El traspaso del subte, una de la Monty Phyton
Me escribe Boot, con el cual venimos maravillándonos de que Macri haya trasmutado en acérrimo federal, matándole el punto al restaurador, mientras muchos «nacionales» oficialistas se han empeñado en hacer tabla rasa con por lo conquistado por Julio Argentino y otros hacedores de la Argentina moderna, y en revertir guerras y batallas como la de Los Corrales sin por eso concederle, como debieran, la razón a Carlos Tejedor y devolverle la ciudad a la provincia.
El toque más refinadamente absurdo en esta comedia es que casi todos hagan como que no existe la concesión a Roggio, que debe estar saltando en una pata de alegría por el aumento de tarifas que le regaló el irresponsable absoluto de M.M.
Con Boot fantaseábamos con que el gobierno nacional, estufado, se quedaba con el subte en nombre de la nación y de todas las provincias, los renombraba «Subtes federales» y ponía toda la señalización en rojo punzo, rojo escarnio eterno del inútil de Mauricio que, como dice Cristina, es incapaz de darle seguridad a los subtes y sin embargo pretende presidir el país.
Los dejo con Boot:
El toque más refinadamente absurdo en esta comedia surrealista la dan senadores y legisladores de las provincias, que luego de sesudas exposiciones históricas concluyen en que todo lo que hay en la ciudad autónoma es de los porteños… olvidándose de que la ciudad de Buenos Aires es federal, vale decir, de todos los argentinos, no de los porteños ni ya de los bonaerenses, conquista provinciana que demandó 70 años de guerra civil y costó miles de vidas.
Sociedad mixta…y los teléfonos ya no son nuestros
Las comunicaciones internas están amenazadas por una sociedad mixta ya legalmente perfeccionada y que ha quedado en expectativa a la espera de la oportunidad. En cuanto se hizo cargo de sus funciones, en 1955, el ingeniero Ygartúa –como un chico que teme olvidar la lección– dijo de inmediato que debía hacerse una sociedad mixta.
Evidentemente, no sabía muy bien para qué serviría esa sociedad mixta, pero había que hacerla de todas maneras. Después descubrió que muchos pedidos de teléfonos estaban pendientes e inatendidas numerosas quejas de abonados, y afirmó que para resolver todo ese embrollo había que organizar rápidamente una sociedad mixta y elevó un proyecto de decreto y formuló declaraciones a los diarios y a las revistas.
La sociedad mixta se fundó con un capital de cinco mil millones, nada menos. El ingeniero Ygartúa afirmó que en ella ingresaría el Estado aportando como capital el activo físico telefónico, que él, por su cuenta, tasaba en mil millones de pesos.
Una sociedad mixta es una sociedad manejada excluyentemente por las mayorías, con total prescindencia de las minorías. Volcar, pues, en una sociedad de cinco mil millones de capital la propiedad de las redes telefónicas tasadas en mil millones equivalía, simplemente, a regalar gratuitamente a la nueva sociedad la mayor parte del activo del Ministerio que se había confiado al ingeniero Ygartúa. Los obreros telefónicos –a pesar de estar intervenidos– formularon una severa declaración, que ningún diario “libre” publicó, en la cual denunciaban que en el futuro recurrirían a la justicia para impugnar por inmoral todo lo que se pactara en ese sentido.
Pero no es sólo en los teléfonos donde pende sobre nuestro destino la amenaza de las sociedades mixtas que es el guante blanco de la rapacidad extranjera, la estructura más perfeccionada del imperialismo británico. Ya hemos visto que los ferrocarriles han sido despojados de la palabra nacional. El considerado que pretende justificar esa eliminación, ni siquiera intenta convencer al lector sobre la oportunidad de la medida. Dice simplemente que la palabra nacional “no determina el origen de país alguno”. ¿No será ya un país la Nación Argentina? Quien redactó el proyecto es indudablemente hombre de poca imaginación. ¡Qué frases tan bonitas hubiera trenzado el doctor Prebisch si él hubiera redactado la resolución! ¡Qué oportunidades perdidas para invocar la libertad de empresa y delimitar el perímetro de la intervención económica de un Estado realmente democrático! Lo indudable es que si avanzamos sigilosamente hacia la formación de una sociedad mixta de transportes, la palabra nacional constituía un pequeño estorbo, porque la palabra nacional no puede usarse sino para designar a las propiedades del Estado argentino, y la sociedad mixta que se organizará para hacerse cargo de los transportes, cuando estén reequipados y modernizados por el Estado, será muy parecida a la sociedad mixta que, como fruto de su gran experiencia en materia telefónica, hizo sancionar el ingeniero Ygartúa.
Amenaza a los ferrocarriles
Tan alarmante como la supresión de la palabra nacional, es la noticia difundida por La Nación (11-10-956), según la cual “en el Ministerio de Transportes se hallan abocados a la reorganización de una de las dependencias que ha tenido mayor gravitación en el desarrollo y adelanto de los ferrocarriles… trata de la Dirección General de Ferrocarriles”. Esta voluntad de hacer incurrir en error a sus lectores haciéndoles creer que la dirección general tuvo alguna influencia en el desarrollo y adelanto de los ferrocarriles y de asignar a esa pobre e inocua repartición alguna función representativa, había sido anticipado por el editorial del 2-X-956, según el cual “cuando los ferrocarriles eran administrados por empresas privadas las tarifas eran severamente fiscalizadas por el Estado mediante su Dirección General de Ferrocarriles”. Todo lo cual es rotundamente falso. Dos fenomenales acordados en las concesiones ferroviarias. (Fallos: t. 157, pág. 4 y t. 255, pág. 407). Y ninguna concesión autorizaba la intervención del Estado cuando las ganancias se mantenían dentro de un límite porcentual que nunca se alcanzaba, porque estaba en la facultad de las empresas aumentar sus gratos y sus sueldos.
Tampoco la ley Mitre autorizaba la intervención alguna, mientras las ganancias se mantuvieran dentro del 6,4 por ciento.
La Dirección General de Ferrocarriles sólo servía para compilar las estadísticas que voluntariamente enviaban las empresas y de pantalla disimuladora para hacer creer al público que los intereses generales estaban protegidos por ella. A pesar de la buena voluntad de los técnicos y empleados subalternos, como oficina fiscalizadora, la dirección General de Ferrocarriles era un verdadero hazmerreír.
El editorial de La Nación se refiere a la época en que “los ferrocarriles eran administrados por empresas privadas”. En el pasado, los ferrocarriles no eran administrados, eran propiedad absoluta, perpetua y sin caducidad ni plazo alguno de retracto ni reversión a favor del Estado concedente. ¿Al hablar de administración el editorialista se habrá querido referir al futuro? ¿Serán entregados los ferrocarriles para su administración a una sociedad privada? ¿O el Estado cederá el activo físico de los ferrocarriles a una sociedad mixta que sólo pondrá como capital la facultad administradora? ¿Cuál será la forma más democrática de apoderarse de los ferrocarriles?
Los británicos se preocupan mucho por las formas y los buenos modales. El Buenos Aires Herald, por ejemplo, en su editorial del 31 de enero del corriente, le reprocha a Estados Unidos la manera tan directa y franca con que ha tratado de congraciarse con el rey Saud. Dice: “El rey Saud de Arabia Saudita visita al presidente Eisenhower. Las razones de su visita son conocidas y comprensibles. Se trata de un ejemplo perfecto de un dirigente árabe que puede comprarse con dólares…”. No se habla de una cooperación internacional de elevada categoría en pro de la democracia. Se trata sencillamente de política de potencias y el dólar tendrá la última palabra”. Es decir que los groseros norteamericanos están haciendo con sus dólares en Arabia Saudita, lo mismo que aquí con fina elegancia están conquistando poco a poco los británicos con el empleo oportuno de las palabras democracia y libertad.
