedrentar a la prensa pero es poco efectiva para apresar a los implicados en este caso de asesinato. Porque Daisy sigue su propia investigación. Curiosamente, el fiscal la llamó para sugerirle que denunciara a la prensa (nosotros) por… presiones. Todo esto está grabado, tenemos muy buenos micrófonos.
No hay que negar que el fiscal de Llallagua es consecuente en su búsqueda de argumentos y en su presión y amedrentamiento contra nosotros. Primero esgrime la protección al menor que el mismo encarceló (nos dijo que iba a tener que estar preso al menos 6 meses, hasta que él concluyera la investigación.
Luego el intento de secuestro de nuestras grabaciones durante la audiencia pública al ensangrentado Ojeda Combatta, alias Rambo, vinculado al caso, quien luego fue llevado a la cárcel de Uncía, donde también está el menor en cuestión.
Enseguida la presión a Daisy Ordoñez para que nos denuncie por… presiones. Una conversación muy cómica que, como ya dije, tenemos grabada.
Y finalmente, la escena con la policía, el fiscal y sus adláteres que, por fortuna, salió en Radio Patria Nueva. Entendimos por qué el fiscal hablaba de policía migratroria: nos confundieron con periodistas cubanos y pensaron que tendríamos problemas migratorios.
Con sólo un click en internet, el fiscal y su troupe hubieran podido enterarse de quienes somos: les dejamos unas elaboradas cartas solicitando una entrevista con él con todos nuestros datos.
El tema es que no podemos volver a Llallagua sin arriesgar nuestra seguridad, ya filmamos todo lo necesario pero queríamos hacer una escena más. El material que tanto querían requisar está seguro y hay una copia en gobierno central, fue lo primero que salvamos cuando el fiscal nos tiró a sus servidores públicos.
Aclaro que el menor, al que seguimos desde sus 9 años (ahora tiene 17) aceptó, al igual que su familia y tutora, ser entrevistado en la cárcel de Uncía por nosotros, y que la Dirección de Régimen Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno nos autorizó por escrito a ingresar y hacer la entrevista.
Parece que no se siente tan seguro protegido por el fiscal de Llallagua.
Gloria B. con el canciller David Choquehuanca