La reinstauración del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, derogado por la última dictadura militar, es fundamental para lograr una menor desigualdad social y favorecer la igualdad de oportunidades. Aquí también aparece la reforma tributaria como una asignatura pendiente.

George B. Kaiser es dueño del Bank of Oklahoma. Posee una fortuna de alrededor de 10.000 millones de dólares que lo colocan en el top 100 del ranking mundial de millonarios de la revista Forbes. Es además uno de los principales aportantes a la campaña de Barack Obama, y está entre los primeros cincuenta filántropos de los Estados Unidos. Kaiser explica su beneficencia de manera sencilla y muy interesante: «Mi compromiso con la caridad llegó fundamentalmente a través de la culpa. Muy temprano entendí que la causa de mi gran fortuna tenía menos que ver con que tuviera un carácter o una capacidad de iniciativa superior, que con la suerte. Fui bendecido por haber nacido en una sociedad desarrollada y de padres muy atentos. Por lo tanto, he tenido la doble ventaja de la genética (gané en la lotería del ovario) y de la crianza.

Cuando miro alrededor y veo a aquellos que no han tenido esas ventajas, me queda claro que tengo la obligación moral de dirigir mis recursos a ayudar a equilibrar esa balanza.

El contrato social americano es la igualdad de oportunidades. Como considero que soy sólo periféricamente responsable de mi gran fortuna, tengo el deber moral de ayudar a aquellos que se quedaron atrás por el accidente del nacimiento».

Lo anterior es parte de la carta con la cual el banquero se sumó a The Giving Pledge (El compromiso de dar), la iniciativa que hace un par de años lanzaron Bill Gates y Warren Buffett –los dos estadounidenses más ricos– para comprometer a los más grandes millonarios a donar al menos la mitad de su riqueza.

Algunos de los argumentos de Gates y Buffett van en igual sentido que Kaiser. El fundador de Microsoft sostuvo: «Uno de los principios que me animan es que toda vida tiene igual valor, lo que significa que creo que todo niño merece tener la chance de crecer, de soñar y de realizar grandes cosas».

Por su parte Buffett, dueño del conglomerado Berkshire Hathaway y conocido como el «oráculo de Omaha», fundamentó: «Mi riqueza proviene de la combinación de vivir en Estados Unidos, de algunos afortunados genes y del interés compuesto. Tanto mis hijos como yo ganamos lo que yo llamo la lotería del ovario. Ser hombre y ser blanco también removió obstáculos que muchos enfrentan. Mi suerte se acentuó por vivir en un sistema de mercado que produce resultados distorsionados, aunque en términos generales es bueno para nuestro país. Me he desempeñado en una economía que recompensa a quien salva vidas en una batalla con una medalla, que premia al excelente maestro con una nota de agradecimiento de los padres, pero al que puede detectar que en el precio incorrecto de un título o de una acción hay una oportunidad, lo recompensa con sumas que llegan a los mil millones de dólares. En resumen, el destino de los seres humanos se distribuye de manera bastante caprichosa». Buffett se comprometió a donar el 99 por ciento de su patrimonio, y asegura que el 1 por ciento alcanza para mantener intacto su nivel de vida y el de sus hijos. Dispone de unos 50.000 millones de dólares.

No hay muchos mejores argumentos que los de Kaiser, Gates y Buffett para justificar el impuesto a la herencia. Si bien la política nada puede hacer para modificar la distribución de la herencia genética en la lotería del ovario, sí está en condiciones de cambiar la distribución de la herencia material, que es, por definición, la raíz de la desigualdad social y la causa primera que imposibilita que exista la tan declamada igualdad de oportunidades.

Lo que Kaiser, Gates, Buffett y muchísima otra gente multimillonaria como ellos o no tanto, hacen voluntariamente, sea por sincera sensibilidad, para limpiar culpas, para desviar impuestos a un destino que ellos consideran preferible o por alguna combinación de esas motivaciones, es lo que debería hacer el Estado a través, precisamente, del impuesto a la herencia.

Kaiser, Gates y Buffett no dicen nada nuevo. A mediados del siglo XIX el prócer liberal John Stuart Mill escribió en su Principios de Economía Política: «Las desigualdades en la propiedad originadas por desigualdades en la actividad, la frugalidad, la perseverancia, los talentos, y hasta cierto punto incluso la suerte, son inseparables del principio de la propiedad privada, y si aceptamos el principio hemos de aceptar también sus consecuencias; pero no veo nada censurable en fijar un límite a lo que una persona puede adquirir por la benevolencia de los demás, sin haber realizado ningún esfuerzo para obtenerlo, y en exigir que si desea mayores bienes de fortuna trabaje para conseguirlos. (…) La riqueza que no pudiera seguirse empleando en sobre-enriquecer a unos pocos, se dedicaría a fines de utilidad pública, o bien si se distribuyen entre varios individuos, se repartiría entre mayor número de personas».

Para citar a un argentino, Fernando Seppi le atribuye al impuesto a la herencia la propiedad de «atenuar la reproducción de las desigualdades». En su libro Consideraciones acerca de la imposición sobre herencias y donaciones, de 2005, explica que «Nacer en el seno de un hogar con una determinada dotación de riqueza o con ciertas relaciones sociales, o percibir una herencia relevante son factores condicionantes centrales en cuanto a las oportunidades de vida de este sujeto».

Seppi no agota en el equilibrio de las condiciones iniciales los objetivos que el impuesto es capaz de lograr. Entre otros, obviamente incluye el aumento per se de los ingresos fiscales. Sobre esto último, las experiencias internacionales enseñan que este tributo aporta alrededor del 0,5 por ciento de la recaudación total. Pero, como se verá más adelante, a esos niveles se llega con tasas más bien moderadas y montos exentos bastante elevados.

Además de su prédica y práctica a favor de la filantropía, Buffett también es un firme defensor del impuesto a la herencia para evitar una «aristocracia de la riqueza», pero también le adjudica «un rol fundamental en el crecimiento económico en la medida que sea un factor que ayude a crear una sociedad cuyo éxito se basa en el mérito antes que en la herencia». Ya en 1924 Winston Churchill había elogiado el impuesto como un «antídoto contra el desarrollo de una raza de ricos ociosos». Buffett, que sigue trabajando, en el 2001 impulsó un petitorio en contra de una iniciativa del entonces presidente George Bush de eliminar el impuesto.

Agustín Lódola y Pedro Velasco, dos economistas del Ministerio de Economía bonaerense, le adosan al impuesto otras justificaciones y objetivos. En un trabajo presentado en las 44 Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, bajo el título de«El impuesto a la transmisión gratuita de bienes», dicen lo siguiente: «La fortuna no es sólo fruto de las decisiones de sus dueños sino que también deriva de una combinación de beneficios concedidos por la sociedad y de la suerte». Y destacan la función que puede tener en «atacar la concentración» y de esa manera contribuir a moderar una magnitud de «poder económico contrario al buen funcionamiento de gobiernos democráticos».

El llamado impuesto a la herencia (con precisión, se trata de gravar a la transmisión gratuita de bienes) provoca dos tipos de debate. Uno es de carácter económico, donde por ejemplo se discute si el gravamen afecta, y en tal caso en qué medida, el ahorro, partiendo de la base de que la certeza de que parte de ese ahorro va a ser quitado, desestimularía su acumulación. No parece haber evidencia de que eso sea así, y hay quienes, como Seppi, apuntan que si bien puede llegar a resentirse el ahorro del que lega, habría mayor incentivo a ahorrar por parte del que recibe una menor herencia.

Pero hay una discusión previa que no es de índole económica sino de tipo moral o, si se quiere, política, y viene dada por las distintas concepciones sobre el derecho individual y la propiedad privada. Una polémica que en uno de sus extremos tiene a quienes plantean que existe pleno derecho a disponer qué será del patrimonio al fallecimiento, y en la otra punta a los que creen que la cuna no otorga ningún derecho patrimonial.

Resulta interesante subrayar que la adhesión estricta y rigurosa al concepto de igualdad de oportunidades como valor básico de una sociedad implica reconocer que la cuna no otorga ningún derecho patrimonial.

No cabe duda alguna de que son principios excluyentes.

Respecto de lo anterior, es muy revelador advertir con qué naturalidad la gente se define a favor de la igualdad de oportunidades, pero la mayoría reacciona en contra y con vehemencia a la idea de que la cuna no debería otorgar privilegios materiales.

Como de lo que se trata es de equilibrar las condiciones iniciales, o en verdad de atenuar los desequilibrios iniciales, el impuesto deja exento un determinado monto y grava con alícuotas progresivas lo que excede a dicho piso. En Estados Unidos, por ejemplo, donde el impuesto rige desde 1916, se empieza a pagar (sin entrar en detalles) a partir de los 5 millones de dólares, y la tasa máxima es del 35 por ciento (en los años ’70 llegó a tener una alícuota del 70 por ciento). Anualmente el impuesto alcanza a entre el 1 y 2 por ciento de los legados, y contribuye con nada más que el 1 por ciento de la recaudación federal. En Inglaterra hay un monto exento equivalente a un poco más de 400.000 dólares y una tasa máxima de 40 por ciento. En Alemania los hijos pagan por encima de 200.000 euros y la alícuota llega al 30 por ciento.

En los países miembros de la OECD el impuesto a la herencia representa en promedio el 0,5 por ciento de la recaudación total. Pero hay países como Bélgica, Francia y Japón, donde ese porcentaje más que se duplica.

En la Argentina la herencia sólo está gravada en la provincia de Buenos Aires. El año pasado comenzó a regir un impuesto a la transmisión gratuita de bienes por encima de los 200.000 pesos con una escala de alícuotas que va del 9 al 16 por ciento, y que en 2011 recaudó 26 millones de pesos. A nivel nacional fue derogado por la última dictadura militar y la decisión no habría sido ajena a un legado en la familia del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Había sido sancionado a principios del siglo XX, pero hay antecedentes de impuesto a la sucesión que se remontan a la Revolución de Mayo.

Desde 1983 hubo varias iniciativas para reponerlo. Proyectos de ley de diputados radicales, de la Coalición Cívica, de legisladores oficialistas, y hasta se llegó a elaborar un esbozo de proyecto en el Ministerio de Economía hace cinco años. No prosperó ninguno. No debería sorprender teniendo en cuenta que la reforma tributaria es una de las tantas importantes asignaturas pendientes del kirchnerismo.

Si la Argentina tuviera un impuesto que agregara un 0,5 por ciento a la recaudación, implicaría una inyección adicional de alrededor de 3.000 millones de pesos. Alcanzaría para duplicar el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, o para reforzar en un 25 por ciento el programa de Asignación Universal por Hijo.

Eso con el 0,5 por ciento. Aunque si de verdad se quisiera eliminar considerablemente la desigualdad de cuna, con voluntad política y eficacia de gestión un impuesto a la herencia da para mucho más.

En la Argentina no hay millonarios de la envergadura de Kaiser, Gates o Buffett. Pero sobre un total de 10 millones de hogares hay cientos de miles de familias con apreciable fortuna y, como se sabe, la gente muere. Como Amalia Lacroze de Fortabat, que dejó una herencia estimada de 1.200 millones de dólares. La mitad de eso alcanza para duplicar el presupuesto de la Secretaría de Cultura y construir además no menos de diez hospitales de complejidad.