PERIODISMO Y DICTADURA. Vicente Massot, en capilla

“Voy a empezar diciendo lo que no quise escribir, aquello que conscientemente traté –si con éxito o sin éxito no me toca a mí juzgarlo– de exorcizar al momento de tomar la pluma”, arrancó Massot su exposición en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), secundado por sus admiradores Julio Bárbaro y Abel Posse. “Lo que no quise hacer es fulminar condenas, levantar cadalsos, cargar a uno u otro contendiente con culpas. No porque no tenga una idea acabada, pero que vale solamente para mí, de los hechos que jalonaron la vida Argentina hace 40 años”, agregó en tono solemne. “Yo no era un bebé de pecho. Y yo también tuve participación en esos hechos”, confesó ante un auditorio de militares retirados que incluyó en primera fila al ex intendente bahiense Cristian Breitenstein, actual ministro de la Producción de Daniel Scioli. Sus palabras las registró el periodista Federico Randazzo, que investiga la historia del diario.

Massot es socio de LNP desde 1974, cuando tenía 22 años y era un activo militante del nacionalismo católico. En 1970 había participado de la creación de la organización integrista Guardia de San Miguel, apuntó Luis Fernando Beraza en su libro Nacionalistas. La trayectoria política de un grupo polémico. En mayo de 1973, una semana antes de la asunción del presidente Cámpora, publicó el primer número de la revista Cabildo. Antes que secretario de redacción fue su “inspirador y financista” gracias a un préstamo de LNP (léase de su madre), contó Horacio Verbitsky en su libro Vigilia de armas. Cabildo, donde hizo pública su admiración al fascismo, nació “con el objetivo de aglutinar a las fuerzas nacionalistas dispersas”, explicó Beraza. Su influencia “fue fundamentalmente ideológica en muchos sectores de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia católica, que coincidían en general en el combate contra el montonerismo y el guevarismo erpiano”, escribió. Igual que LNP, fue “un espacio donde llegaban y se publicaban informaciones de los servicios de inteligencia”.

Cuando el peronismo clausuró Cabildo sus responsables sacaron El Fortín, que también fue cerrada por “atentar contra la institucionalidad”. Entre junio del ‘75 y hasta el mes previo al golpe de Estado, Massot escribió en Restauración, también abocada a promover la toma del poder por las fuerzas armadas. Las tres revistas por las que pasó apuntaron a “legitimar la destrucción del orden democrático y su reemplazo por soluciones de corte autoritario y jerárquico”, resumió la historiadora Patricia Orbe en su ponencia Entre mitines y misas. La revista Cabildo y la red de sociabilidad nacionalista católica (1973-1976).

Entrevistado por la historiadora Belén Zapata cuando ya se sabía imputado, Massot dijo que su primer cargo en LNP fue “en marzo de 1976 como redactor editorialista”. Dos años antes, sin embargo, la revista Militancia había dejado constancia de su influencia en la línea editorial del diario. “El nacionalismo ultrafascistoide le ‘brotó’ a LNP cuando uno de los nenes (el que está en el fino humor de Cabildo) comenzó a incursionar en el ‘periodismo’”, apuntó la publicación que dirigían Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, asesinado ese año por la Triple A. Antes, sin nombrarlo, informaron que Diana Julio tenía tres hijos, “uno de los cuales es secretario de redacción de la revista político-humorística de extrema derecha” (“La Nueva Provincia de Bahía Blanca. A veces comediante pero nunca mártir. Militancia, número 36, marzo de 1974).

La escritura no le impidió poner el cuerpo a las batallas de la familia en el pago chico. Los gráficos de LNP recuerdan al “Colorado” en reuniones ante el Ministerio de Trabajo, con armas para amedrentarlos en los pasillos de la empresa y provocándolos para que “hagan paro ahora” el día del golpe de Estado. El 28 de septiembre de 1975 la mamá le encomendó ante escribano “todo trato con el personal”. Poco antes un editorial del diario había anunciado que “LNP se encuentra en guerra” y se había presentado como víctima de “la infiltración más radicalizada”. Por esos meses la sección informaciones de Prefectura zona Atlántico Norte elaboró su informe sobre “guerrilla sindical” en LNP, que concluyó con una lista de “personal a ser raleado” (sic). La encabezaban Heinrich y Loyola e incluía las direcciones de las casas donde los secuestraron para torturarlos y matarlos.

Consumado el derrocamiento del gobierno, Massot dijo haber hecho la conscripción en Campo de Mayo, el Primer Cuerpo de Ejército y la Capellanía Mayor Castrense, datos que este cronista intentó corroborar sin suerte. Sí hay constancias de sus servicios a Ramón Camps & Miguel Etchecolatz (ver “Compañero Camps”) y de su paso por la ESMA: el ex capitán Adolfo Scilingo, amigo de su hermano Federico, lo recuerda visitando al almirante Rubén Chamorro, director de la ESMA, en la planta baja del Casino de Oficiales por el que pasaron miles de desaparecidos.

Hasta el momento Massot sólo está imputado en Bahía Blanca. Los jueces foráneos que encabezaron los dos procesos de lesa humanidad en la ciudad no dudaron en poner la lupa sobre La Nueva Provincia: destacaron su “campaña de desinformación y propaganda negra” para “imponer la versión de los victimarios” y crear “un estado de anomia legal en la sociedad que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional” desde el Estado, y ordenaron investigar a sus directivos. La actuación de los jueces locales fue la que permitió morir impune a Gabrielli y ganar tiempo a Massot. El juez subrogante Santiago Martínez sostuvo que las pruebas no permitían ni siquiera hablar “de algún grado de complicidad” y se negó a indagarlo. La Cámara Federal se tomó un semestre para reflexionar, no se animó a tanto pero ideó una original maniobra para que Massot pudiera exponer como imputado (con derecho a mentir) antes de prestar declaración indagatoria. Ese paso se concretó seis días atrás e incluyó una absurda puesta en escena con calles cortadas, vallas, perros, prefectos, servicios y policías pertrechados para la guerra. El juez Coleffi dictó el secreto de sumario y ahora deberá pronunciarse. La dirigencia política de Bahía Blanca mantiene un estruendoso silencio.