SOPA, PIPA y el apagón de Internet

Por Diego Sánchez / Miradas al Sur

SOPA (siglas de Stop Online Piracy Act, Ley de cese de la piratería online) es un proyecto que ingresó a fines de octubre último a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, impulsada por las industrias audiovisuales y los grandes laboratorios. No llegó sola: por la puerta del Senado ingresó también PIPA (Protect IP Act, Ley de protección de la propiedad intelectual). Luego de varias protestas internacionales y la amenaza de veto por parte del presidente y candidato demócrata Barack Obama, el pasado 14 de enero la Cámara anunció que SOPA quedaba cajoneada hasta tanto se alcanzara un consenso. PIPA, por su parte, seguía a la espera de los votos necesarios para su aprobación. Dos días más tarde, el vocero político de SOPA, el representante republicano por Texas, Lamar Smith, sacaba el desfibrilador y aseguraba que su proyecto sería revivido a comienzos de febrero. «Para promulgar una legislación que proteja a los consumidores, las empresas y los puestos de trabajo de los ladrones extranjeros que roban la propiedad intelectual de los Estados Unidos». Horas más tarde, la versión en inglés de Wikipedia amanecía a oscuras y hasta Google se sumaba a la protesta colocando una banda negra sobre su logo corporativo.

A partir de allí, SOPA y PIPA pasaron a estar en boca de todos. Al inédito y contundente apagón, se sumaron más de 5000 sitios web de todo el mundo. Ciertos servicios como Facebook o Twitter fueron más tímidos pero igual acompañaron la medida de fuerza. La pregunta, para algunos, se volvió inevitable. ¿Qué es SOPA? ¿Qué tiene esta ley que logró movilizar tanto a los «usuarios de a pie» como a grandes empresas que encontraron en Internet un modelo de negocios altamente redituable? Allí tal vez puede hallarse una primera aproximación. Bajo el paraguas de los derechos de autor, SOPA y PIPA parecen el último y más dramático capítulo de la guerra por domar la «economía de la información»: una guerra entre los que viven de y sobre Internet, y los que la consideran una «amenaza». Sin embargo, abordar este conflicto como una simple batalla capitalista por ver cuál es la corporación que factura más (gane quien gane pierde el pueblo) es, como mínimo, un error maximalista. Debajo de la punta del iceberg del copyright y el modelo de negocios, se encuentra la silueta irregular de nuestro mundo: hoy Internet moldea la forma en que nos relacionamos, aprendemos, comercializamos y hasta respiramos, por lo que discutir el futuro de Internet es también una forma de discutir nuestro propia y definitiva entrada al futuro. Economía, libertad de expresión, altar del sentido y puerta de acceso: todo eso es Internet. ¿Todo eso discutimos?

La igualdad

Antes de que SOPA llegara a la Cámara de Representantes, existió un antecedente: el cierre del sitio de descargas The Pirate Bay en una veintena de países de Europa y Asia. La experiencia moldeó el corpus normativo de esta nueva ley «antipiratería»: en vez de seguir dejando la suerte de los sitios ilegales en manos de demandas particulares, SOPA se propone optimizar el trámite y delegar en el Departamento de Justicia y los propietarios de derechos intelectuales, la posibilidad de obligar a los proveedores de Internet, los motores de búsqueda y/o las empresas de publicidad a bloquear sus servicios sobre cualquier página sospechada de piratería. No importa si es un disco entero o un enlace a YouTube con el video de una adolescente interpretando una versión casera de una canción protegida: SOPA habilita y obliga al bloqueo inmediato del sitio. Es más: SOPA también supone un complejo y extenso esquema de monitoreo para controlar todo aquello que circula por la web, buscando enlaces y contenidos que «infrinjan» sus leyes.

En ese sentido, SOPA, pese a ser una ley «norteamericana», posee un alcance mucho más extenso que el sus propias fronteras. Por un lado se atribuye jurisdicción sobre todos los dominios .com, .net y .org, y por el otro, aprovecha la posición dominante de los Estados Unidos en el cableado mundial: gran parte de las redes latinoamericanas se interconectan vía ese país o Colombia (que, por cierto, estudia una ley similar) y todo sin contar que páginas populares por estas latitudes como Google, Facebook o WordPress caen directamente bajo su mandato. ¿Cómo afecta esto a Internet? Andrés Piazza, abogado y Responsable de Relaciones Exteriores de LACNIC, el organismo encargado del registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, va más allá del campo del copyright y lo ubica en el corazón mismo de la red: «La neutralidad y la libertad están siendo amenazadas», señala.

Piazza pone el ojo sobre un principio fundamental de Internet, la ley no escrita que sirvió como columna vertebral para su crecimiento y desarrollo: la neutralidad de la red. Que Internet sea «neutra» implica que nadie puede privilegiar ni bloquear una conexión entre dos puntos cualquiera de la red: todos los datos que por allí circulan lo hacen en condiciones de igualdad, independientemente de su origen, destino y contenido. Esto permite que, más allá de las condiciones particulares de cada uno, dentro de Internet no existan usuarios con mayor libertad que otros para navegar, acceder o intercambiar información en línea. «Ninguna tecnología, ni nada se introdujo tan rápido en la historia de la humanidad como lo hizo Internet: 2 mil millones de usuarios en 20 años sólo pueden explicarse por la libertad de las redes», confía Piazza y agrega: «El bloqueo de contenidos, el filtrado, pueden ser remedios más perjudiciales que las supuestas ‘enfermedades'».

Derechos

Pensada como una manera de evitar que los proveedores lleven a cabo bloqueos y ofrezcan tarifas diferenciadas para el acceso a determinados contenidos, el principio de neutralidad, fundamento básico que permite que Internet sea una red de acceso abierto y no un paquete de servicios premium al estilo de la televisión actual, no sólo se ve afectado por leyes puntuales como SOPA o PIPA. Si bien existe un consenso a la hora de respetarla en las conexiones de banda ancha, en las redes 3G de telefonía móvil, en cambio, por su propia arquitectura y su esquema de servicios, la neutralidad suele ser parte de un debate sin resolución que queda, las más de las veces, supeditada a la «buena voluntad» y el laissez faire de los operadores. En esta era Post-PC, como le gustaba decir al ya olvidado Steve Jobs, es decir, en este tiempo dominado por los smartphones y las tablets, el principio de neutralidad, cobra así una dimensión fundamental: sólo dos países en el mundo -Chile, el primero, y Holanda, el segundo- aprobaron leyes que la garantizan. El resto depende de los acuerdos tácitos y las protestas masivas para protegerla. ¿Hace falta, entonces, comenzar a pensar en una «regulación positiva» que garantice el acceso irrestricto a Internet?

Eleonora Rabinovich, directora del área de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles, opina: «Para garantizar que Internet permita la circulación de una multiplicidad de voces es necesario, entre otras cosas, que se tomen medidas legislativas que eviten las restricciones indebidas sobre el flujo libre de información». Rabinovich pone como ejemplo la protección del principio de neutralidad de la red pero también las «regulaciones adecuadas de la responsabilidad de los intermediarios». «En Argentina, en muchos aspectos de Internet (como por ejemplo el de la responsabilidad de los intermediarios por los contenidos que suben terceros) existe un vacío normativo y una falta de comprensión de algunos actores políticos y operadores jurídicos sobre el modo en que Internet funciona, y sobre la necesidad de evaluar estas cuestiones a la luz de derechos humanos como el de libertad de expresión», asegura. «Es necesario que en nuestro país se discuta el marco normativo necesario para fomentar la innovación y garantizar la vigencia de los derechos humanos en Internet». Piazza, por su parte, aporta: «La regulación positiva es un escenario ideal, pero debe ser llevada adelante de un modo prudente. Y siempre teniendo en cuenta la trasnacionalidad de la red. De todos modos, y aún como hombre de Derecho, debo admitir que a veces los Estados hacen más por Internet con medidas ejecutivas, como el Plan Ceibal de Uruguay, el Plan Conectar Igualdad de Argentina o las acciones de promoción de IPv6 de Colombia o Cuba, que por medio de regulación», completa.

El nuevo hogar de la mente

Sin embargo, tanto Rabinovich como Piazza coinciden en que el trabajo y el debate conjunto entre Estado, sociedad civil y empresas privadas puede fortalecer a una Internet que lucha por mantenerse en pie y entera. «Nuestro país podría perfectamente seguir el ejemplo de Brasil», acota Rabinovich. Allí, el gobierno impulsó un proceso participativo de debate y foros ciudadanos -muy similares a los que precedieron acá a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual-, y que concluyó en la elaboración de un «Marco Civil de Internet», una reglamentación que será tratada este año en el Congreso y que da cuenta de distintas cuestiones vinculadas a Internet (neutralidad, naturaleza participativa) desde una perspectiva de derechos para los usuarios. «Por supuesto, en materia de legislación de Internet no alcanzan las iniciativas locales, por más buenas que sean. Por su propia naturaleza y arquitectura, Internet requiere un esfuerzo de armonización global», reconoce Rabinovich.

Piazza, por su parte, destaca también la experiencia del Marco Civil y señala como un camino a seguir los «10 principios rectores para una Internet Libre» que publicó hace pocos días la Cámara Argentina de Internet (Cabase) en ocasión del debate por los proyectos SOPA y PIPA. «La gobernanza y la regulación de diversos aspectos de Internet deben ejercerse de manera transparente, multilateral y democrática, con participación de los diversos sectores de la sociedad, preservando y fomentando su carácter de creación colectiva», dice en uno de sus puntos. Piazza agrega: «Sería deseable además que este tipo de iniciativas se desarrollaran regionalmente. Desde LACNIC estamos trabajando en la promoción de un proceso amplio y participativo, con representación de todos los stakeholders de la región (Gobiernos, Sociedad Civil, Industria, Academia, Comunidad Técnica, Usuarios). En 2012 habrán novedades al respecto».

En 1996, John Perry Barlow escribió la «Declaración de Independencia del Ciberespacio». En ella dejó asentadas las bases filosóficas y políticas de lo que por entonces empezaba a ser conocido como Internet: un territorio autónomo, un «nuevo hogar de la Mente» como la definió el propio autor. «Los gobiernos -escribió Barlow- derivan sus justos poderes del consentimiento de los que son gobernados. No solicitaron ni recibieron el nuestro. No los hemos invitado. No nos conocen, ni conocen nuestro mundo. El Ciberespacio no se halla dentro de sus fronteras». Estas palabras todavía resumen el espíritu que reina fronteras adentro de la web: Internet no es gobernable, es independiente y, si es algo, es sólo un flujo indefinido de ciudadanos del mundo. Pero también, como muchas otras a lo largo de la historia, es una tecnología que aún chapotea en ciertos grises legales y demanda una definición que le permita avanzar. Cómo se defiende y se asegura esa autonomía puede ser una pregunta demasiado filosófica, casihobbessiana, pero no por eso menos fundamental. Gran parte del futuro -y del presente- se juega en ella.