Distinta vara para medir delitos económicos

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Lo envía Jorge Devincenzi, editor de PATRIA O COLONIA.
Delitos económicos medidos con distinta vara
La derecha sobreviviente, la activista de la represión ilegal Cecilia Pando ahora afiliada al partido Unión Popular adquirido por el ex bañero Eduardo Duhalde (Framini se debe estar revolviendo en su tumba), acusan al gobierno de defender los derechos humanos de un solo lado.
Sería algo así como la versión derechosa de la doctrina de los dos demonios asumida desde la mano izquierda por el radicalismo alfonsinista que hoy, con su heredero, ha perdido los últimos vestigios de progresismo esquizofrénico alentado otrora por la Coordinadora Radical, una mezcla rara de Susheta y de Mimí entre discurso progresista y negocios sucios. Pregunten, por ejemplo, por qué el mayor Guastavino, alias de Raúl Guglielminetti, represor del batallón 601 de Inteligencia con asiento en el edificio de la esquina de Callao y Viamonte, trabajaba para la Coordinadora en el Grupo Alem.
Los medios hegemónicos, cuya lectura de la realidad es idéntica a la de la Pando pero sofisticada por el uso de palabras e imagenes alambicadas y de sonoridad filosófica, han dado una cobertura de primera plana a los eventuales delitos económicos cometidos por Sergio Schocklender con el solo fin de ensuciar a Hebe de Bonafini y por elevación a la Presidenta Cristina, o mejor, a la totalidad de la política de derechos humanos llevada adelante por el gobierno.
Schoklender jamás fue un militante ni nada que se le parezca. Su padre representaba en Argentina a la empresa Pittsburg Coal, que vendía armas y acero a la marina argentina durante la dictadura.
Para comprobar una vez más cómo es eso de la distinta vara, la siguiente información sólo fue levantada por el diario Tiempo Argentino y no mereció una sola línea en La Nación y Clarín. Los columnistas Pagni, Roberts, Van der Kooy, Grondona, Blanck, etc., no se mostraron escandalizados en esta oportunidad.

LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS SE PRESENTÓ COMO QUERELLANTE EN OTRA ACUSACIÓN CONTRA CIVILES

Denuncian el caso de un banquero despojado durante la dictadura

Publicado el 29 de Mayo de 2011

Por Gimena Fuertes
Eduardo Saiegh era propietario del Banco Latinoamericano cuando en 1980 fue secuestrado y torturado «para que confesara algún delito que justificara que se llevaran las acciones de Austral» depositadas en caución.

La mañana del 31 de octubre de 1980 Eduardo Saiegh, propietario y vicepresidente ejecutivo del Banco Latinoamericano, estaba trabajando en su oficina cuando una delegación de 30 policías armados entró y copó el lugar. Se llevaron las acciones de la aerolínea Austral y también al banquero, al que torturaron durante una semana dentro de la dependencia policial del Banco Central de la República Argentina. Después de más de 30 años, y largos procesos judiciales infructuosos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como coquerellante en la causa para impulsar la investigación sobre las responsabilidades del ex ministro de Economía de facto José Alfredo Martínez de Hoz, su par de Interior Álbano Harguindeguy y Alejandro Reynal, vicepresidente del BCRA en esos hechos.

Y viene más, mucho más.


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