El nene de los ganchitos y el caballo

Dice el detective sueco Martinsson en la novela Antes de que hiele, de Henning Mankell: «Últimamente he estado estudiando algo de historia. Y tengo la sensación de que, en este país, el crimen jamás ha sido tan rentable como hoy. En mi opinión, ahora ya no protegemos la legalidad, sino que, más bien, nos dedicamos a mantener la anarquía dentro de unos límites más o menos soportables».

El rentable negocio del robo y desguace de automotores esconde historias que no se encuadran en «los límites de lo más o menos soportable», como dice el hastiado detective, porque en ellas los chicos, niños aún, las protagonizan contra su voluntad y al precio de sus vidas.

Como la historia de una banda mixta que incluía el personal de dos comisarías en Villa Trujuy, Moreno. En agosto de 2003, decenas de allanamientos e incautación de autos desguazados, y miles de autopartes, daban cuenta de uno de los delitos en los que resultaba imprescindible la participación policial y de ciertos sectores del poder político territorial. La causa penal se inició por la declaración de Yoni, un niño de 10 años que atravesaba el campo de Moreno para ir a la escuela. Un día, lo pararon unos señores para preguntarle si le gustaban los caballos. Yoni soñó despierto: tener uno era lo ideal para ahorrarse la larga caminata al colegio. Sin pensarlo, aceptó el trato de realizar ciertos trabajos por el caballo que le ofrecían. En los días que siguieron al pacto, Yoni tardaba un poco más en volver a su casa luego de la escuela. Su mamá encontró unos «ganchitos» en el bolsillo del pantalón. Y llegó la pregunta obligada. Yoni simplemente contó la verdad: los señores que se encontró camino a la escuela le habían prometido un caballo y a cambio le pedían que manejara unas cuadras los autos que él abría con los ganchitos. Con muchísimo temor su madre confió en un vecino policía quien a su vez informó directamente a la Fiscalía de la jurisdicción, que la entrevistó en forma reservada. Así comenzó la investigación que terminaría con el esclarecimiento de los delitos y la detención de la banda completa: ocho policías y dos civiles asociados a miembros del mundo de los desarmaderos que cumplían con todo el proceso de "fabricación" de autopartes a partir de unidades robadas, algunas mediante los «ganchitos» de Yoni y otras a punta de pistola, según la situación. Yoni y su mamá ingresaron al programa de protección a testigos.

En esa época, el robo y desarme de automóviles y la venta ilegal de autopartes conformaban una de las actividades delictivas de mayor crecimiento, complejidad y rentabilidad consolidada en las grandes ciudades argentinas, en particular, en la provincia de Buenos Aires. En 2003, se robaron un promedio de 11.000 autos por mes, la mayoría de los cuales, 60%, fueron desguazados en desarmaderos. Esta actividad habría generado anualmente entre 400 millones y 700 millones de pesos solamente en el ámbito provincial.

El 25% de los autos robados son recuperados por empresas encargadas de ese negocio, la mayoría de las cuales están conformadas por ex comisarios de la policía provincial y llevan a cabo este negocio en connivencia o sociedad con jefes en actividad. El resto de los vehículos robados, cerca del 15%, son "doblados", es decir, se los repatenta ilegalmente de acuerdo con la documentación de otros vehículos de idéntico modelo que se encuentran destruidos o incendiados, o, cuando se trata de automóviles lujosos, son contrabandeados a países limítrofes.

Los «desarmaderos» funcionaban con un titular, que era la «cabeza» de la organización delictiva y dueño de los galpones en los que se desarrollaba la actividad, los que se encontraban indefectiblemente registrados a nombre de terceras personas (algunas, familiares directos del primero) que oficiaban de «testaferros» encubriendo al verdadero titular, quien tenía las conexiones necesarias tanto con los encargados de robar el automotor requerido y trasladarlo al galpón indicado para su desguace, como con los dueños de otros desarmaderos.

En los galpones se suprimen con amoladora las numeraciones de motor y chasis del vehículo robado y se quitan los vidrios y las chapas patentes, a partir de lo cual el automotor ya no puede ser individualizado, utilizando lugares proporcionados por el Ceamse para deshacerse de la chatarra no apta para la venta y de toda autoparte que pueda individualizar el rodado.

En definitiva, una estructura aceitada, con protección policial y política que mantiene su maquinaria captando chicos, como en el caso de Yoni, y jóvenes pobres como mano de obra barata.