23-04-2013

El show de Lanata

¿Qué hay de cierto en las denuncias autoincriminatorias manifestadas por Leandro Fariña y Federico Elaskar en el programa Periodismo para Todos emitido el 14 de abril de 2013? Las medidas de prueba solicitadas por la PROCELAC junto al fiscal Ramiro González, ante el juez Sebastián Casanello, apuntan justamente a responder a esa pregunta.

 

Esta sería la primera vez en la historia en que dos criminales deciden poner fin a los lujos y comodidades que les facilitaba un negocio prácticamente anónimo para autoimputarse voluntariamente frente a un millar de televidentes.

Sin duda, la situación expuesta a partir de la emisión del pasado 14 de abril del programa Periodismo para Todos resulta de lo más sospechosa. Porque de ser ciertas las maniobras financieras ilícitas que Elaskar y Fariña dijeron realizar con dinero de la familia Baez, estos jóvenes podrían ser condenados de tres a diez años en prisión y por una multa de dos a diez veces el valor de las operación (artículo 303 del Código Penal Nacional).

El requerimiento de instrucción realizado por el jefe de PROCELAC (Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, creada en diciembre pasado por la procuradora Gils Carbó. N. del E.), Carlos Gonella, y el fiscal Ramiro González no se sustentó meramente en el relato de un programa televisivo o en la opereta de denuncias que montaron rápidamente algunos legisladores con el afán de participar del alto rating que proporcionó el tema. De allí posiblemente la necesidad del periodista de inventar que los fiscales intervinientes recibieron presiones al momento de definir su intervención en el caso. Ayer tanto el fiscal González como el fiscal Gonella enviaron un oficio a la Procuración desmintiendo los dichos de Lanata. Las medidas solicitadas por los fiscales son apenas el comienzo de la causa.

Apenas informado de los serios delitos en los que se presumía involucraban a Leandro Fariña, Federico Elaskar y Lázaro Baez, el equipo de PROCELAC rastreó las diversas causas judiciales sustanciadas contra los acusados, a fin de brindar su colaboración a los magistrados intervinientes. Finalmente, las causas fueron unificadas en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 7, a cargo de Sebastián Casanello.

Paralelamente, PROCELAC pidió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) le remita toda información relativa a los tres sujetos antes mencionados.  En ese sentido, resultaron claves las investigaciones en curso remitidas por la UIF en base a diversos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre operaciones realizadas o tentadas por Fariña y por Elaskar.

A partir del análisis de la información recibida, el 18 de abril de 2013, los fiscales Gonella y González requirieron la imputación de los arriba mencionados, «sin perjuicio que el avance de la investigación y de lo que surja de las medidas (…), permitan vincular al proceso a otros sujetos que hubieran intervenido en los hechos», dice el requerimiento. Gonella fue el primer impulsor de ello.

En ese sentido, la lectura de las medidas de pruebas solicitadas revela que la imputación realizada a Fariña y Elaskar en la causa busca identificar todas las relaciones comerciales por ellos realizadas, así como sus beneficiarios. Allí los fiscales le pidieron a Casanello, entre otras cosas, las siguientes medidas iniciales:

– Se requiera a la producción del Programa Televisivo Periodismo Para Todos, la urgente remisión y en el plazo de 24 horas, de todos los antecedentes, documentación y filmaciones vinculadas al programa emitido el 14 de abril de 2013; y a la producción de los programas «Intrusos» e «Intratables», las grabaciones correspondientes a las intervenciones de Fariña y Elaskar en los días 16 y 17 de abril de 2013, respectivamente.

– Se ordene en forma urgente el allanamiento de las oficinas de la firma «SGI Argentina SA», a fin de secuestrar toda documentación relacionada con el hecho denunciado y con los ROS remitidos por la UIF a PROCELAC, así como también de los domicilios de Federico Elaskar y Leonardo Fariña.

– Dados los elementos de prueba reunidos hasta el momento, se solicita el llamado a declaración indagatoria de Federico Elaskar y Leonardo Fariña según el artículo 294 del Código Procesal Penal Nacional.

– Se proceda a la inhibición general de bienes de los imputados, sin perjuicio de eventuales posteriores medidas cautelares que se puedan solicitar sobre el transcurso de la pesquisa.

– Se solicite al Banco Central de la República Argentina que informe: si desde el 1 de enero de 2007 hasta el día de la fecha los nombrados han operado en cualquier tipo de producto ofrecido por esa entidad, ya sean cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, giros al o desde el exterior, préstamos obtenidos, fondos fiduciarios, tarjetas de crédito, etc., ya sea como titulares, co-titulares, apoderados, autorizados, firmantes, etc.; y remita copia de todos los antecedentes correspondientes a cada operatoria en cuestión con identificación precisa y clara de los ordenantes, destinatarios, remitentes y entidades intervinientes en los giros al o del exterior en los que hayan participado –monto, tipo de moneda, lugar de pago/cobro, etc. 

– Se dé intervención a la Unidad de Información Financiera a efectos de que brinden la colaboración necesaria para la identificación de la documentación a incorporar al sumario y el análisis y sistematización de la información contable y financiera.

Como bien mencionó Jorge Lanata en su segundo programa del año, Carlos Gonella obtuvo, en su carrera como fiscal, una condena por lavado de activos. Este dato que el periodista dio con ánimos descalificativos ostenta (entiendo que quiere decir omite. N. del E.) un detalle esencial: Carlos Gonella es el único fiscal en el país que luce una condena por lavado de activos en su prontuario (entiendo que quiere decir legajo. N. del E.) . Ningún otro fiscal en los ya trece años de la sanción de la ley antilavado puede decir lo mismo. El ex fiscal de la Unidad Fiscal contra el Lavado de Activos, (Raúl)  Omar Plee, no puede.

Claro que esto Lanata lo sabe, y aquí posiblemente se revele su conflicto de intereses: la investigación de los dichos de Fariña y Elaskar respecto a las maniobras de fuga de capitales de la familia Baez a través de sociedades offshore, debería instar también a la investigación de estas maniobras por parte de otras empresas y empresarios de la Argentina. Si eso sucediera, la primer perjudicada sería Grupo Clarín –controlada por 3 fideicomisos radicados en el paraíso fiscal de Delaware-, así como la gran mayoría de las grandes empresas que hoy funcionan en el país, entre ellas también Grupo Techint –controlada por una sociedad constituida en el paraíso fiscal de Luxemburgo-.

De modo que la intervención de Gonella en este tipo de casos podría significar un costo muy alto. Más le valdría a Lanata que el caso quede en manos de alguien menos voluntarioso o más manejable, de modo de poder seguir con el show sin perder su trabajo.