Fuentes del kirchnerismo provincial relacionaron las sospechas sobre el seguimiento policial que se habría realizado sobre la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con Rubén Lasagno, uno de los directivos de la agencia de noticias OPI y «una figura de estrecho vínculo con los servicios de inteligencia».
 

Lasagno es un articulista habitual de otro portal de inocultable relación con sectores de inteligencia: Tribuna de periodistas, a cargo de una persona de nombre Christian Sanz. La observación sobre Lasagno no es nueva. Según señalan se remonta a los ’90. Esas misma fuentes precisan que el gobernador Daniel Peralta el sábado pasado brindó una entrevista al programa Sintonía Fina, de FM News de Río Gallegos, ciclo que coproducen OPI y News.
 

Las sospechas suceden en el marco de la denuncia acerca de que la policía de la provincia de Santa Cruz habría desplegado el pasado fin de semana un seguimiento de las actividades de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su estadía en la provincia. De acuerdo a los trascendidos, la tarea se habría llevado a cabo a partir de las indicaciones del gobernador Daniel Peralta, y concretada por efectivos de la fuerza provincial vestidos de civil. A la vez, se indicó que el seguimiento realizado sobre la jefa de Estado en ningún momento fue coordinado con la custodia oficial de Presidencia, por lo que el operativo podría encuadrarse en un seguimiento de inteligencia ilegal. De acuerdo a lo señalado por fuentes de la provincia, el personal de civil de la policía llevó adelante el dispositivo de incógnito durante los dos días en que la presidenta estuvo en Santa Cruz. De inmediato, desde la gobernación santacruceña se emitió un comunicado desmintiendo la información.
 

La relación entre el gobierno nacional y el provincial sigue cruzada por tensiones políticas que emergieron a la luz con mayor intensidad en diciembre del año pasado cuando funcionarios y legisladores de La Cámpora tomaron distancia de la gestión de Peralta, al oponerse a un paquete de leyes económicas que incluía un ajuste del gasto público propuesto por el gobernador. Desde el kirchnerismo santacruceño ya venían cuestionando el giro que tuvo Peralta desde que asumió la gobernación. Y recuerdan como un dato central la relación el que mandatario provincial mantuvo con el ex obispo de Río Gallegos Juan Carlos Romanín, quien renunció en abril y que había llegado a la ciudad patagónica en 2006 para convertirse, meses más tarde, en un actor político destacado del arco opositor al kirchnerismo.
 

 La sospecha de espionaje de la policía provincial sobre la presidenta, sucede en ese marco, sin olvidar la reciente crisis policial que mantuvo a Santa Cruz en vilo cuando las fuerzas de seguridad permanecieron 19 días de huelga. Otro detalle no menor: la denuncia de los organismos de Derechos Humanos contra la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Ana Cecilia Álvarez, por su relación familiar con ex militares y una serie de fallos en causas que se investigan violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar.