La megacausa «Bayón y otros», también llamada «V Cuerpo», debate en juicio oral los secuestros, torturas y desapariciones de 90 personas en Bahía Blanca y Punta Alta durante los años de la dictadura, cuando esas ciudades del sur bonaerense estaban bajo control operacional absoluto del Ejército y de la Armada. Los imputados son casi 80, entre personal de las fuerzas armadas y de seguridad y otro tipo de partícipes y colaboradores.

Sin embargo, un juicio tan importante, que en su etapa de alegatos –ahora interrumpida por la feria judicial– está sacando a la luz tremendas historias silenciadas y pactos que incriminan a hombres e instituciones de Bahía Blanca y su área de influencia, no merece espacio en el matutino La Nueva Provincia, que es el diario local y el más importante de la región. La conducta de este medio ofende al buen periodismo, pero también ofende a sus propios lectores, más allá de partidismos o ideología, ya que no cumple siquiera con el precepto básico de informar.

Las razones son muchas y variadas, pero la principal es que La Nueva Provincia, al hablarse de delitos de lesa humanidad, es parte del problema. Porque está sobradamente probada la complicidad de este medio con la represión selectiva e ilegal que precedió y sucedió al 24 de marzo de 1976, y también, por supuesto, con su enmascaramiento y silenciamiento ante la opinión pública.

No hay más que confrontar los testimonios y documentos aportados en estos juicios, que dan cuenta de una operativa criminal sin códigos y sin ley, con las «noticias» que publicaba o dejaba de publicar La Nueva Provincia, acatando con disciplina castrense las directivas de los comandantes militares.

El caso del primer desaparecido de Bahía, por ejemplo, Daniel Bombara, miembro de una conocida familia de la ciudad, propietaria de una empresa fraccionadora y distribuidora de vinos, es elocuente. Daniel, que era militante de la Juventud Universitaria Peronista y delegado gremial no-docente en la Universidad del Sur, se entregó «sin resistencia» a una patrulla de la Unidad Regional 5 de la policía provincial, que lo puso en manos «del señor jefe de la Zona de Defensa 5, Subzona 51» , el general de brigada Jorge Olivera Rovere, tal como consta en la declaración del comisario Ricardo Bàrtola, jefe de esa unidad regional de la policía.

Bombara, según denuncia de una testigo ante el juez Guillermo Federico Madueño, en 1976 fue secuestrado y torturado en un centro clandestino de detención. Como consta en otros registros y testimonios; su cadáver, con evidentes huellas de tortura, apareció en la càrcel de Villa Floresta, muerto por «contusiones» luego de que «se arrojara (…) esposado» del patrullero. Un relato insostenible.

Previendo que aquella primera versión de los hechos no resistiera una investigación, los represores decidieron entonces trasladar el cadáver hasta la morgue municipal, donde se practicaría la autopsia. Pero en el camino, la ambulancia policial fue supuestamente «interceptada» por un grupo de desconocidos, quienes habrían «robado» el cadáver de Bombara ignorándose con qué fines.

La causa abierta en abril ante el ya citado juez Madueño fue por «atentado a la autoridad y daño» y por «intento de fuga» (sic). Muy pronto, apoyado en el dictamen de la fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni, Madueño dictó el sobreseimiento y el expediente fue archivado.

La escueta noticia que publicó La Nueva Provincia sobre el caso Bombara es la notícula que dice: «Robaron ayer el cadáver de un extremista». Era la versión del V Cuerpo de Ejército sobre los hechos, sin más.

El silenciado caso del «Chiva» Infante Julio

Otro caso entre muchos (no vamos a reiterar el de los trabajadores de LNP Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, sobre el que se han explayado los fiscales Abel Córdoba y Horacio Azzolin) es el de Julio Antonio «El Chiva» Infante Julio, nieto del fundador de La Nueva Provincia (Enrique Julio) y primo hermano de la propietaria y directora del diario, Diana Julio de Massot.

El «Chiva» Infante, ex comando civil de la Libertadora, periodista deportivo, atleta y recordman de natación, emprendedor bahiense que era propietario de los locales «La Posta del Chivo» y «Bowling Center», creía estar protegido por su vínculo con el diario y por su apellido para ejercer la libertad de opinión.

Fue una equivocación fatal.

En un asado organizado en la delegación bahiense de la Policía Federal, se refirió al general de brigada Adel Edgardo Vilas (que había llegado a la Capital del Sur para comandar la represión «antisubversiva», luego de haberlo hecho con genocida esmero en los montes tucumanos). Dijo el Chiva Infante, palabra más, palabra menos, que «Vilas es un cagón, porque no se anima a salir sin ocho custodios atrás», y encima agregó que Vilas inventaba «historias imposibles, como la del jeep que alcanzó al Falcon en la ruta» y que quizá desinhibido por el vino, agregó que Vilas estaba «haciendo mierda a pibes recuperables, pero a (Rodolfo) Ponce (delegado de los Recibidores de Granos, vinculado con la triple A) no lo toca». En la mesa donde el Chiva hizo esos comentarios –se supo después– había informantes del general Vilas.

Pasada la medianoche del día siguiente, 18 de mayo de 1976, más de 15 encapuchados con armas largas entraron al Bowling Center disparando al techo y reclamando a los gritos por su dueño. Cuando éste, que había sido alertado por un amigo, se parapetó tras un escritorio e intentó defenderse con un revolver, fue baleado con fusiles FAL (arma reglamentaria del Ejército) y reducido. Moribundo, lo subieron a una camioneta amarilla y lo llevaron hacia La Carrindanga, por un camino intransitado, vecino al todavía ignorado (aunque ya funcionaba) CCD «La Escuelita». Nunca más
apareció.

Cuentan que fue el mismo gobernador de facto bonaerense, el general Ibérico Saint Jean, el encargado de explicar a su amiga Diana Julio de Massot que en aquel asado de la Policía Federal, el Chiva había hablado de más. Todavía están esperando los bahienses (valga la hipérbole) que La Nueva Provincia informe, siquiera informe, de este hecho.

Probablemente, el «Chiva» haya tocado, en su verborragia, una zona peligrosa del pacto secreto civil-militar que posibilitó que la tarea de exterminio comenzada por la Triple A bahiense se empalmara casi sin obstáculos con la tarea de exterminio cumplida por los grupos de tareas comandados desde el V Cuerpo de Ejército y desde las bases navales de Espora y Puerto Belgrano.

Otra prueba del silenciamiento de esa muerte es el Anuario 1978 que publicó La Nueva Provincia, ya citado en una nota anterior, donde prolijamente se elude, en la página correspondiente a «Atletismo», toda mención de Julio Infante Julio… a pesar de que el Chiva había sido el gran animador de la Asociación Bahiense de Atletismo y la Federación Atlética del Sur.

Un amigo y socio de Julio Infante Julio, atleta también y testigo de su secuestro, que llegó a hablar en los días y noches posteriores con algunos de los partícipes del crimen, organiza desde hace 30 años, para la fecha de la desaparición, el Torneo Atlético «Julio Infante Julio».  Sólo en sus últimas ediciones consiguió que el nombre completo del torneo fuera publicado por el diario.

La causa madre, y las que vienen

Cuando termine la feria chica judicial, la megacausa V Cuerpo continuará hasta terminar la ronda de alegatos, y está previsto que para septiembre se llegue al dictamen y las condenas.

Otras nuevas causas relacionadas con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca podrán elevarse a juicio oral en el futuro. Y poco a poco la ciudad, esperamos, irá descorriendo ese telón que prematuramente bajó el diario La Nueva Provincia sobre este capítulo negro de nuestra historia.

Porque para dar vuelta la página –metafóricamente hablando– lo mejor es terminar de leerla, de juzgarla y de aprenderla.