La sublevación policial destituyente de Bolivia (y la necesidad de un escarmiento)
Opacado por el golpe institucional que depuso al presidente Fernando Lugo en Paraguay (se me hace que el eje Brasil-Argentina va a responder no reconociendo a Franco y favoreciendo la entrada inmediata de Venezuela al Mercosur), se ha registrado en las úlimas horas, casi sin cobertura de la prensa, una sublevación policial destituyente contra el gobierno de Bolivia, muy parecido a la que abortó el presidente Correa en Ecuador. Rebelión que en las últimas horas, lejos de amainar, ha recrudecido, extendiéndose a todo el país. A través de Gloria Beretervide recibí este esclarecedor artículo de Luis Oporto Ordóñez, docente de la UMSA y «servidor público del Estado Plurinacional» de Bolivia. Los comentarios en azul son míos.
Destrucción de la memoria policial
La Paz y las principales ciudades de Bolivia amanecieron con un motín policial declarado, protagonizado por miembros de la Policía Nacional, llamados a sí mismos como «clase subalterna», comprendidos de suboficiales hacia abajo. Estos efectivos apoyan de esa manera las acciones de hecho que han ejecutado sus esposas las que a tiempo de exigir la nivelación salarial respecto de la misma clase en las FF.AA., se declararon en huelga de hambre y tomaron instalaciones policiales, entre ellas la de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales y otros cuarteles.
Sus exigencias se refieren esencialmente a la nivelación salarial, jubilación al 100% al último salario, la derogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario Policial de la Policía Boliviana (promulgado el 4 de abril de 2011) y la renuncia del actual comandante de la Policía Nacional. En los canales de televisión se oyeron las declaraciones de dirigentes ajenos a la policía nacional, entre ellos el ex Mayor David Vargas (que protagonizó el motín policial de febrero de 2003), que funge como ‘vocero’. La implicancia política es más que evidente.
Lo que nos interesa denunciar es que la jornada de hoy sumó un acto más de depredación planificada contra la memoria institucional. La clase subalterna de la Policía Nacional planeó una operación tipo comando, la que perfectamente instruida, tomó por asalto las dependencias de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna de la Policía Boliviana. Estos efectivos de la Policía tomaron como objetivo el Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional, para asaltar su Archivo institucional, sacar los expedientes a la calle desde las dependencias ubicadas en planta baja y planta alta, les prendieron fuego, esperando que las llamas consuman su contenido.
En las mismas instalaciones policiales se encuentra el Archivo y Museo Histórico de la Policía Boliviana, la que felizmente no sufrió daño alguno.
¿Qué clase de documentos fueron destruidos? Hemos tomado, de los restos calcinados, dos expedientes para analizar su contenido:
• Expediente relativo a investigaciones impulsadas por la Dirección Departamental de Investigación Interna de La Paz, relativos al Art. 57, inc. A de la Ley 101, contra un sargento 2° y un Suboficial 2° Administrativo.
• Auto de inicio de procesamiento, con requerimiento fiscal, sobre transgresión al Art. 12° numeral 14 y numeral 8 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, contra Teniente Coronel DEAP (Director de un penal) y un Suboficial 1° (responsable de manejar correspondencia, elaborar oficios de atención, registro y archivo de la documentación de esa Dirección).
¿Qué fechas cubren los documentos incendiados?
• En los dos casos vemos que se trata de procesos en curso. El primero corresponde a 29 de marzo de 2012 y el segundo a 23 de noviembre de 2011.
• Hemos constatado que existen también expedientes de casos ya cerrados correspondientes a la década de los 80 y 90’s y de la primera década del siglo XXI.
En base a los dos ejemplos podemos evidenciar que el objetivo específico de esa operación comando de suboficiales y clases de la Policía Nacional, era destruir los procesos incoados en virtud de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, en el que la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Departamental que investiga denuncias sobre transgresiones a la citada Ley disciplinaria, y de otros procesos anteriores a dicha Ley.
Un carro bombero llegó para apagar el fuego, de esa inusual pira que levantaba densa humareda blanca, típica de material que demora en consumirse.
La ciudadanía que transitaba por esas inmediaciones, observó entre los restos calcinados de documentos, computadoras consumidas por el fuego. «Se han pasado…», decían unos; otros miraban incrédulos los restos de la hoguera: «no puede ser que la propia policía haga esto…».
Poco a poco fueron llegando varios docentes de la UMSA y directores de archivo de instituciones estatales, que procedieron a recoger (cada cual lo que pudo) restos de expedientes y correspondencia consumida por el fuego. Algunos todavía con chispas encendidas y humeantes.
Los funcionarios del Archivo Policial salieron a buscar entre los escombros expedientes para tratar de rescatarlos. Al poco tiempo se retiraron afirmando que «es imposible reconstruir los procesos, no hay caso».
Dos profesores universitarios convocaron a sus alumnos para salvar los documentos. De súbito, aparecieron los efectivos policiales esta vez en marcha de protesta, los que al pasar por las inmediaciones de la repartición asaltada, repitieron la actitud vandálica y depredadora de la memoria policial, volviendo a prender fuego a los expedientes chamuscados, con lo que concluyeron su misión.
Nuevamente un carro bombero llegó oportunamente para apagar el fuego. Los expedientes fueron reducidos a cenizas. Los profesores desistieron de continuar su labor de salvataje.
Sus exigencias se refieren esencialmente a la nivelación salarial, jubilación al 100% al último salario, la derogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario Policial de la Policía Boliviana (promulgado el 4 de abril de 2011) y la renuncia del actual comandante de la Policía Nacional. En los canales de televisión se oyeron las declaraciones de dirigentes ajenos a la policía nacional, entre ellos el ex Mayor David Vargas (que protagonizó el motín policial de febrero de 2003), que funge como ‘vocero’. La implicancia política es más que evidente.
Lo que nos interesa denunciar es que la jornada de hoy sumó un acto más de depredación planificada contra la memoria institucional. La clase subalterna de la Policía Nacional planeó una operación tipo comando, la que perfectamente instruida, tomó por asalto las dependencias de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna de la Policía Boliviana. Estos efectivos de la Policía tomaron como objetivo el Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional, para asaltar su Archivo institucional, sacar los expedientes a la calle desde las dependencias ubicadas en planta baja y planta alta, les prendieron fuego, esperando que las llamas consuman su contenido.
En las mismas instalaciones policiales se encuentra el Archivo y Museo Histórico de la Policía Boliviana, la que felizmente no sufrió daño alguno.
¿Qué clase de documentos fueron destruidos? Hemos tomado, de los restos calcinados, dos expedientes para analizar su contenido:
• Expediente relativo a investigaciones impulsadas por la Dirección Departamental de Investigación Interna de La Paz, relativos al Art. 57, inc. A de la Ley 101, contra un sargento 2° y un Suboficial 2° Administrativo.
• Auto de inicio de procesamiento, con requerimiento fiscal, sobre transgresión al Art. 12° numeral 14 y numeral 8 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, contra Teniente Coronel DEAP (Director de un penal) y un Suboficial 1° (responsable de manejar correspondencia, elaborar oficios de atención, registro y archivo de la documentación de esa Dirección).
¿Qué fechas cubren los documentos incendiados?
• En los dos casos vemos que se trata de procesos en curso. El primero corresponde a 29 de marzo de 2012 y el segundo a 23 de noviembre de 2011.
• Hemos constatado que existen también expedientes de casos ya cerrados correspondientes a la década de los 80 y 90’s y de la primera década del siglo XXI.
En base a los dos ejemplos podemos evidenciar que el objetivo específico de esa operación comando de suboficiales y clases de la Policía Nacional, era destruir los procesos incoados en virtud de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, en el que la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Departamental que investiga denuncias sobre transgresiones a la citada Ley disciplinaria, y de otros procesos anteriores a dicha Ley.
Un carro bombero llegó para apagar el fuego, de esa inusual pira que levantaba densa humareda blanca, típica de material que demora en consumirse.
La ciudadanía que transitaba por esas inmediaciones, observó entre los restos calcinados de documentos, computadoras consumidas por el fuego. «Se han pasado…», decían unos; otros miraban incrédulos los restos de la hoguera: «no puede ser que la propia policía haga esto…».
Poco a poco fueron llegando varios docentes de la UMSA y directores de archivo de instituciones estatales, que procedieron a recoger (cada cual lo que pudo) restos de expedientes y correspondencia consumida por el fuego. Algunos todavía con chispas encendidas y humeantes.
Los funcionarios del Archivo Policial salieron a buscar entre los escombros expedientes para tratar de rescatarlos. Al poco tiempo se retiraron afirmando que «es imposible reconstruir los procesos, no hay caso».
Dos profesores universitarios convocaron a sus alumnos para salvar los documentos. De súbito, aparecieron los efectivos policiales esta vez en marcha de protesta, los que al pasar por las inmediaciones de la repartición asaltada, repitieron la actitud vandálica y depredadora de la memoria policial, volviendo a prender fuego a los expedientes chamuscados, con lo que concluyeron su misión.
Nuevamente un carro bombero llegó oportunamente para apagar el fuego. Los expedientes fueron reducidos a cenizas. Los profesores desistieron de continuar su labor de salvataje.
Conclusiones:
• Como otras veces en la historia archivística, en esta acción planificada y premeditada se fijó como objetivo la destrucción de expedientes de procesos disciplinarios, como un claro mensaje de la clase policial subalterna amotinada desde la madrugada del 22 de junio.
• Nuevamente la memoria institucional, esta vez de la Policía Nacional, fue destruida por fuego.
• La Ley 101, que puede ser calificada draconiana, permite investigar denuncias de transgresiones y delitos policiales, en un intento de limpiar al cuerpo policial de la lacra de la corrupción.
• Siendo la Policía una entidad muy vulnerable a la presión de grupos de poder, buscan derogar o abrogar esta norma.
Sanciones penales:
Los efectivos policiales que han actuado de manera premeditada y planificada para atentar contra su propia memoria institucional, han incurrido en los cargos penales de destrucción y supresión de documentos públicos (Art. 202 del Código Penal), con las agravantes del Art. 223 (destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional), y el Art. 358 (Daño calificado: cuando se realizare mediante incendio, destrucción o deterioro de documentos de valor estimable).
La comunidad de archivistas e historiadores de Bolivia tiene el deber de pronunciarse.
