EE.UU. Agentes de policia ganan el doble que los profesores universitarios
¿Vamos al infierno? La violencia entra en la universidad
Vijay Prashad* / Sin Permiso
Antes de ser abatido por la bala asesina, el Reverendo Martin Luther King Jr. había estado preparando su sermón para la iglesia baptista de Atlanta Ebeneezer. El sermón se titulaba “Por qué América puede descender al infierno”. El tema del sermón era sencillo, que el fracaso en afrontar la aguda crisis social del país estaba conduciendo a una violencia peligrosa. Una protesta en el centro de Memphis, Tennessee, en apoyo de los trabajadores de la sanidad en huelga acabó en caos. King escapó de lo que él pensaba que iba a ser una manifestación no violenta y señaló, “Vivimos en una nación enferma. Quizás debamos simplemente admitir que la violencia ya está aquí y quizás debamos simplemente abandonar y dejar que la violencia siga su curso.”
Esta declaración es inusual en el repertorio de King, que es principalmente positivo y esperanzado. En 1968 la contra-revolución, cuidadosamente planeada contra los movimientos de liberación no tardaría en hacer su aparición. Los momentos más dramáticos fueron los asesinatos de los portaestandartes de los movimientos liberales (King en Abril, Robert F. Kennedy en Junio). Un poco menos dramáticos fueron los disparos a los estudiantes que luchaban contra los restos de la segregación y que se negaban a disparar contra los vietnamitas. Actualmente ya casi no se recuerda el asesinato de unos estudiantes, el 8 de febrero de 1968, cuando los agentes de seguridad de la autopista de Carolina del Sur dispararon y mataron a Delano Middleton, Henry Smith y Samuel Hammond porque trataban de protestar por una bolera segregada en Orangeburg. La violencia ya no venía de abajo. Era más probable que viniera de arriba, que fuera la violencia de la contra-revolución.
La militancia universitaria llegó a su punto más alto quizás en la primavera de 1969, cuando alrededor de un tercio de estudiantes participó de una manera u otra en las manifestaciones. Fue en este contexto que el Gobernador de California Ronald Reagan dijo de los estudiantes: “Si hace falta un baño de sangre, acabemos ya. Basta de apaciguamiento”. El 4 de mayo de 1970, cuatro estudiantes yacían muertos en Ohio (Jeffery Miller, Allison Krause, William Schroeder y Sandra Scheuer, de 19 años y 6 meses de edad media). Reagan consiguió su baño de sangre.
Ninguna otra universidad tomó el tipo de medidas empleadas por la Universidad de Ohio después del primer tiroteo registrado en una universidad de los Estados Unidos. El 31 de octubre de 1893, un vigilante nocturno disparó a un grupo de estudiantes, hiriendo a uno de ellos. El consejo Rector deliberó y dio su veredicto: “Que, aunque no aprobamos que los estudiantes ofrezcan resistencia a un oficial y creemos que el vigilante quiso cumplir con su deber, lo que ocurrió la última noche demostró que carece de la serenidad necesaria para este tipo de trabajo y, por lo tanto, recomendamos que quede libre de sus obligaciones y que la conducta de los estudiantes sea juzgada en la facultad a la que pertenecen”. El vigilante nocturno fue despedido. Los guardias nacionales del Estado de Kent tuvieron que presentarse ante un juez, que rechazó los cargos contra ellos en 1974.
En los años 50, las universidades reemplazaron el vigilante nocturno amateur por el agente de seguridad profesional. Algunas universidades (como la Universidad de Oregón y el Instituto de Tecnología de California) dieron instrucciones explícitas a sus agentes de no intervenir en las protestas universitarias (en 1970 un asistente del Presidente de la Universidad de Oregón escribió que “la policía de seguridad del campus no intervendrá de ninguna forma en los desórdenes del mismo”) . Pero eran minoría y pronto cambiarían sus políticas. La mayoría de centros fueron menos circunspectos. A mediados de los 70, los departamentos de seguridad de las universidades empleaban normalmente a policías retirados y muchas universidades les instruían en las llamadas “técnicas de disturbios de masa”. En 1972, un estudio de referencia del Departamento de Justicia sugería que los agentes de seguridad de los campus tuvieran plenos poderes de detención y que fueran formados y equipados para enfrentarse de forma efectiva a los disturbios universitarios y el control de multitudes.
En nuestras protestas contra el apartheid y contra las guerras sucias en América Central nos enfrentamos con policías profesionales que nos mantuvieron a raya con su insistencia en los permisos y en la provisión de lugares de protesta. Cuando éstos se violaban nos trataban como a aquellos estudiantes de Harvard que en 1766 protagonizaron la primera protesta estudiantil registrada, por la mala calidad de la mantequilla que se servía en los comedores universitarios. Durante el “año de las ciudades miseria” (1985-86), en la mayoría de las universidades se levantaron tiendas de campaña en protesta por las inversiones de EEUU en Sudáfrica. Se nos toleró. La mayoría de las universidades eventualmente desinvertieron su dinero (en Darmouth, las tiendas fueron quemadas por el Committee To Beautify the Green). Las detenciones eran una comedia. Mi primer contacto con el spray de pimienta Roach Killer fue una cortesía de la LAPD (Los Angeles Police Department) en una manifestación a favor de los refugiados de El Salvador en 1987. La policía del campus nunca se hubiera atrevido.
Cuando las universidades se vieron a sí mismas como una isla de prosperidad en un mar de turbulencias económicas, los policías del campus se vieron obligados a ejercer otro papel. Tenían que proteger a los estudiantes de la posible violencia de los pobres del vecindario (no se trataba de la rutinaria violencia sexual, casi siempre entre estudiantes). El debate sobre la posibilidad de armar a los policías no giraba en torno a dirigir sus armas contra los estudiantes-consumidores, sino contra la amenaza de la población local. Es lo que el antropólogo Michael Taussig llamó “el terrorismo habitual de la clase media, justificado por las referencias a la educación superior, a la protección de la misma civilización, que se jugaba allí mismo en los muy puntiagudos bloques, llenos de miedo, las rojas imágenes de los edificios ardiendo, y los tranquilos focos de la policía con sus perros vigilantes”. Para Taussig, este es el significado de la expresión de Walter Benjamin “no hay ninguna traza de civilización que no lleve al mismo tiempo una traza de barbarismo”. Taussig pensaba en la Universidad de Chicago, donde por aquel entonces yo estudiaba y donde la fuerza policial es la segunda más grande en Illinois (por detrás del área metropolitana de Chicago). Cuando King fue asesinado, la Guardia Nacional llevó su maquinaria pesada al Midway para proteger a la Universidad de Chicago del Southside. Actualmente la policía universitaria está capacitada para la labor.
El aviso profético de King quedó en suspensión. En los años 90 las prioridades nacionales eran tales que los fondos públicos disponibles se dedicaban más bien a la constitución de fuerzas de policía y prisiones que a las instituciones educativas. La lógica neo-liberal dicta que el gasto público para la represión es aceptable, pero el gasto público para el bien social es traición. El presupuesto de California dedica el once por ciento a prisiones, pero solamente el siete y medio por ciento a la educación superior. En el presupuesto actual el estado gasta 10.000 millones de dólares en prisiones, el doble de lo que gasta en la Universidad de California y el sistema universitario del Estado de California. A mediados de los años 90, las prioridades estatales eran exactamente las contrarias. También se dedicó cada vez más dinero a las fuerzas de represión dentro del propio sistema universitario: sus policías están bien equipados y bien entrenados y son una fuerza creciente.
A medida que el movimiento Ocupa llega a los campus, se ve la verdadera naturaleza de esta fuerza de policía. Recomiendo el video de la acción de la policía de la UC Berkeley del 10 de noviembre. El agente de seguridad del campus ya no llamó para abrir las puertas de las habitaciones; son policías anti-disturbios, completamente preparados para romper unas cuantas cabezas. O, como en el caso de la profesora Celeste Langan, para agarrarte por los cabellos cuando te ofreces sin violencia para ser arrestado y te arrastra por la hierba. También recomiendo el vídeo del 18 de noviembre de un agente de la UC Davis yendo delante de una línea de manifestantes no violentos (todos sentados en el suelo) levantando victoriosamente un bote de spray de pimienta y lanzando el nocivo gas naranja a las caras de los estudiantes sin dudarlo un momento. Si esto hubiera ocurrido en la Universidad de Teherán o en la Universidad de Beijing, el Departamento de Estado habría emitido una nota de protesta moralista sobre la violación de los derechos humanos y el derecho a disentir.
El profesor adjunto Nathan Brown del Departamento de Inglés de Davis escribió una lúcida y valiente carta al rector pidiendo la dimisión. No solamente señalaba la conducta de los policías del campus en Berkeley y en Davis, sino también la responsabilidad de la dirección de la universidad que envió a la policía a actuar de esta manera contra manifestantes que, para empezar, no eran violentos. “El hecho es”, escribía Brown, “que la Administración de las universidades estadounidenses utiliza sistemáticamente la brutalidad policial para aterrorizar a los estudiantes y a la facultad, para aplastar la disidencia política en nuestras universidades y para eliminar la libre expresión y el derecho de reunión. Mucha gente lo sabe. Mucha más lo está aprendiendo rápidamente”.
El Rector de la UC Davis está “triste” por los acontecimientos y se está llevando a cabo una investigación. Esta no revelará nada. Se suspenderá a uno o dos agentes de policía. El deslizamiento de la universidad en la ciénaga de la deuda del estudiante y el estado policial continuará incólume.
Las prioridades del campus están claras. Un profesor adjunto gana un salario anual de algo más de 60.000 $; un teniente en el departamento de seguridad del campus (el hombre que arrojó el gas pimienta, por ejemplo) se lleva a casa 110.000 $. No hay que envidiar el salario de ningún trabajador público (ninguno de ellos está en la franja del 1%). Lo que maravilla es la desproporción, y el sistema que garantiza este abismo.
Vivimos en una nación enferma.
*Vijay Prashad es catedrático de Historia del Sur de Asia y director de Estudios Internacionales en el Trinity College de Cambridge, Harford, CT. Su último libro publicado, The Darker Nations: A People’s History of the Third World, ganó el Premio Muzaffar Ahmad de 2009.
